“Mambrú se fue a la guerra…”

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Quienes en Colombia hacemos parte de las generaciones conocidas como silent generation (niños de la posguerra), baby boomers e, incluso, equis (X), crecimos escuchando el estribillo de la versión en español de esta ronda infantil, de origen francés, cuyo título sirve de encabezado a este escrito.

En aquellos tiempos de nuestra edad de la inocencia, lejos estábamos de imaginar que Mambrú compartiría su historia de vida con la de miles de ‘niños soldados’ en Colombia, término técnico que emplea el derecho internacional de los conflictos armados para definir a los niños, niñas y adolescentes que son enlistados para la guerra.

Este fenómeno volvió a ocupar los titulares de la prensa por cuenta del caso 07 que adelanta la JEP contra 37 exFarc. La noticia no fue en sí el emplazamiento de las cabezas visibles del hoy partido de la rosa que hiciera el Tribunal para la Paz, sino el reprochable hecho de que, tozuda y descaradamente, niegan la ocurrencia de este grave crimen de guerra en sus filas. En diferentes escenarios y tribunas, sus voceros, como la senadora Griselda Lobo, aseguran que esta práctica jamás hizo parte de sus políticas como organización alzada en armas contra el Estado.

En este punto hay algo que preocupa: el silencio casi sepulcral de los colectivos y organizaciones de derechos humanos, domésticos y foráneos. Verbo y gracia, ningún comentario del capítulo latinoamericano de Human Rights Watch y el chileno Vivanco y menos un pronunciamiento vehemente de la Comisión de la Verdad como ocurrió en el caso del Ejército y la niña embera en Risaralda.

Por fortuna, existen bitácoras y registros que controvierten esta falacia. En 2017, la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, dijo investigar 11.556 casos de pequeños reclutados a la fuerza entre 1975 y 2014. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, ha señalado por su parte que, entre enero de 1999 y el 30 de abril de 2016, la entidad restableció los derechos de 5.984 menores de edad que el Estado arrebató de las garras del conflicto: 4.271 niños y 1.713 niñas; de estos casos, el 60%, es decir 3.609 menores, militaban en las Farc, 1.055 en los grupos de autodefensas y 947 en el Eln.

Los números coinciden con los guarismos de la base de datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Según este programa de la cartera de Defensa, 5.474 niños, niñas y adolescentes fueron recuperados de las filas de grupos armados ilegales colombianos entre 2002 y 2016.

“Los niños entrevistados no son representativos de todos los adolescentes desvinculados, sin embargo es importante resaltar que provienen de un total de 43 frentes de grupos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (81%), al Ejército de Liberación Nacional (16%), al Ejército Popular de Liberación (2%) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (1%)”, asegura un informe de la Defensoría del pueblo.

La entidad pone el dedo en la llaga cuando señala en diferentes escritos y alertas que los dígitos no reflejan la verdadera magnitud del fenómeno, en el entendido de que la cifra de menores enlistados puede ser geométricamente superior. El Centro Nacional de Memoria Histórica aseguró en 2018 que 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016.

Esta realidad contrasta con la entrega de menores que las Farc realizaron a cuenta gotas en 2016, cuando el entonces movimiento alzado en armas se comprometió en La Habana a dejar salir a los niños y niñas que hacían parte de sus filas. El informe final del mecanismo tripartita da cuenta de apenas 132 menores de edad desvinculados en cumplimiento de lo pactado. ¡Qué burla!

Sólo queda esperar que los togados de la JEP no se dejen timar. Máxime cuando se ha conocido por varias fuentes que en su defensa –preparada tiempo atrás por el español Enrique Santiago–, los hoy dirigentes de la Farc están argumentando que sólo incorporaron combatientes con más de quince años, lo cual permite la normativa internacional. Este es el boleto de salida que este inescrupuloso abogado ibérico, uno de los principales arquitectos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (Sivjrnr), les dejó a sus clientes antes de dejarlos botados.

Se trata de un verdadero ‘mico’ jurídico. El reclutamiento forzado de menores de edad es un grave crimen de guerra a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8) y una flagrante violación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Quien incorpora niños pisotea, además, las reglas 136 y 137 del Estudio sobre Derecho Internacional Consuetudinario, documento que en 1977 elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Si bien es cierto que allí se fija la edad de 15 años como límite para reclutar o enlistar niños –al tiempo que se insta a las partes en conflicto a tomar las medidas para que aquellos que estén por debajo de esa edad no participen directamente en las hostilidades–, también es cierto que jamás pretenden pasar por encima de las normas internas de los Estados signatarios, dado su carácter subsidiario.

Cuando el Estado colombiano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, hizo una reserva sobre el artículo 38, el cual transcribe el artículo segundo del Protocolo II Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra. Este consagra la prohibición de que niños menores de quince años sean reclutados en fuerzas o grupos armados y que participen directamente en las hostilidades.

Para el caso colombiano, la reserva dispone que se entienda que la edad a la que se refiere el citado artículo es 18 años y no 15. La razón: en nuestro ordenamiento, el individuo alcanza la mayoría de edad a los 18 años (Ley 27 de 1977), pues se considera que adquiere plena capacidad de obrar. De ahí que, por ejemplo, esta sea la edad mínima para reclutar el personal llamado a prestar servicio militar obligatorio.

Ahora sólo queda esperar que la JEP, cuando los procedimientos y la ley se lo permitan, revele el contenido reservado de las explicaciones sobre este grave crimen de guerra que, en una primera tanda, están dando 15 excabecillas de las Farc. Ya lo hicieron Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pablo Catatumbo y Édgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’. ‘Timochenko’ comparecerá el próximo 11 de septiembre. ¿Cómo se estarán lavando las manos?

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