Por: Columnista invitado

Servidores públicos, ustedes también tienen velas en el entierro de los líderes sociales

Por Hernán Darío Orozco López*

El homicidio de líderes sociales sigue creciendo cada día más sin que las autoridades competentes tomen medidas eficaces para prevenirlos y, en su defecto, sancionarlos adecuadamente. En relación con este último aspecto, en términos generales se pueden identificar dos grupos de personas sobre las que, satisfechos determinados requisitos, debe recaer una responsabilidad jurídica por esos hechos.

En primera instancia, y de manera evidente, los “primeros” responsables de esos delitos son las personas que los han ejecutado directamente, es decir, los que, por ejemplo, con sus propias manos han disparado hasta cegar la vida de los líderes sociales, así como sus mandantes o superiores en los casos en que hayan sido ordenados al interior de estructuras ilegales organizadas.

La Fiscalía General de la Nación, sin embargo, hasta ahora no ha desarrollado un programa general adecuado para investigar y llevar ante los estrados judiciales a dichas personas. Tanto así que luego de casi tres años de firmado el Acuerdo de Paz y de varios centenares de asesinatos de líderes sociales esta entidad no ha logrado establecer si los presuntos responsables pertenecen a una o varias estructuras criminales de gran calado o a muchos grupos relativamente pequeños sin una relación directa entre ellos; si se trata del accionar de un cúmulo de delincuentes individuales que actúan, entre otras razones, movidos por los discursos de odio provenientes incluso de actores políticos o si, más bien, corresponden en diferente medida a estos y otros tipos de delincuencia.

Por otro lado, y de manera independiente de la responsabilidad penal de los sujetos acabados de mencionar, es posible que también determinados servidores públicos tengan algún tipo de responsabilidad jurídica. Esta puede ser de carácter disciplinario, la cual es materia de estudio por ejemplo en el caso del asesinato de María del Pilar Hurtado, en el cual la Procuraduría está investigando al alcalde y al secretario de Gobierno de Tierralta (Córdoba). Adicionalmente, bajo determinadas circunstancias también se configuraría en estos casos una responsabilidad penal por omisión, la cual pese a su importancia ha pasado prácticamente inadvertida tanto en el ámbito institucional como en la discusión pública.

En estos eventos los servidores públicos podrían incurrir en dos modalidades diferentes de responsabilidad penal por omisión. En primer lugar, quienes estando encargados de tomar medidas de protección en favor de los líderes sociales omitan adoptarlas o retarden su cumplimiento podrían ser responsables del delito de prevaricato por omisión, así no se presente ni siquiera una agresión en contra del líder social acreedor de la medida de protección, pues en estos casos basta con la mera omisión por parte del servidor público.

En segundo lugar, un servidor público también podría responder por el mismo delito que cometen los ejecutores, es decir, por los atentados en contra de los líderes sociales. Para ello se deben cumplir los requisitos consagrados en el artículo 25 del Código penal, que son básicamente tres.

Primero: es necesario que se presente un resultado delictivo. Constatar este elemento en el caso de agresiones contra líderes sociales (las cuales pueden consistir en lesiones personales, agresiones sexuales, homicidios, entre otras) no genera ningún tipo de dificultades. Segundo: el servidor público en cuestión debe tener una posición de garante, es decir, debe tener la obligación jurídica de adoptar medidas de prevención y protección para evitar que se produzcan atentados en contra de la vida e integridad de los líderes sociales. Deberes de esta naturaleza pueden ser extraídos, entre otras, de las normas expedidas en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz. Al respecto piénsese nada más en el Decreto 154 de 2017 que creó la “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad” o en el Decreto 895 de 2017 que dio vida al “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.

Tercero: este tipo de responsabilidad solo se configurará si él o los servidores públicos tenían realmente la posibilidad de adoptar medidas preventivas idóneas, como la asignación de un esquema de seguridad. Este es seguramente el elemento que más dudas generará, pues en un Estado que pone a disposición de sus funcionarios solamente recursos reducidos para el cumplimiento cabal de las tareas que él mismo les asigna, es muy probable que en un número significativo de casos los servidores públicos competentes no tengan la capacidad de actuar en ese sentido. No obstante, no siempre es así, sobre todo en aquellos eventos en los que los funcionarios encargados de tomar las medidas de prevención y protección tienen a su disposición recursos técnicos y de personal y han sido informados, por ejemplo, gracias al Sistema de Alertas Tempranas, de un grave riesgo para la vida de líderes sociales.

En conclusión, existen razones de peso para considerar que en el caso de los homicidios de líderes sociales, uno de los capítulos más nefastos de la historia colombiana reciente, también se puede configurar una responsabilidad penal por omisión de los servidores públicos encargados de las medidas de prevención y protección en favor de los líderes sociales, por lo que los órganos encargados de la persecución penal no solo están en la obligación constitucional de adelantar las labores pertinentes para judicializar a los denominados responsables directos de esos homicidios, sino también a dichos funcionarios.

*Docente investigador del Centro de Investigación en filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

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