Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en tiempos de COVID-19

Por Diana María Ramírez Sarmiento*.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron diseñados por el Acuerdo de Paz como un instrumento de transformación regional y como ejes del cambio en el posconflicto. Para escoger los territorios PDET se utilizaron cuatro criterios de priorización: niveles de pobreza, en particular, pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas (NBI); grado de afectación por el conflicto; debilidad institucional y capacidad de gestión; y presencia de cultivos y economías ilícitas.

Según cifras de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), a partir de estos criterios se priorizaron 16 subregiones, 170 municipios y 11.000 veredas. Estas zonas incluyeron al 24% de la población rural del país, al 57% de la población rural en condiciones de pobreza multidimensional y a 2.5 millones de víctimas.

Los resultados entregados por la ART hasta el momento parecen esperanzadores; se reporta que participaron más de 200 mil personas en la formulación de los PDET, que se han entregado 975 proyectos y que entre 2018-2019 se han invertido alrededor de 222.329 millones de pesos. Sin embargo, son múltiples las razones que permiten afirmar que en estos resultados no se ve plenamente materializado el potencial transformador de los PDET, lo que resulta muy preocupante, especialmente, en tiempos de COVID-19.

El proceso de implementación de los PDET ha sido problemático en lo relacionado con la falta de ejecución del presupuesto, el diseño metodológico de las etapas participativas y el alto número de líderes sociales asesinados. Pero, en época de emergencia sanitaria, uno de los principales problemas es que la mayoría de los municipios PDET cuentan con altos niveles de NBI y, en particular, presentan profundas falencias en uno de los indicadores de las NBI que más preocupa en medio de la lucha contra un virus tan contagioso: el porcentaje de viviendas con servicios inadecuados, el cual expresa la falta de acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas, como lo son la presencia de agua potable y acueducto.

Para ilustrar la situación me enfocaré en la subregión PDET de Chocó, que está conformada por 14 municipios, 12 de Chocó y 2 de Antioquia. Me enfocaré en Chocó, pues es el departamento PDET que tiene mayor cantidad de personas con NBI, alcanzando una cifra de 65,40%, según el Censo nacional de población y vivienda realizado por el DANE en 2018.

Si calculamos el promedio de las NBI de los 14 municipios que conforman la subregión, encontramos que la cifra sigue siendo muy alta: 64,03% personas tienen NBI. Y, si calculamos el promedio de las viviendas con servicios inadecuados, encontramos que la cifra es del 53,5%.  Es decir, más de la mitad de los habitantes de la subregión Chocó tienen NBI y no cuentan con la infraestructura en servicios públicos necesaria, fundamentalmente, para enfrentar una pandemia.

Ahora bien, si analizamos estos datos a la luz de los avances en las obras PDET, encontramos que el panorama es desolador. La ART afirma que desde agosto de 2018 se han entregado 700 obras, las cuales clasifica en 3 categorías: social y comunitaria, servicios públicos y vial.

En la subregión Chocó se han entregado 28 obras. De estas, 3 pertenecen a la categoría vial, 24 a la categoría social y comunitaria, y solamente 1 obra pertenece a la categoría servicios públicos. Esta última se realizó en el municipio de Riosucio, el cual tiene un 74,96% de NBI, un 61,99% de servicios inadecuados y no cuenta con acueducto ni alcantarillado. Si bien se podría pensar que la obra se enfocó en garantizar el saneamiento y agua potable, esta consistió en la instalación de una planta fotovoltaica en una de las veredas del municipio.

A pesar de la utilidad de la planta instalada, lo preocupante es que, hasta el momento, los recursos destinados a la subregión Chocó se han utilizado en su gran mayoría para construir o mejorar las casetas comunitarias de los municipios, dejando de lado la atención a problemas estructurales de acceso a servicios públicos.

La desigualdad, la pobreza, el conflicto armado y el abandono estatal han aislado, desde mucho antes de que empezara la cuarentena, a gran cantidad de poblaciones. No podemos permitir que sigan padeciendo, con mayor intensidad que el resto del país, los diversos males sociales. Es hora de que la ejecución de las obras PDET realmente se enfoque en desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar a fondo la calidad de vida de las comunidades.

*Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.