Paro nacional: históricas marchas en Colombia y el mundo

hace 2 horas
Por: Dejusticia

La movilización no debe quedarse en una marcha de un día

Por Natalia Torres Acosta*.

Entre la lluvia y el sol del 26 de julio, desde más de 100 lugares del mundo participamos miles de personas en la manifestación en rechazo al asesinato de las y los líderes sociales. Sin embargo, la movilización no debe quedarse en una marcha de un solo día. Debemos seguir exigiendo que el Gobierno escuche a las comunidades y concierten garantías para la vida y seguridad acordes a los contextos y necesidades colectivas, muchas de ellas ya implementadas por las mismas comunidades.

Escuchar a las comunidades es primordial porque las y los líderes buscan que en sus territorios se garanticen los derechos. Son quienes, por ejemplo, ayudan a resolver los conflictos en las comunidades; gestionan con las autoridades la instalación de servicios públicos; incentivan procesos de sustitución de cultivos; tramitan los procesos de restitución de tierras; así como defienden el territorio e impiden la realización de proyectos que puedan afectar el ambiente y recursos naturales. Las y los líderes trabajan día a día para que el Estado social de derecho alcance los territorios donde la institucionalidad no llega.

Por eso, el asesinato de líderes y lideresas conlleva tanto a la destrucción de una familia, por la pérdida de un padre, una madre o un hijo; así como la desestructuración de los movimientos sociales y organizativos territoriales, lo que genera la sensación de inseguridad y miedo de la comunidad. Las amenaza y muertes deteriora poco a poco la democracia. Aleja a las comunidades de la posibilidad de disfrutar sus derechos e impide la movilización y exigencia de la movilización social al Estado.

Por la relevancia de su labor y el riesgo que corren, las comunidades han implementado mecanismos de autoprotección para garantizar su seguridad ante la ausencia del Estado. Las poblaciones campesinas, grupos de mujeres, pueblos indígenas y afro son ejemplo de estas iniciativas.

Hace poco la plataforma Paz en el Terreno realizó un evento donde visibilizó algunas de estas acciones. Como por ejemplo, en Arauca el campesinado se organizó y creó una red de derechos humanos con 84 comités veredales, los cuales inician un sistema de acción cuando tienen conocimiento de cualquier violación de derechos. Algunas mujeres de Montes de María implementaron un lenguaje en clave para comunicarse entre ellas y advertir sobre los riesgos que podrían correr en diferentes momentos y lugares. Esta comunicación conllevó a que la red de mujeres se fortaleciera y pudiera convertirse en una organización con más de 800 mujeres.

A su vez, los pueblos indígenas se protegen por medio la guardia indígena y prácticas espirituales y tradicionales de sanación propias, que son mecanismos ancestrales e inherentes a la autodeterminación de los pueblos. Así han logrado mantener el control territorial y social, facilitando la captura de personas, el decomiso de armas y la armonización del territorio.

Las comunidades afro también cuentan con la guardia cimarrona, como propuesta de protección y parte de su autonomía e identidad. La guardia adelanta procesos de reconciliación y construcción de convivencia, además disminuye el riesgo que corren las comunidades, familias y líderes, ante el escenario de violencia que enfrentan los territorios colectivos.

Sin embargo, las y los líderes son amenazados y asesinados continuamente, por lo que requieren apoyo para fortalecer su organización y garantizar el ejercicio de sus labores, pero, no lo han encontrado en el Estado.

Si bien el presidente manifestó el apoyo a la a la movilización, al tiempo plantea mecanismos militares para la estabilización territorial, que desconocen los ejercicios de los pueblos y comunidades. Además, el Estado continúa con la implementación de medidas de protección individual, que alejan a los líderes de sus comunidades y no se adaptan a las condiciones geográficas. Por eso, las organizaciones han solicitado el diálogo en todas las instancias, pero las instituciones han cerrado las puertas y la posibilidad de generar garantías con enfoque integral y diferencial.

El problema no es menor. Colombia es visto como el segundo país a nivel mundial donde ocurren mayor cantidad de asesinatos de líderes y el primero en América Latina. Algunas organizaciones han reportado más de 700 asesinatos desde el 2016, más de 80 de ellos en el 2019, y más de 1000 amenazas entre el 2018 y 2019. Además, después de la marcha fueron reportados 3 asesinatos en Chocó, Caquetá y Cauca.

Por eso, la iniciativa del 26 de julio no puede quedarse solamente en una manifestación. La exigencia y la movilización debe ser constante. Debemos aprovechar esta oportunidad para exigir un compromiso serio del gobierno para brindar garantías para la defensa de los derechos humanos.  Invitemos a que estas garantías se hagan realidad a partir del diálogo, la concertación colectiva y el fortalecimiento de los mecanismos propios y colectivos de los pueblos étnicos, comunidades negras, población campesina, jóvenes y mujeres.

Además, podemos aprovechar este momento para dos objetivos adicionales. Primero,  para que continuemos visibilizando a las y los líderes, y legitimando su labor. De tal forma que en nuestro diario vivir podamos desmentir discursos que los estigmatizan y, que de alguna forma, permiten que los sigan matando (como los mensajes que su muerte se debe a “líos de faldas” o por estar en territorios donde hay narcotráfico).  

Segundo, demandemos resultados a la Fiscalía sobre el desmantelamiento del crimen organizado y los perpetradores de los crímenes contra las y los líderes sociales.  Además, exijamos resultados reales de las investigaciones, pues la Fiscalía expone porcentajes de esclarecimiento superiores a los que realmente ha logrado.

Hagamos que el grito del 26 de julio en el que dijimos “¡No están solos!”, se haga visible y se extienda a exigencias reales que hagamos como ciudadanía.

*Investigadora de Dejusticia

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