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hace 5 horas
Por: Columnista invitada

¿Por qué Colombia tiene los índices más altos de asesinatos contra defensores de DD.HH en el continente?

Colombia inició el año con un triste balance: la mitad de los asesinatos de personas defensoras  en América Latina y un tercio de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial ocurren en este país, según cifras de Front Line Defenders. A ello se suman las preocupaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas expresadas desde Ginebra la semana pasada sobre los 108 activistas asesinados en Colombia en 2019 a través de su informe anual de derechos humanos. A su vez, el informe del relator para los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, que se presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, indica que 324 personas defensoras fueron asesinadas entre 2016 y el 30 de junio de 2019.  

Con estas cifras, el documento, señala que Colombia es el país con los índices más altos de asesinatos contra defensores de derechos humanos en América Latina. Las cifras de la organización estadounidense Front Line Defenders, también ubican a Colombia de primero con 106 casos, seguido de Honduras con 31 casos, México 23, Brasil 23 y Guatemala con 15 homicidios. El gobierno sin embargo cuestionó la información y aseguró que no existía una fuente confiable que soportara dicha cifra, pidiendo que fuera retirada del documento que presentó Forst. 

Esta situación es muy seria ya que con cada persona defensora asesinada perdemos aliados y aliadas para la paz, la democracia y el medio ambiente. En el caso colombiano, los defensores afrodescendientes, indígenas, campesinos y líderes comunitarios son quienes más han sufrido ataques violentos. Principalmente, por conflictos por la tierra, el territorio y los recursos naturales, luchas que representaron el 80,08% de los homicidios de personas defensoras en el año 2018, según la organización Indepaz.

Y en este punto, es válido resaltar que las acciones de hostigamiento no solo son la antesala de los ataques, sino que inhiben el debate público de la problemática y alimentan la impunidad que desemboca en más violencia. Cabe señalar que sigue pendiente la investigación y sanción por las medidas de hostigamiento a organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados mediante interceptaciones ilegales (o chuzadas), seguimientos y uso de drones documentadas a finales del 2019.

Por todo esto, en el contexto regional actual debemos cuestionar lo que significa perder aliados para la paz y para mitigar la emergencia climática mundial. Colombia no está condenada a repetir estas funestas cifras ni a continuar rompiendo este triste récord. A continuación, van tres sugerencias tras los primeros meses del 2020:

La primera: es clave abordar de manera contundente la impunidad que rodea a las amenazas, ataques y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Resulta imperioso resaltar que la mayoría de las muertes de personas defensoras de la tierra están previamente anunciadas. A nivel global, el 85% de los homicidios de personas defensoras son precedidos por amenazas; en Colombia esta cifra es de alrededor del 50%. Así, existe una alerta temprana en la mitad de los casos en los que la vida de estas personas está en riesgo, casos en los que una investigación efectiva podría garantizar su derecho a la vida y a defender derechos.

Asimismo, existen otros sofisticados mecanismos en el país para determinar situaciones de riesgo extremo individual y colectivo que acompañan a las amenazas. Ya que la mayoría de las muertes son anunciadas con antecedencia, la Fiscalía y la administración de justicia deben investigar activamente las amenazas y asegurar suficiente protección para salvar vidas.

La segunda: es insostenible seguir negando la realidad y la urgencia de resolver el problema. El Estado debe reconocer su alcance, sus causas y el abanico de sus posibles soluciones. Para lograrlo, hay que generar procesos transparentes, participativos e informados para evaluar las iniciativas de los diferentes sectores y su impacto en la capacidad de defender los derechos de la sociedad.

La tercera: rechazar la inercia y exigir un compromiso estatal para investigar a fondo lo ocurrido con las interceptaciones ilegales; los seguimientos a personas defensoras, magistradas, políticas y periodistas; así como el uso de drones para realizar tareas de inteligencia en contra de las organizaciones de derechos humanos, pues hay que impedir su ocurrencia en el futuro. Los asesinatos, las amenazas y la persecución de quienes defienden derechos se alimentan del uso perverso del aparato estatal, en ocasiones negligente y en otras capturado por intereses criminales.

Los autores de estas violaciones que estén ligados al Ejército, la Fiscalía u otras autoridades no deben quedar fuera del alcance de la ley, menos si están implicados en delitos que minan el espacio para el ejercicio de derechos, el funcionamiento de la democracia y el futuro de Colombia

*Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL

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