Por: Juliana Bustamante Reyes

Un cambio de paradigma

El 17 de junio pasado, a escasos tres días de acabarse la legislatura del Congreso, el proyecto de ley 027 sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad Mayores de Edad, vio la luz: el texto conciliado por Cámara y Senado salió adelante y el proyecto de ley aprobado fue enviado al despacho del Presidente de la República para su sanción que debería producirse en los próximos días.

El camino para llegar a este momento no fue fácil; este fue el segundo intento por sacar adelante un asunto sobre el cual nuestra normatividad estaba en deuda frente a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que Colombia es parte desde 2011. Un grupo multidisciplinario compuesto por entidades del Estado, academia y sociedad civil, trabajó incansablemente por mucho tiempo para sacarlo adelante.

La norma aprobada por el Congreso, en desarrollo del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce su capacidad jurídica plena y su derecho a decidir en todos los aspectos de la vida y plantea el diseño de sistemas de apoyo para situaciones específicas en los que la persona los requiera. El establecimiento de los sistemas de apoyo se hace caso por caso y puede formalizarse por vía judicial, ante notario y centros de conciliación.

Son muchas las implicaciones del cambio normativo que próximamente se dará en Colombia. En efecto, la incapacitación por causa de discapacidad será en adelante cosa del pasado, lo cual se reafirma mediante la derogación expresa de la interdicción de personas con discapacidad. Esta figura, proveniente del derecho romano, tiene la pretensión es proteger a la persona ‘incapaz’ de los errores que por su condición pudiera cometer y a los terceros y el tráfico jurídico de ese mismo ‘riesgo’. Sin embargo, es un concepto que, lejos de proteger las personas con discapacidad, parte del desconocimiento de su dignidad, de la igualdad de derechos, del principio de no discriminación y del valor de la diversidad, ubicando a la discapacidad dentro de la persona, y no en relación con las barreras que el entorno le presenta y que son las que efectivamente causan esa discapacidad.

El proceso de transformación no será sencillo pues, además de ser la interdicción una figura jurídica de marras del derecho civil, culturalmente la sustitución de la voluntad y toma de decisiones por parte de terceros respecto de personas que por su diversidad se han considerado tradicionalmente ‘no aptas’, ha sido la regla general; en efecto, mucha gente del común en nuestra sociedad, sin necesidad de ser abogada, entiende, acepta y considera necesaria la existencia de la interdicción. Esto se debe, en gran medida, a la cantidad de mitos que existen en torno a la necesidad de la declaración de interdicción para hacer válidos muchos actos jurídicos que autoridades y funcionarios de entidades públicas y privadas -sin sustento legal- con frecuencia requieren: la prestación de servicios médicos, prestaciones sociales, acceso a programas públicos, entre otras, se condiciona a la declaración de interdicción de la persona con discapacidad. Con la nueva ley, ya no podrán hacerse estas exigencias pues la interdicción deja de existir, los procesos en curso para declararla se suspenden y los concluidos deben revisarse para adecuarse a lo dispuesto por la normatividad actual.

El proceso de socialización y capacitación en torno a todos estos cambios, así como la reglamentación que deberá hacer el gobierno en la transición y para su implementación, son los mayores retos que siguen. En países como Perú y Costa Rica donde la reforma ya se hizo, aún son muchos los desafíos para hacer realidad sus disposiciones. En efecto, se trata de un cambio de paradigma importante que sacudirá nuestra tradición jurídica pero que impactará a personas concretas que ahora, como sujetos de derechos plenos, no podrán seguir estando sometidas a la voluntad de un tercero para las decisiones sobre sus vidas. Las esterilizaciones e institucionalizaciones forzadas, las decisiones sin consentimiento informado y los abusos que ello conllevaba para las personas con discapacidad en la práctica, serán en adelante ilegales. Es posible que el cambio normativo no vaya a evitar del todo que se sigan presentando estas situaciones; pero ya no será bajo el amparo de la ley que ocurran. La ley ahora se ubica del lado de los derechos y de las garantías y se convierte en una herramienta, no en un obstáculo, para que las personas con discapacidad, puedan, por fin, hacerlos realidad. Así, adquieren un rol activo en sus propias decisiones: podrán disfrutar, en igualdad de condiciones, de los beneficios laborales, la prestación de servicios de salud y seguridad social, los derechos políticos, la posibilidad de celebrar contratos o la de conformar una familia, entre muchos otros, haciendo uso de los apoyos que consideren necesarios para ello.

El llamado ahora es a que las organizaciones de personas con discapacidad, las familias y todos quienes puedan tener algún interés en este asunto, se informen sobre los contenidos de la ley, busquen asesoría en las personas y organizaciones que conocen y llevan trabajando por años este tema y contribuyan constructivamente a darle contenido a las disposiciones de la ley que, en últimas, solo buscan devolverle a las personas con discapacidad la dignidad y los derechos que por tanto tiempo se les han negado.

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