La fallida política criminal reactiva

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Las incalculables veces en las que el Código penal colombiano (Ley 599 de 2000), el de procedimiento penal y el penitenciario, han sido reformados no es sino un indicador de inestabilidad jurídica, por un lado, y factor de contradicciones normativas, por el otro. El más reciente cambio en la materia se asoma con el texto aprobado en el Congreso de la República que modificaría el artículo 34 de la Constitución, al permitir la cadena perpetua para casos de homicidio en modalidad dolosa y acceso carnal que implique violencia contra menores de edad.

Si bien esta votación ha sido ampliamente celebrada por la opinión pública, y catalogada como un triunfo por quienes la impulsaron, se sigue haciendo caso omiso a las nefastas consecuencias que se generan en términos tanto sociales como jurídicos, así como el erróneo razonamiento detrás de proyectos en línea con una política criminal reactiva, puramente retributiva y carente de fundamento empírico, tal y como lo describe la Corte Constitucional en Sentencia T–762/15.

Desafortunadamente, el Congreso no ha sido nada imaginativo a la hora de adoptar medidas que garanticen la seguridad en contra de las diversas conductas reprochables en detrimento de una variada gama de derechos. Por el contrario, estas medidas se han limitado a ser de naturaleza penal a través de la ampliación de términos de investigación, la restricción de subrogados y otros beneficios de tipo penal, la creación de nuevos tipos penales y el aumento de las penas. Por su parte, tanto en el 2004 como en el 2008, las penas para delitos sexuales contra menores aumentaron, llegado a tener casi 60 años de pena intramuros. Mientras ello ocurrió, las tasas del crimen fueron en aumento de manera paralela a la agudización de históricas problemáticas como el hacinamiento.

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Este proyecto aprobado no solamente va en contra de estándares jurídicos internacionales y constitucionales, sino que implica la reforma de una innumerable cantidad de normas. Ejemplo de ello es que mientras que la cadena perpetua se permitiría en los casos mencionados, otros crímenes graves como el genocidio resultarían con penas inferiores. En otras palabras, la proporcionalidad de las penas se suma al debate.

Además de lo anterior, estas medidas tienen otro fundamento del que muy poco se habla, siendo este la errónea definición del agresor y su consecuente estigmatización. El designar tanto a sindicados y condenados como criminales, envuelve la consolidación de un orden social de exclusión y, según Whitman, el envío de un mensaje de contaminación y riesgo. En ese sentido, este tiende a ser considerado como un sujeto no susceptible de corregir su actuación, incapaz de modificar o controlar sus impulsos y, por lo tanto, blanco de castigo. Esto, sumado a la carencia de fundamentos empíricos que orienten la política criminal, imponen obstáculos concretos para que se adopten lineamientos congruentes con la resocialización efectiva de esta población.

Por lo mismo, el éxito de una política criminal radica en el diagnóstico de necesidades contextuales sobre de la dinámica real de la delincuencia y su relación con la respuesta institucional, así como una percepción de esta como un problema de carácter social acorde a los fines de la pena. Respecto al proyecto en mención, le queda en manos de la Corte Constitucional su evaluación.

Antes de pensar en medidas populistas, facilistas y fallidas, como el aumento de penas, la impunidad se combate mediante la promoción de procedimientos penales céleres y, con esto, investigaciones criminales que no deriven en su archivo años después de su apertura. En consecuencia, es fundamental que la política criminal colombiana desista de ser guiada por la favorabilidad de la opinión pública. Los réditos políticos, y por lo tanto los intereses de unos cuantos, ha llevado a una demagogia punitiva orientada por coyunturas que, sin duda, obligan a cuestionar la eficacia de las medidas frente a la prevención de la criminalidad.

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