Lo público sobre lo reservado

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¿Por qué no podría un ciudadano pedirle información a las Fuerzas Militares sobre el dinero que recibe de empresas privadas y la forma en que vigila la ejecución de esos recursos? Van más de seis meses en los cuales periodistas de Rutas del Conflicto han tratado de obtener información sobre los contratos firmados entre empresas petroleras y minero-energéticas y el Ejército, para una investigación para la Liga Contra el Silencio. Al día de hoy, y después de un proceso judicial que terminó con un incidente de desacato dirigido al mismísimo comandante del Ejército, Nicasio Martínez, (Ver nota de El Espectador) los datos han llegado a cuentagotas e incompletos.

El largo camino para conseguir una respuesta del Ejército comenzó en febrero de este año, cuando los periodistas de Rutas empezaron a preguntar por los contratos, por supuesto, todo bajo la ruta que indica la ley. Primero, se envió un derecho de petición, al cual la institución respondió que todo lo solicitado era reservado. Luego vino la diligencia de insistencia y finalmente, la tutela.

Ante el inicio de un incidente de desacato, por el que el general Martínez tuvo que salir a dar explicaciones, a finales de agosto el Ejército cumplió plenamente a la solicitud judicial (ver nota de El Espectador), ya que entregó parte de la información, entre ella, datos generales de un grupo de los contratos solicitados. La institución respondió insistiendo que el resto de las preguntas, como por ejemplo, cómo controlaba la ejecución de esos recursos, era confidencial.

Como periodistas tenemos claro que existe información clasificada, que no se puede hacer pública porque trata asuntos de seguridad nacional. Por eso, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, quienes nos respaldaron en este proceso, nos preguntamos, ¿cómo podría afectar a la seguridad nacional la información general de unos contratos firmados por el Ejército y la forma de fiscalización de esos recursos? En ningún momento hemos pedido información relacionada con el detalle de operaciones militares ni información puntual que exponga la seguridad de cualquier tipo de infraestructura.

Lo paradójico, es que gran parte de la información que el Ejército, inicialmente consideraba reservada, ya era pública y estaba alojada en el portal Secop, que registra la contratación estatal; hay que decir que encontrar los datos en este sistema es sumamente complicado. Aún así, los periodistas de Rutas del Conflicto hallaron más de 600 contratos, con diversos y particulares propósitos, como el pago de tiquetes aéreos y otras inversiones en el ‘bienestar’ de militares.

Es incomprensible que el Ejército no pueda entregar esta información, especialmente, luego de las denuncias recientes de corrupción publicadas por varios medios de comunicación. Además, las respuestas son clave para revisar el accionar de la fuerza pública en medio de las tensiones que viven varias comunidades con las mismas empresas que le entregan dinero a instituciones como el Ejército.

Más allá del pleito judicial y de lo escandaloso que puede ser que un juez abra un incidente de desacato al comandante del Ejército, toda esta historia muestra la poca disposición para gestionar las solicitudes de cualquier ciudadano que quiera ejercer el derecho que le da la Constitución de acceder a información pública. Ante la falta de respuesta, en muchas ocasiones, los periodistas desisten por el desgaste que implica insistir por medios judiciales.

No es sano que una democracia tenga enormes islas cerradas al acceso de la información, especialmente, en temas relacionados con los derechos humanos. El Ejército y cualquier otra institución pública, no pueden estar fuera de la veeduría de los medios de comunicación.

Queremos ahora comenzar a recorrer el mismo camino con la Fiscalía y sabemos que tampoco será sencillo. Al órgano judicial le preguntamos, en la misma fecha que al Ejército, por los casos que lleva la división de Estructuras de Apoyo, EDA, (que son los grupos especiales que conformó desde 2013 para investigar y judicializar a quienes atenten contra la infraestructura petrolera y minero-energética), y que también reciben dinero de las mismas empresas que tienen los polémicos contratos con el Ejército.

Siete meses después, la Fiscalía no ha entregado la información completa. Varias áreas de la entidad han respondido que no corresponde a su despacho y la han remitido a otras oficinas.

Lo que sí hemos encontrado en esta investigación es la denuncia de varias organizaciones sociales que cuentan que esta área de la Fiscalía terminó persiguiendo judicialmente a líderes sociales que han protestado en medio de los conflictos que se viven en los territorios (ver nota de El Espectador sobre el tema).

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