Por: Laura Baron-Mendoza

(Re)incorporación: un incentivo en doble vía

Colombia tiene una experiencia robusta en los conocidos procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que iniciaron a finales de la década de los 80 con los procesos de dejación de armas de grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de abril (M-19), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Comandos Ernesto Rojas y Frente Francisco Garnica. A esta experiencia le siguió el intento de desmovilización de las AUC a partir de 2003. En este trayecto, las estrategias de atención a personas que fueron miembros de grupos armados, así como su acompañamiento, han dado un vuelco desde un modelo de reinserción y reintegración, para llegar al actual esquema de reincorporación que intenta ser implementado con las Farc-EP en el marco del Acuerdo Final de Paz.

La reincorporación (que yo prefiero denominar incorporación, pues muchas personas no han conocido ni pertenecido a otra realidad) va más allá de una dejación de armas, de una atención de necesidades inmediatas o de un acompañamiento individual. Esta envuelve el carácter individual y colectivo del proceso y responde a las necesidades reales e intereses de quienes son parte. Lo anterior incluye a sus familiares y a la comunidad en donde se encuentran, con el objetivo de alcanzar un fortalecimiento del tejido social en los territorios. En otras palabras, la (re)incorporación deviene como un mecanismo adicional de construcción de paz.

No es extraño decir que este proceso se ha enfrentado a diversos obstáculos para su real cumplimiento según lo acordado. Sin embargo, también es de destacar los esfuerzos políticos que se han emprendido por avanzar en dicho compromiso y que hoy pueden estar en riesgo de quedar en un papel.  Dos de estos esfuerzos son el Plan Marco de Implementación (PMI) y el CONPES 3931.

Por un lado, el PMI contiene los objetivos, propósitos, metas, prioridades, indicadores y medidas, así como las políticas necesarias para implementar cada punto del Acuerdo Final, entre ellos el punto 3 que envuelve la (re)incorporación. Así, este PMI es respaldado por el documento CONPES 3931 de 2018, que consagra la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las Farc-EP y fija los parámetros técnicos y presupuestales, del proceso de (re)incorporación durante los próximos ocho años.

Estos dos instrumentos han sido el resultado de procesos participativos e incluyentes, que han permitido capturar las reales necesidades de quienes desean (re)incorporarse. En consecuencia, tanto el PMI como el CONPES, son fuente de una política pública que cuenta con una legitimidad que no se tuvo en experiencias pasadas. 

Ahora bien, los dos documentos pueden quedar “sin dientes” durante las siguientes administraciones, en caso de no incluirse en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND). Es decir, queda a discreción del gobierno de incluir u omitir en el capítulo xi de su propuesta (denominado Pacto por la construcción de Paz), tanto el PMI como el CONPES, siendo estos el principal referente para la inclusión de los componentes de paz dentro de los PND en términos del Acuerdo Final.

En suma, el llamado es a incluir estos instrumentos dentro de los objetivos de este cuatrienio. Mi razón para decirlo son dos beneficios específicos.En primer lugar, si los ex integrantes de las FARC tienen las oportunidades sociales y económicas apropiadas para iniciar sus proyectos de vida, se disminuyen los riesgos de reincidencia, y previene su conversión en receptores pasivos de ayudas. No debemos ir tan lejos para darnos cuenta de la relevancia del éxito de estos procesos para evitar la reconfiguración o nacimiento de nuevos actores armados. Ejemplo de ello han sido los grupos pos desmovilización de las AUC y actores criminales en otros contextos como el de Guatemala y El Salvador, países que hoy tienen índices de criminalidad más altos que en momentos de conflicto armado en estricto sentido.

En segundo, la efectividad de la (re)incorporación puede operar como un incentivo para dejar las armas. Los seres humanos actuamos a partir de incentivos. Quienes componen los actores armados no estatales son personas que requieren incentivos para abandonar, en muchos casos, la única vida que conocen: la vida armada.

Con esto quiero decir que el actual proceso de (re)incorporación con las Farc tiene la capacidad de actuar como incentivo en tanto factor de construcción de confianza. Si se perciben avances claros en la (re)incorporación económica y social de los miembros de una organización, los miembros de otra comenzarán a visibilizar, de igual manera, una posibilidad de una vida fuera de las hostilidades.

Por el contrario, una falla o una falta de apoyo a este proceso, sumado a más de 80 ex miembros de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo, y la incesante estigmatización y marginalidad social, por ejemplo, generan el efecto contrario: des-incentivar.

Pese a los aterradores acontecimientos de los que seguimos siendo testigos, la construcción de paz continúa; una construcción de paz en medio del conflicto armado con otros actores dentro los que están el Eln, el Epl, el Clan del Golfo y los reductos disidentes de las Farc. Por tanto, afirmar que estamos en posconflicto es irresponsable. Sin embargo, sí estamos en una etapa de pos acuerdo con las Farc cuya (re)incorporación exitosa es un indudable mecanismo para esa construcción de paz y una estrategia no violenta para prevenir la reincidencia e incentivar, de otra manera, la renuncia a las hostilidades. Este es un mecanismo que requiere de la voluntad del gobierno para su debido desarrollo y un compromiso de la sociedad a renunciar a patrones de marginalización.

 

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(Re)incorporación: un incentivo en doble vía

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