Un 8M por nuestras hermanas venezolanas

Es siempre difícil elegir un tema en una semana como estas, en medio del momentum del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las mujeres estamos relegadas en tantos aspectos de la vida pública que tratar de acotar la lucha es una labor titánica y hasta irresponsable. No obstante, sí podemos elegir a quien priorizamos en nuestras peticiones, en nuestras marchas, en nuestros gritos por la igualdad. La lucha feminista es una lucha también de razas, de clases, de étnia y de origen.

Para (des) fortuna Colombia es de esos países en el mundo donde todas estas luchas se encuentran, no siempre para crear sinergias, si no choques y caos. Es así, a través del conflicto y las tensiones que se logran verdaderas transformaciones sociales. Mientras escribía estas primeras líneas decidí que esta columna estaría dedicada a las migrantes venezolanas, tan olvidadas e invisibilizadas en medio de la emergencia migratoria que vive no solo Colombia, si no el continente. Ellas que seguramente no pudieron salir a ondear un pañuelo verde para exigir por sus derechos.

Quizás, el único momento en el que ellas, las mujeres migrantes venezonalas, fueron foco de atención fue con la muy desafortunada -en mi opinión- columna de Claudia Palacios: “Paren de Parir”. Donde además cataloga despectivamente a las transferencias por parte del Estado a madres cabezas de hogar como “Socialismo del Siglo XXI”. Política pública que se ha implementado en muchos países, incluso en los más desarrollados, para brindarle mayor empoderamiento económico a las mujeres y así disminuir la violencia. Este quizás, sea tema de una próxima columna.

Cuando hablo de género me es imperante definir las demás categorías sociales a las que ese sujeto pertenece. Aquí, me estoy refiriendo a las migrantes pobres venezolanas. Es que es importante entender que el género en intersección con situaciones de pobreza y además migración genera unos niveles de vulnerabilidad de derechos absolutamente aterradores.

Según cifras de migración Colombia, a diciembre de 2019, 1.630.903 venezonalos y venezonalas habían entrado al país, 48% son mujeres (783,000). Generalmente, son las mujeres y niñas las más vulnerables a la trata, el tráfico y la explotación sexual. En medio de una emergencia humanitaria los es aún más pues los sistemas de protección se rompen y colapsan producto del enorme caos.

Los altos niveles de hacinamiento, la poca o nula disposición de sistemas de agua, saneamiento e higiene, sobre todo baños aptos y separados por género, y la poca iluminación son todos factores que contribuyen a que las mujeres y niñas sean víctimas de violencia de género en los campamentos.

Al ser víctimas de explotación sexual y otro tipo de violencias de género en sus lugares de refugio, sus derechos sexuales y reproductivos son asímismo violentados. Pierden agencia sobre su propio cuerpo, pues su situación irregular en el país además les impide acercarse a mecanismos formales de denuncia, y por miedo a ser deportadas continuan en estos ciclos de violencia. Igualmente, los altos índices de desempoderamiento económico las obligan a continuar inmersas en estas situaciones. A todo esto hay que sumarle la falta de acceso y la posibilidad de decisión sobre métodos anticonceptivos.

Otra de las enormes cargas a las que se exponen las mujeres migrantes, de la que poco se habla y que poco se atiende, es su rol de ciudadoras. Los roles de género se exacerban en medio de una emergencia, y son ellas quienes terminan siendo responsables del cuidado de niños y ancianos. Esta es una carga invisible, y por supuesto no es prioridad en la atención humanitaria.

La agenda feminista en Colombia debe tener como prioridad la lucha por los derechos de nuestras hermanas venezolanas, quizás uno de los grupos sociales más vulnerables hoy en el territorio nacional.