¿La vida de los líderes sociales depende de un gobierno sordo?

Por: Alejandro Jiménez Ospina*

Uno de los temas que deberían estar en la agenda del Estado colombiano es el del preocupante exterminio de líderes y lideresas sociales en Colombia. El Gobierno colombiano en teoría está atacando el problema y buscando soluciones. Y una de las formas en que lo pretende hacer es a través del diagnóstico de la problemática, encargado a Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, en cabeza de Francisco Barbosa. Para cumplir ese mandato la entidad realizó lo que parece ser un estudio sobre el tema y emitió dos documentos, el último de ellos denominado “Informe de Homicidios contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos”, en el que concluye que en el “Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se han reducido en un 35%” , que en el “95,46% del territorio no se ha producido el fenómeno” y que, dado que la tasa de líderes asesinados por cada cien mil habitantes es de 0.06 para 2019, la tasa global de homicidios “es significativamente baja”.

Este asunto no es fácil de discutir en clave de política pública, pues termina en argumentos sobre cantidades, distribución territorial, asignación de recursos, impacto y demás, pero detrás de esto están vidas de personas, familias destruidas, procesos organizativos obstaculizados, entre muchos otros daños. No obstante, la discusión es inevitable y es necesario pensar el problema desde esa óptica, tanto por su masividad como por el rol que el Estado y el Gobierno Nacional deben jugar en la protección de los líderes y lideresas sociales y la garantía de su derecho a defender derechos.

Tanto la metodología como las conclusiones del informe han sido abordadas, discutidas y cuestionadas en distintos espacios. Colombia Check, por ejemplo, llevó a cabo un análisis juicioso sobre la supuesta reducción registrada en el primer informe y concluyó que es cuestionable. Y Rodrigo Uprimny y Valentina Rozo también lo revisaron y mostraron diferentes problemas frente a los datos utilizados, la metodología en que se basa el informe y las conclusiones alcanzadas.

Todo esto es preocupante. Un informe sobre un tema tan importante debería tener un sustento metodológico tal que sea difícil cuestionarlo y a partir de él se puedan tomar decisiones de política pública acertadas y pertinentes. De la seriedad de la metodología y los hallazgos no sólo depende el buen nombre del Gobierno y los funcionarios involucrados, los líderes y lideresas sociales se juegan la vida cada día y su seguridad depende de las decisiones que se tomen para su protección. Por eso es tan preocupante la respuesta que se le ha dado a las críticas por parte del Gobierno.

Por lo menos en dos ocasiones el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales ha abordado las críticas a su informe, una el 4 de agosto y otra el 12 de agosto. Leer ambos pronunciamientos es un ejercicio especialmente ilustrativo sobre la forma en que un servidor público no debe afrontar el control ciudadano. Más allá de estar de acuerdo o no con el fondo de la crítica, en las respuestas del consejero Barbosa no se encuentra un solo indicativo de que considere la necesidad de revisitar su informe para validar su metodología o sus conclusiones. Tampoco aborda los argumentos presentados de forma tal que le de tranquilidad a quien lo lea de que fueron tomados en serio y que se puede tener tranquilidad con el diagnóstico realizado. No, lo único que hace es confirmar lo que ya dice el documento y descartar por considerar infundadas todas las críticas recibidas, con un agravante, acusar a quienes las hacen de hacer política con la muerte de líderes y lideresas.

¿Cuál es el incentivo entonces para que la ciudadanía se tome el trabajo de participar en los debates sobre política pública o, más importante aún, en la protección de quienes dedican su vida a defenderla? ¿Se puede confiar en una política pública basada en un diagnóstico sobre el que se han señalado falencias pero que parece impermeable a la crítica fundamentada? ¿Podemos estar tranquilos en que la política pública diseñada por el Gobierno va a ser efectiva si la evaluación sobre el fenómeno al que pretende responder tiene serios cuestionamientos y parece que a nadie le interesa tomarlos en serio?

Es entendible que una dependencia de la Presidencia de la República, dirigida por un funcionario de la confianza del Presidente, intente defender al Gobierno o mostrar sus triunfos. Pero la transparencia, la moral administrativa y el respeto mínimo por los principios que rigen la responsabilidad política obligan a hacerlo respetando el disenso, teniendo en cuenta las críticas y, en todo caso, garantizando que la actividad pública se desarrolla con base en diagnósticos metodológicamente fuerte y con conclusiones defendibles en cualquier foro público.

PS. El tono condescendiente del consejero Barbosa para abordar este tema se parece bastante al que utilizó ante el Congreso de la República cuando se discutían las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley Estatutaria para la JEP. Lo preocupante es que ahora no es un asunto legislativo. Un mal diagnóstico en este tema pone en riesgo vidas, familias y movimientos sociales.

* Investigador de Dejusticia.