Somos todos, somos todas

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En estos días difíciles para mi y para mí familia he recibido centenares de mensajes solidarios y de apoyo desde todos los rincones del país, también de personalidades en el extranjero quienes ven con gran preocupación el clima de amenazas y agresiones que se ha desatado en Colombia contra los líderes sociales, contra las comunidades rurales y más marginadas, o simplemente contra todo aquel que ejerza algún tipo de oposición pacífica a las políticas de muerte que arrasan nuestros territorios. Quienes lanzaron esta amenaza el 3 de enero tenían claros sus objetivos: amedrentar la lucha por un país en paz, silenciar las voces que desde los territorios claman por justicia social e inclusión, porque ellos se lucran de la guerra, de la desigualdad y de la muerte.

Quiero aprovechar esta columna para agradecer tantos gestos solidarios, e igualmente saludar a todas esas voces de ciudadanos del común que me han dado fuerzas para continuar en esta lucha junto a las comunidades. Pero también quiero hacer una invitación a que esa solidaridad se extienda hacia el resto del Pacífico, donde hay otros líderes y lideresas en riesgo incluso mayor que el mío, y del mismo modo hay otras comunidades que ahora sufren situaciones de confrontación y confinamiento tan difíciles como las vividas en Bojayá, o incluso peores.

Esta misma semana varios líderes me manifestaron con suma preocupación que la llegada de un nuevo grupo de disidentes de las extintas FARC a la zona costera de Nariño provocó el desplazamiento de casi 4.000 personas en la región de Roberto Payán. Los pobladores temen el inminente choque con las estructuras residuales del frente Oliver Sinisterra y las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico, que controlan rutas y cultivos de coca en todo el Pacífico sur. Esto ocurre ante la mirada impávida del gobierno nacional que no concretó los planes de sustitución de cultivos acordados en La Habana y programa de protección colectiva a comunidades vulnerables. Aquel era el primer paso necesario para superar las dinámicas violentas generadas por las economías ilegales en Nariño.

De igual modo, las organizaciones étnicas en Guapi, sobre la costa caucana, llevan meses denunciando el recrudecimiento de la violencia, las masacres y los asesinatos selectivos que ahora se cometen incluso en el mismo casco urbano y a pocas calles de los puestos militares o policiales, mientras el ELN disputa a sangre y fuego con las disidencias el control de los ríos donde abunda la coca y la minería ilegal. Esto es una pesadilla para las comunidades, que sufren el escalamiento de la violencia y la zozobra en la región sin que haya una respuesta eficiente del Estado.

Valoro que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Iván Duque, anunciara que dará respuesta a las situaciones ocurridas en Bojayá y también asumiera compromisos para superar la crisis humanitaria que se vive en el Medio Atrato y el Chocó. Las comunidades permanecemos atentas para hacer seguimiento a esos anuncios y esperamos respuestas rápidas, efectivas, audaces, no más burocracia ni más retórica.

Sin embargo, quiero insistir en que no es sólo mi vida y mi comunidad las que están en riesgo: hoy somos todos y todas, son las comunidades a lo largo y ancho del Pacífico, desde el río Mira hasta el Darién, las que sufren esta guerra devastadora que ha vuelto a encenderse tras la tenue esperanza que tuvimos con la salida de las FARC. Son los líderes y lideresas de Tumaco o Barbacoas, de López de Micay o Timbiquí, de Buenaventura, del río San Juan o el Baudó, muchas veces en el anonimato absoluto, quienes deben soportar la presión de los armados en sus territorios con enormes riesgos para su integridad.

Hoy la mirada debe volcarse hacia ellos y sus territorios con medidas efectivas de protección y respuestas integrales del Estado para superar la crisis social y humanitaria. No se trata únicamente Bojayá: en el Pacífico el riesgo es para todos y todas. 

Cuando llamamos a una salida negociada del conflicto armado pensamos en esos líderes y en esas comunidades, para las cuales la paz es la única garantía de no repetición. Por eso la implementación eficaz e integral del acuerdo de paz es la mejor forma de reparar tantos daños causados por el conflicto. A todos los colombianos los llamamos a exigir junto a nosotros una paz total, una paz completa. No queremos seguir siendo esa noticia que sólo habla de abandono y muerte: queremos ser parte de la Colombia en paz y reconciliada.

*Secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

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