Por: Juliana Bustamante Reyes

Los desafíos de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz

El pasado 12 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo la ceremonia de instalación y luego presidió la primera reunión plenaria de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz, creada en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana. La Comisión está compuesta por miembros de organizaciones e instituciones con experiencia en derechos humanos según poblaciones específicas, con el fin de dar contenido a los enfoques diferenciales a los que se refiere el Acuerdo.

El punto V del Acuerdo Final además de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de personas dadas como desaparecidas, aparecen otras instancias encargadas de acompañar ese trabajo, de hacer seguimiento y de aportar a que esas tareas respondan a las demandas que tienen las víctimas en su diversidad. En el acápite 5.2 del Acuerdo se hace referencia al ‘Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos’ y en el 5.2.3, específicamente, se hace referencia a la ‘Prevención y protección de los derechos humanos’. Es en este contexto en el que el Acuerdo establece la “[C]reación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz. La Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones de derechos humanos acordarán su composición y funcionamiento.”

Este mandato general fue reglado por la Defensoría del Pueblo mediante Resolución 519 del 11 de abril del presente año, con la cual creó la Comisión como “órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, las instituciones del Estado y las organizaciones de derechos humanos y paz” con el objeto de asesorar y formular recomendaciones técnicas al Estado y las organizaciones en materia de política pública en estos temas, con particular énfasis en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Acción es un compromiso político –más no jurídico pues no proviene de un tratado internacional- adquirido por los Estados que respaldaron la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que se emitió en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y cuyo numeral 71 indica que “La Conferencia (…) recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.”

Desde el gobierno de Ernesto Samper y luego en el de Andrés Pastrana se trabajó en el diseño del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, para lo cual durante varios años se realizaron mesas sectoriales a nivel nacional y local que abordaron los diversos temas que debía incluir ese Plan y que recogieron las inquietudes, reclamos y necesidades particulares de los grupos que directamente se verían impactados por un documento de política pública de esa naturaleza. Aunque hubo avances importantes y se logró recoger información valiosa, con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe al poder, la dinámica que había permitido estos avances, se vio impactada por el asesinato creciente de defensores de derechos humanos y líderes de diversos sectores y zonas, lo que hizo necesario congelar ese esfuerzo para crear lo que se conoció como la Mesa Nacional de Garantías que como lo indica su nombre, buscaba concentrarse en la creación de garantías que le permitieran a estas personas seguir ejerciendo su trabajo, su liderazgo y sus derechos de manera libre y segura. El asunto fue de tal magnitud en su momento, que el Plan desapareció de la agenda, para dar paso a la creación, en 2011, del Sistema Nacional de Derechos Humanos creado para generar una articulación interinstitucional en derechos humanos, que soportara las pretensiones de la Ley de Víctimas y contribuyera a ambientar las negociaciones de paz que iniciarían poco después. Solo en el marco de esas deliberaciones en La Habana es que el Plan Nacional de Acción vuelve a abordarse y que se habla de retomar ese ejercicio al que se había instado en Viena más de dos décadas atrás.

Hoy entonces, la recién conformada Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz está llamada a utilizar ese conocimiento técnico y su composición diversa -que busca reconocer los distintos enfoques involucrados- a promover que se impulse la expedición de ese Plan por tanto tiempo postergado y a que su contenido responda a los requerimientos de las poblaciones inmersas y que realmente recoja de viva voz esos reclamos y demandas que existen y que con seguridad se han transformado con el paso de los años.

El reto inmediato de esta Comisión será poder incidir desde el conocimiento técnico de los temas de derechos humanos y de los distintos enfoques diferenciales en la puesta en marcha de un compromiso muy antiguo de Colombia en esta materia. Sin embargo, el mayor desafío de su trabajo a mediano y largo plazo será entender el impacto de su gestión en el marco del proceso de construcción de paz que hoy –a pesar de tantas dificultades- se está viviendo en el país. Los criterios de prevención y protección de los derechos humanos deberán orientar el propósito último de la no repetición para que el trabajo del Sistema Integral creado por los Acuerdos, encuentre un respaldo con vocación de permanencia en la política pública y la institucionalidad ordinaria en derechos humanos. Y estará en manos de la Comisión saber incidir técnicamente en un momento en el que lo político transversaliza todo el devenir público en Colombia.

*Miembro principal de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz en representación de Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS de la Universidad de Los Andes.

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