Mientras Duque insiste en fumigar, en Tumaco quieren producir cannabis medicinal

Por: Diana Machuca y Diego Lagos

En Tumaco, las movilizaciones y protestas por el paro nacional se han hecho sentir: en los últimos días diversos actores y organizaciones sociales, comunidades negras, indígenas y campesinas bloquearon distintos corredores centrales de la ciudad, así como puntos estratégicos de la vía Tumaco-Pasto. Aunque los manifestantes han apoyado públicamente el pliego de peticiones del Comité del Paro, las protestas en Tumaco han tenido su propia agenda, y dependiendo del sector o la organización, los reclamos varían de manera significativa, dejando a las autoridades locales y nacionales frente a una larga lista de solicitudes que a su vez expresan un fuerte descontento social de la población tumaqueña.

Uno de los protagonistas de estas movilizaciones ha sido el sector campesino en el corregimiento de Llorente. Agrupados en distintas organizaciones, principalmente en la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Llorente; la Asociación Porvenir Campesino (ASOPORCA); sectores del comercio; del transporte y otros gremios; y comités agrarios; las peticiones del campesinado tumaqueño se han distinguido por demandar ante los entes territoriales y las agencias nacionales un espacio autónomo de diálogo, en el cual se pueda abordar la particularidad de las peticiones campesinas.

Corregimiento de Llorente.

Foto: Diego Lagos

Junto a esta exigencia de participación, el sector campesino ha reclamado insistentemente la implementación del Acuerdo Final de Paz que se expresa en las 16 propuestas que han demandado en medio de la movilización. Para el campesinado tumaqueño, el cumplimiento efectivo del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y la puesta en marcha de las distintas iniciativas formuladas por las comunidades en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) de la subregión Pacífico y Frontera Nariñense son dos de los temas claves a negociar con el gobierno local y nacional.

La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sin lugar a duda está en el centro de las negociaciones. Son 4298 familias las que esperan el cumplimiento de varios compromisos: primero, que el gobierno cumpla efectivamente con el pago de los dos millones de pesos bimensuales que aún no han sido recibidos por la totalidad de las familias inscritas, pese a que estos recursos deberían haberse entregado en 2018; segundo, que las familias reciban efectivamente sus recursos por el proyecto de seguridad alimentaria; y tercero, que se implementen los proyectos de ciclo corto y largo, recursos que quedaron comprometidos en el Acuerdo Colectivo que firmaron los representantes de las veredas que componen ASOPORCA, el gobierno nacional y delegados de la FARC.

Adicionalmente, las organizaciones campesinas solicitan al gobierno que les cumpla a los 5000 recolectores que hasta la fecha no han sido atendidos; y solucione los problemas de las personas que han sido injustamente suspendidas del programa. Junto a este reclamo, el punto 9 del pliego campesino dice rotundamente “no a la fumigación con glifosato”. Frente a este tema, las organizaciones han argumentado que en sus territorios hay un acuerdo de sustitución voluntaria y que los y las campesinas han cumplido a cabalidad con sus compromisos -tal y como lo muestran informes de la UNODC. En estos términos, las familias del programa temen que la aspersión aérea ponga en riesgo los pequeños avances que han logrado en su proceso por sustituir la coca y se repita la misma tragedia de años atrás, cuando el glifosato arrasó con sus cultivos de pan coger, contaminó los ríos y el suelo, produjo la pérdida de fauna y flora, enfermó a la gente, desplazó a comunidades enteras; en fin, cuando el glifosato acabó con todo.

Las organizaciones campesinas consideran que ante la crítica situación que vive el campo tumaqueño y en especial aquellas familias que le dieron el sí a la sustitución, es necesario plantear soluciones novedosas e innovadoras. De ahí nace su propuesta sobre el cannabis medicinal. Según uno de los líderes campesinos, la iniciativa surgió a partir de la experiencia que han tenido dos empresas en el municipio, entre estas se encuentra la cooperativa Memoria, vida y esperanza, conformada por excombatientes del ETCR en Tumaco, la cual ha avanzado en el proceso de aprobación de las licencias que requiere este tipo de proyectos. Tomando este referente, el pliego campesino propone la creación de una empresa de cannabis medicinal en la cual puedan participar cerca de 5000 familias con pequeñas hectáreas del cultivo. En sus demandas, piden al gobierno local y nacional la gestión de las licencias requeridas ante los distintos ministerios y el apoyo inicial a la producción del cultivo.

Este pliego campesino que ha sido presentado en Tumaco con ocasión del paro nacional es muestra de claros avances y retrocesos en la forma como se conciben las soluciones frente al tema de los cultivos ilícitos: mientras el gobierno del presidente Duque se estanca en el pasado dando su apoyo a las estrategias caducas de la erradicación forzada, en un rincón del Pacífico Nariñense, el campesinado, con una mirada hacia el futuro, ve en el cultivo de marihuana una oportunidad para promover la economía campesina en la región y quizás generar esas alternativas productivas que necesita la gente y que por varios años tan solo han quedado plasmadas en el papel.