A un año de la firma del Acuerdo de Paz: ¿son realmente centrales todas las víctimas?

Aún cuesta reconocer en Colombia que las víctimas son sujetos diversos. El sentido de la diversidad a la que me refiero es bastante amplia, y pasa, por ejemplo, por el hecho de que no todas piensan lo mismo, ni se posicionan de igual forma frente a la violencia o la paz. Incluye el hecho de que también provienen de actores diferentes a la guerrilla, como los paramilitares y el Estado.

Reconocer la pluralidad de las víctimas es esencial, pues universalizar a ese sujeto y su experiencia impide observar que no todas las víctimas son tratadas como ciudadanas de igual valor, y que por lo tanto no han accedido de la misma manera a los mecanismos que tienen la obligación de garantizar sus derechos. Esto es central al momento de pensar el lugar de las víctimas de crímenes de Estado en la implementación del Acuerdo de paz. Desde el triunfo del No en el Plebiscito, han acontecido una serie de hechos que requieren preguntarse si dichas víctimas son realmente centrales o no.

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Primero, luego del triunfo del No, el Estado, en cabeza del presidente Santos, nunca accedió a reunirse con ellas a pesar de hacerlo con víctimas de la guerrilla que apoyaron el No y el Si, y con variedad de representantes del No y las coaliciones de apoyo a la paz. Segundo, minutos antes de firmarse el Acuerdo del Teatro Colón se eliminó el artículo 28 del Estatuto de Roma que hace referencia a la responsabilidad de mando en caso de agentes de la fuerza pública, con el fin de proteger a los altos mandos.

Tercero, la Corte Constitucional no solo no se pronunció sobre este cambio que va en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, sino que también ratificó propuestas provenientes de sectores temerosos de la verdad, planteando que los terceros no están obligados a comparecer ante la JEP. Cuarto, el Congreso de la República incluyó condicionalidades a las y los magistrados ya elegidos, aduciendo que algunos no son neutrales por su cercanía con el mundo de los derechos humanos y que en consecuencia no podrían integrar la Jurisdicción.

Estos cuatro movimientos tienen serias implicaciones para las víctimas de crímenes de Estado e impiden de manera deliberada la materialización de sus derechos. Lo que se puede concluir, es que existe un profundo miedo al interior del Estado, en sectores de derecha y en élites económicas, sociales y políticas, de que en el país se conozca toda la verdad de lo ocurrido. Actitud que parece continuar con la negación de la existencia de la violencia estatal como una práctica sistemática y estructural,  expresión de una forma deliberada de lidiar con el contradictor político y las alternativas sociales.

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Algunos sujetos victimizados, profundamente comprometidos con la construcción de paz, aceptaron el Acuerdo de La Habana en el entendido de que todos debíamos contribuir, incluso cediendo en aspiraciones y demandas en torno a las sanciones que los responsables de violaciones a los derechos humanos debían recibir, bajo el acuerdo implícito de que la justicia transicional iba a brindar condiciones para conocer la verdad en toda su complejidad, sancionar pública y socialmente a los responsables y sentar bases sólidas para la no repetición.

Así como van las cosas, las víctimas de crímenes de estado están siendo timadas. Mientras militares de alto rango se acogen a la JEP para acabar con penas de más de veinte años, y funcionarios públicos involucrados en desapariciones, seguimientos ilegales y otras fechorías, incluidas las del DAS, así como financiadores del paramilitarismo y la violencia estatal se blindan, las posibilidades de esclarecer y sancionar las diferentes modalidades de la violencia de Estado se reducen a su mínima expresión en los mecanismos de la justicia transicional. La Corte aún tiene la última palabra, y la posibilidad de velar porque las víctimas de crímenes de estado sean realmente concebidas como sujetos con igualdad de derechos con las víctimas de la guerrilla, priorizando la centralidad de las víctimas y no la de los victimarios y responsables de la violencia sociopolítica en la implementación del Acuerdo de paz.

@DianaMGomezC