La Comisión de la Verdad y la pandemia

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es la entidad del Sistema Integral creado por los acuerdos de La Habana, encargada de elaborar un informe final que contribuya con el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto, con el reconocimiento de responsabilidades y con la convivencia. Este informe, con sus conclusiones y recomendaciones, debe construirse en clave de no repetición y con un propósito de transformación colectiva, para lo cual la participación de las víctimas, que son su centro, es un elemento fundamental.

La Comisión fue instalada el 29 de noviembre de 2018, lo que significa que le queda menos de un año y medio para terminar su trabajo. Además de estar corriendo contra el tiempo, desde sus inicios se ha enfrentado a múltiples obstáculos que han hecho difícil avanzar en su propósito y mandato, empezando por el hecho de que el conflicto continúa aún vivo. A la falta de apoyo político que desde el principio ha mostrado el actual gobierno frente a la labor de la Comisión, le siguió la consecuente reducción de su presupuesto de funcionamiento en un 40%. Como si fuera poco, la muerte de Alfredo Molano, uno de sus comisionados con mayor trayectoria y conocimiento del conflicto colombiano, dejó incompleto el grupo de comisionados y comisionadas y requirió tiempo y esfuerzos para conseguir quién ocupara el lugar de alguien que jamás podrá ser reemplazado. De otra parte, aunque el padre De Roux ha llevado fuera de la Comisión una voz poderosa, sabia, ponderada y consciente de la relevancia de su trabajo, hacia adentro se perciben dificultades de organización.

Para completar este preocupante escenario, en marzo nos llegó el Covid-19; llegó a pararlo y replantearlo todo; a suspender de un tajo toda posibilidad de encuentros sociales numerosos, haciendo un llamado constante a “quedarse en casa”, trabajar desde allí y evitar el contacto externo tanto como sea posible. Estas medidas afectan directamente los trabajos de la Comisión encaminados a recoger información en los territorios, mediante actividades de diálogo y escucha colectiva, así como a través de los llamados espacios de contribución a la verdad, que estaban previstos desde los diversos ejes temáticos y poblacionales.

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No existe en Colombia ninguna certeza sobre lo que la actual crisis nos deparará, ni por cuánto tiempo seguirán aplicándose las medidas dirigidas a prevenir el contagio por el coronavirus. La amenaza a la salud pública en un país pobre, desigual y desorganizado resulta demasiado grande y hace necesario replantear o posponer indefinidamente muchos proyectos, actividades y metodologías de trabajo en la mayoría de sectores. El desafío de la reinvención que ha traído consigo la pandemia llega también a las entidades del Sistema Integral, comprometiendo, particularmente, el trabajo de la Comisión de la Verdad.

Esta nueva coyuntura compromete sin duda las posibilidades de que la Comisión pueda cumplir con su mandato cabalmente; no hay tiempo ni forma de continuar los ejercicios colectivos que venía haciendo, ni de diseñar y poner en funcionamiento nuevos formatos virtuales para lograrlo en ese tiempo. Se plantean entonces al menos dos escenarios en el marco de las circunstancias actuales: de un lado, considerar la opción de que la Comisión adapte su mandato original y plantee un tipo de informe distinto. Como lo ha señalado recientemente Gonzalo Sánchez, ex Director del Centro de Memoria Histórica, se podría tratar de un informe menos enfocado en el esclarecimiento y reconocimiento y más centrado en la transformación social del país, con una visión de futuro, que sirva como manifiesto por la paz. Sin embargo, incluso con esa orientación, el tiempo tan corto que queda, parecería ser insuficiente para lograrlo.

La otra alternativa en esta coyuntura sería la de generar una reflexión profunda sobre la posibilidad de buscar una extensión del período del mandato de la Comisión. Las múltiples medidas de flexibilidad y adaptación que se han tomado frente a la emergencia sanitaria actual, podrían incluir un ajuste de este tipo. Abrir un debate al respecto, podría significar devolverle al país —afligido por su historia de violencia y ahora debilitado por la pandemia— la esperanza de poder contar con un relato comprensivo, diverso y transformador, con el potencial de movernos colectivamente hacia delante. Un documento que recoja los esfuerzos hasta ahora hechos por la Comisión, que nos hable de lo que nos pasó, de lo que somos y de lo que soñamos que podemos ser, con la esperanza de contribuir a que nunca más se repitan los horrores y dolores de la guerra en Colombia.