La intimidad bajo las “chuzadas”

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Las interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y a cuanta persona que se considere enemiga u opositora, se constituye en una práctica en Colombia de la que no se escapan ni los magistrados. Es como si la sal se hubiese corrompido, ocurrió con el DAS y hoy en la inteligencia del Ejército; la comisión de graves delitos por miembros de la Fuerza Pública no es nueva, las estremecedoras ejecuciones extrajudiciales, las contrataciones no ajustadas a la ley, los vínculos con paramilitares, narcotraficantes y otros delincuentes, son prueba de ello. En una organización militar donde la doctrina y la solidaridad de cuerpo hace parte de su identidad, resulta inverosímil que se trate de unas pocas “manzanas podridas” que actúan sin control; la exigencia, el favorecimiento, la complicidad con los mandos de la propia fuerza, así como su vínculo de subordinación con la dirigencia gubernamental, parece inescindible.

Desde luego, no son todos los miembros de las instituciones castrenses; pero, escándalo tras escándalo, sigue el anuncio de medidas contundentes contra la corrupción por parte del Gobierno, algunas desvinculaciones, se dispone llegar hasta las últimas consecuencias, pero no se sabe quién dio esas órdenes. ¿Para qué y para quién estaba dirigida la información? Las investigaciones avanzan al ritmo de nuestra justicia, es decir: ahí vamos.

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Para algunos integrantes de la Fuerza Pública nada se hace por iniciativa propia, ni siquiera el cumplimiento del deber: se viste igual, se habla igual, se dan explicaciones con el mismo libreto, lo que media son las órdenes y en muchas ocasiones la obediencia es ciega, posiblemente condicionada por la “lealtad”, la dependencia o el miedo. Como cuando se piden bajas dentro o fuera de combate o se dispone mejorar las estadísticas como sea, todo el mundo sabe lo que pasa internamente, nadie lo cuestiona y los jefes no aceptan su responsabilidad, pero finalmente esas son las órdenes. Las cosas nunca han estado bien, pero cuando se agudizan las divisiones dentro de la Fuerza Pública, por posiciones, por ejemplo, frente al Acuerdo de Paz o el manejo de los dineros o recursos, salen a flote las violaciones a los derechos humanos, “se saben las verdades” producidas por las rivalidades, y todo esto se hace visible por denuncias externas como las de los medios de comunicación, no por los procesos de depuración, autoevaluación o control interno.

Aparte de todo este entramado judicial, disciplinario y funcional, las interceptaciones ilegales o las chuzadas, como se conoce comúnmente, son conductas criminales muy lesivas para las personas, inclusive la interceptaciones ordenadas por los jueces cuando no se manejan adecuadamente. Es un buen momento para volver sobre el derecho a la intimidad de quienes son víctimas de estas conductas criminales. Las personas están desprotegidas ante interferencias, investigaciones o divulgaciones ilegítimas de su vida privada; como lo dice el sentir común, vale la pena ponerse por un momento en los zapatos del otro: ¿qué sentiría cada uno de nosotros si descubre que lo están escuchando, vigilando o siguiendo en todo lo que dice y hace, tanto profesionalmente como en su vida familiar? Sin duda, es algo nada deseable y peligroso.

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El derecho a la intimidad tiene un doble carácter, como arbitrio faculta a la persona para adoptar en su esfera más profunda y reservada las orientaciones y conductas sobre su modo de vida, y como inviolabilidad, que los asuntos de su vida privada no serán expuestos al conocimiento de extraños. El derecho a la intimidad es una dimensión de la esfera de la libertad individual igualmente protegida por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Dado que la vulneración a la intimidad y a la libertad en Colombia tras la realización de las “chuzadas” se viene prolongando en el tiempo y como los mensajes del Gobierno y algunos legisladores es que hay “enemigos de la democracia” gente que no deja gobernar, aliados de los terroristas, estás practicas se consideran comunes, ya no sorprenden y para ciertos sectores “están justificadas”, resulta imperiosa la acción ciudadana en defensa de estos derechos humanos, reclamar la salvaguarda judicial y exigir acciones y respuestas rápidas y concretas.

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