Por: Columnista invitado

¿La minga de los latifundistas intocables?

Por Paatrick Morales Thomas*.

Mauricio Botero afirma en su última columna del El Espectador (Ni desposeídos, ni expertos en pirotecnia) que los indígenas son los verdaderos terratenientes colombianos. Según el autor, un colectivo que no representa más del 3.4% de la población colombiana es poseedor de alrededor 34 millones de hectáreas, es decir del 30% del territorio colombiano. El columnista cita estos datos para desmontar el supuesto mito urbano prevalente en las ciudades que los indígenas no tienen ni un palmo de tierra para cultivar sus alimentos.

Ese argumento latifundista ha hecho carrera en los últimos diez años, y tal vez lo más grave de todo no es que Botero omita señalar que según el DANE, en un estudio adelantado en el año 2014, de esas 34 millones de hectáreas alrededor del 93% corresponde a áreas de bosque natural, ecosistemas de protección especial y amplios territorios que no tienen vocación agropecuaria. De hecho, del total de hectáreas señaladas, casi un 80% corresponden a territorios situados en la Amazonía y en la Orinoquía donde habitan apenas unos 70 mil indígenas (el 5% del total) cuyos resguardos se traslapan, como en otras zonas del país, con parques naturales y zonas de reserva.

Probablemente, tampoco sea tan grave afirmar como lo hace el autor, que estos nuevos terratenientes no contribuyen a un “modelo de desarrollo económico sostenible” pues en realidad esta aseveración solo refuerza el anacrónico prejuicio racista de que los indígenas están en contra del desarrollo cuando en realidad en las últimas décadas y en medio de una guerra que los ha afectado de manera desproporcionada, como lo ha señalado la Corte Constitucional, no han hecho nada diferente a construir sus propios modelos de desarrollo o planes de vida que constituyen ejemplos de relacionamiento sostenible con el territorio inscritos en sus particulares cosmovisiones para, entre otras cosas, asegurar que los habitantes de ciudades capitales de la Costa Atlántica y del Valle del Cauca puedan contar con el suministro de agua.

Lo más grave de todo, y esto sí es nuevo en esta vieja polémica, es afirmar, como lo hace el autor al parafrasear a Francisco Lloreda, que “como los indígenas son intocables, ciudadanos de mayor jerarquía para quienes la ley no aplica o aplica cuando les conviene”.

Parece conveniente recordarle a Botero y Lloreda que sólo en el año 2018 fueron asesinados, según cifras de INDEPAZ, 44 intocables de un total de 226 líderes sociales. Si de jugar con las cifras se trata, con una población del 3.4% del país, los indígenas han puesto casi el 20% de los líderes exterminados en el año 2018, eso sin contar con los 19 indígenas asesinados en lo que va del 2019, en el contexto de un acelerado deterioro del orden público en sus territorios ancestrales.

De hecho, la minga indígena no solo negoció el acceso a las tierras, como parece olvidarlo el columnista, sino toda una serie de acuerdos históricamente incumplidos en otros temas, entre ellos el respeto a la autonomía, al gobierno propio y a la vida de los líderes y lideresas indígenas. Y es que desde las cifras siempre se podrán desprender conclusiones aparentemente incuestionables, que, al citarlas incompletas por ignorancia o por mala fe, se convierten, ahí sí, en peligrosos mitos urbanos. Pero en un país como Colombia, que se desangra lentamente por cuenta del asesinato de sus líderes sociales, resulta inaceptable señalar que los pueblos indígenas son intocables, por más experto en pirotecnia que uno sea.

*Experto en Asuntos Indígenas

 

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