Sabemos lo que siempre han hecho

Resulta paradójica la relación estrecha de los senadores con la tierra y las agroindustrias en un contexto tan desigual como el colombiano y tan afectado por el conflicto armado.

Por: María Camila Jiménez Nicholls

Las familias y élites políticas con grandes extensiones de tierra en nuestro país son un legado de vieja data. Muchos de los congresistas provienen de dichos legados: familias que poseen grandes extensiones de tierra a lo largo del país o que son propietarias de empresas agropecuarias. Esto lo ha documentado recientemente Cuestión Pública, en su iniciativa “Sabemos lo que Hiciste”, con la que se está construyendo una base de datos en la que se recolecta información sobre los financiadores, los negocios familiares, el patrimonio de los congresistas y los posibles conflictos de interés que esto genera con su actividad legislativa, entre otros. Todos estos son temas relevantes para pensar la historia reciente de nuestro país, no solo por la desigualdad, sino por el despojo y abandono forzado del que fueron víctimas miles de personas.

El pasado domingo 12 de julio, “Sabemos lo que hiciste” publicó una investigación al senador Luis Eduardo Díaz-Granados Torres del partido Cambio Radical. La familia del senador tiene empresas dedicadas a la cría de ganado y al cultivo de banano y plátano para exportación. Además, dos de esas empresas son accionistas de la comercializadora internacional Banasan que se ubica entre las cinco mayores empresas exportadoras de banano de Colombia. Uno de los accionistas de dicha empresa, José Ignacio Díaz-Granados Guida (primo del senador y hermano del ex ministro de comercio del presidente Santos, Sergio Díaz-Granados Guida) y Carlos Francisco Díaz-Granados Martínez (primo hermano del senador) son esposos de dos hermanas de la también investigada por Cuestión Pública y senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra: Manira y Diana Beatriz, respectivamente.

Cuestión Pública documentó 30 empresas de la familia Guerra De la Espriella que se dedican, entre otras actividades, a la cría de ganado, a la minería y al cultivo de palma y banano en grandes extensiones de tierra. Familiares de la senadora han ocupado cargos públicos desde hace décadas y su esposo Jens Mesa Dishington es el presidente ejecutivo de Fedepalma, gremio que agrupa a los cultivadores de la agroindustria de la palma de aceite de todo el país. Ambas familias ostentan grandes capitales políticos en sus regiones de origen que provienen, en mayor o menor medida, de su relación con la tierra.

La relación que élites políticas de la región de la Costa Caribe han tenido con la tierra se puede entender (al menos parcialmente) a la luz del recuento histórico documentado en la sentencia de Justicia y Paz del 31 de julio de 2015, donde se hace referencia a la región en la que delinquía el Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esa sentencia se da cuenta de la adjudicación de terrenos baldíos de más de 1.000 hectáreas a algunos políticos de la región de la Costa Caribe entre l860 y 1945. Lo que permitió la consolidación de la propiedad privada latifundista que tuvo como propósito el cultivo de productos agrícolas para exportación.

La sentencia indica que uno de esos departamentos fue el Magdalena, donde se adjudicaron 16.530 hectáreas entre los años 1861 y 1874 a unas pocas familias: los Dávila, los Díaz Granados, los Alzamora y los Campo. Además, en las cuatro primeras décadas del siglo XX se entregaron 102.013 hectáreas a través de 99 adjudicaciones, convirtiendo al departamento del Magdalena en el tercero en adjudicación de predios que superan las 1.000 hectáreas. En dicha sentencia el tribunal de Justicia y Paz concluyó que la intervención estatal convirtió a las familias beneficiarias en las élites terratenientes de la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Estas adjudicaciones se enmarcan en el cambio que tuvo el destino de las tierras baldías de la región por la Ley 160 de 1994, pues desde ese momento están dirigidas a garantizar el acceso a la propiedad de los sujetos de reforma agraria (campesinos sin tierra o con tierra insuficiente). En cada región el tamaño del predio a adjudicarse cambia según la UAF (Unidad Agrícola Familiar), que pretende poner un límite adecuado para que una familia pueda subsistir. Las UAF, de acuerdo con la Resolución 041 de 1996, se calculan según zonas relativamente homogéneas. En la Costa Atlántica las UAF de mayor extensión no se acercan siquiera a aquellas adjudicaciones que se hicieron entre el siglo XIX y el XX.

Ahora bien, resulta paradójica la relación estrecha de los senadores con la tierra y las agroindustrias en un contexto tan desigual como el colombiano y tan afectado por el conflicto armado. En al menos dos municipios donde tienen, o han tenido, predios ellos (o sus familiares) se ha demostrado que hubo despojo o abandono forzado de tierras. Por ejemplo, en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), la senadora y sus hermanos fueron propietarios de un predio de 1.377 hectáreas y hoy en día se han proferido 7 sentencias de restitución de tierras. Ahora bien, en Ciénaga (Magdalena), donde Bananera de Exportación S.A. tiene seis fincas donde cultivan banano de exportación (y cuyos representantes legales son José Ignacio, Fabio Enrique y Juan Pablo Díaz Granados Guida, primos del senador) se han proferido 47 sentencias de restitución de tierras.

En este caso (y otros documentados por el portal Cuestión Pública), los senadores provienen de familias poderosas que tienen una estrecha relación con la tierra, que en algunos casos coincide con los epicentros del despojo y el abandono forzado de tierras. Ahora que sabemos quiénes son nuestros senadores y lo que han hecho resulta fundamental preguntarnos ¿para quién legislan?, ¿cuáles son sus intereses? y ¿quiénes se sienten realmente representados por sus acciones legislativas?

Adenda: para aquellos interesados recomiendo los informes del Observatorio de Tierras sobre el despojo en el departamento del Magdalena, la restitución en los Montes de María y varios reportes sobre el desarrollo de la política de restitución de tierras en el país.