La política en defensa de la vida

Las alarmas se han prendido a partir de la masacre de siete personas en el Cauca ocurrida el 3 de julio y la seguidilla de asesinatos de líderes y lideresas sociales alrededor de la misma fecha. La realidad es que como lo registra un reciente informe de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos https://goo.gl/msaMG6, se cuentan ya más de 283 asesinatos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 mayo de 2018.

A pesar de todos los esfuerzos por aislar los casos convirtiendo la incapacidad del estado en impotencia, son evidentes las características compartidas por las personas asesinadas, así como los factores de riesgo que les han llevado a la muerte. Hoy en Colombia hay una lucha en curso por el cumplimiento de las promesas que han quedado inscritas en acuerdos, acuerdos y más acuerdos con comunidades, organizaciones y movimientos en todo el país por causas muy claras. La restitución de tierras, la consulta previa frente a la actividad de las multinacionales mineras, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre otras. Las comunidades están pelando por sus derechos con mil papeles de promesas y leyes en la mano, pero lo hacen a pesar de la acción efectiva del gobierno cuyas prioridades están, como en Buenaventura, mirando al puerto y de espaldas a la población.

En el Cauca, donde ocurrió la reciente masacre, no se puede reducir el problema a la pertenencia o no de las personas asesinadas posibles actividades ilícitas, como han hecho varios opinadores siguiendo el juego los panfletos de las llamadas Águilas Negras, que anunciaron una limpieza social días antes de los últimos asesinatos. Entre la cifra global de muertes ocurridas, la mayoría de ellas fueron en este departamento: 42 en 2016, 35 en 2017 y 22, al menos, en lo que va del 2018.

Aunque los motivos de estos hechos son múltiples, el diagnóstico de las soluciones conduce siempre al mismo punto. Que el Estado se ponga a favor de las comunidades en sus necesidades y reivindicaciones significa mucho más que la provisión de chalecos anti balas, camionetas (cuando las hay, porque no siempre) o celulares. Una verdadera paz en el país pasa por la decisión política de ejecutar la que no se puede seguir particularizando como la agenda de la izquierda porque es la agenda de la defensa de la vida.

La reconfiguración de las fuerzas del establecimiento que gobernarán con la dirección del ex presidente Uribe a partir del 7 de agosto, tienen que decidirse por la implementación de la hoja de ruta establecida e incluso ir más allá considerando, por ejemplo, el cumplimiento de las sentencias de reparación de dónde tendrán que surgir ofertas de compras de tierra allí donde están las bombas de tiempo.

Los viajes de Iván Duque, alineándose con el paradigma del privilegio de las economías de la muerte, reuniéndose con los defensores de la reducción de impuestos para los más ricos, y las maniobras del CD en el Congreso para torpedear la JEP, son la muestra de que su gobierno empieza sin haberse percatado de que el fracaso al que nos arriesgamos no dejará sino perdedores.