Queremos que nos digan qué pasó, no qué creen que pasó

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Las masacres no sólo destruyen proyectos de vida y tejido social. También obstaculizan la construcción de ciudadanía y la apropiación de lo público.

En un comunicado del 17 de agosto el Equipo de País y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia condenaron la masacre de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño) y la continuidad de los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos y excombatientes de las antiguas FARC-EP. Los datos que revelan muestran la dimensión del problema: 33 masacres; 45 homicidios verificados de personas que defienden derechos humanos y 52 más en proceso de verificación; y 41 homicidios de personas en proceso de reincorporación. Todos ellos en ocho meses que van corridos de 2020.

Esto parece devolvernos en el tiempo. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 32 masacres en 1994, momento en el cual la cifra comenzó a aumentar, hasta llegar a un horroroso pico de 232 masacres en el 2000 y a partir de ahí bajó, hasta llegar a 31 masacres en el 2005. Una gráfica con forma de campana que no alcanza a reflejar el horror de la guerra y el costo en vidas humanas, proyectos de vida truncados y tejido social destruido por una violencia sistemática y sin sentido.

Como todos sus predecesores, el Presidente Iván Duque mostró sus condolencias por la última masacre, mientras explicaba que los homicidios en el país han mostrado una reducción del 11%. No dijo nada sobre el claro aumento en el número de masacres en los últimos años. Según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2019 fueron 36 masacres. El Tiempo reportaba seis masacres en 2018 y El Espectador cuatro. Una tendencia al alza que parece querer devolver a Colombia a esa campana vergonzosa que dibuja la barbarie vivida entre 1994 y 2005.

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Cada que un hecho de estos ocurre es común oír al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación decir: “llegaremos hasta el fondo de esto”, “hemos ordenado llevar a cabo todas las investigaciones”, entre otras frases que parecen creer que reconfortan a seres queridos y comunidades de quienes son asesinados por defender derechos humanos, por firmar un acuerdo de paz o simplemente por estar en el lugar equivocado en medio de la violencia. Pero es rara la ocasión en la que efectivamente las instituciones llegan al fondo del asunto y la sociedad colombiana conoce quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué se cometen masacres y otras graves violaciones a derechos humanos.

Mientras tanto, a Colombia y a los seres queridos de las víctimas les toca creerle al Presidente cuando dice que todo es culpa del narcotráfico, sin que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva, seria y con debida diligencia. Como si fuera fácil creer en un Gobierno que afirma que no sabía que había niños y niñas en un campamento bombardeado, cuando Dejusticia y Cuestión Pública acaban de lograr que se hagan públicos documentos que acreditan que sí sabían. O que dice que un ex combatiente resultó muerto en medio de un forcejeo, cuando hay serias acusaciones de haber sido una ejecución extrajudicial. Y así sucesivamente.

Estas historias muestran cuatro problemáticas comunes que parecen apuntar al pasado, más que a un futuro mejor. Primero, el número de masacres aumentó. Ya es suficientemente grave que ocurra una, pero que en ocho meses haya la misma cantidad que en los inicios de los peores años del conflicto y la tendencia vaya en aumento debería tener al Estado y a la sociedad en alerta máxima. Más cuando en esas masacres suelen ser víctimas las personas que siempre han sufrido lo peor de la guerra: pueblos indígenas, comunidades afro y comunidades campesinas.

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Segundo, las estrategias de prevención y protección que ha implementado el Estado colombiano no están funcionando. Tercero, la impunidad sigue campando a sus anchas en medio de un país acostumbrado a que no pase nada, ni siquiera cuando matan ocho jóvenes. Y cuarto, la falta de transparencia, las declaraciones apresuradas y, en muchos casos, la mentira ramplona, son comunes en un Gobierno que trata de usar un dedo para tapar el sol.

Las masacres no sólo destruyen proyectos de vida y tejido social. También obstaculizan la construcción de ciudadanía y la apropiación de lo público a través de la acción colectiva. Como sociedad no sólo tenemos que entender que matar está mal. También necesitamos apoyar las exigencias de verdad y justicia que elevan las víctimas cada que esto ocurre. Necesitamos hacer responsables a las instituciones y a quienes las representan cuando con sus palabras y acciones desvían el debate o entregan conclusiones apresuradas, generalizantes y a veces cargadas de prejuicios. No necesitamos saber qué creen que pasó, necesitamos que nos muestren qué pasó. La sociedad lo necesita y las víctimas lo necesitan aún más tienen derecho a saberlo.

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