Un pacto que camina

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Por Mary Cruz Rentería Mina*

A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de diversos acuerdos de Paz: Sudáfrica, Sudán, Guatemala, El Salvador, Indonesia, Ruanda, son algunos ejemplos, que han dejado aprendizajes sobre cómo afrontar un post-acuerdo. En Colombia, el logro de la firma del Acuerdo de Paz de la Habana y el desarme de los excombatientes de las antiguas FARC, posibilitó una esperanza para las comunidades, que confiaban en que a través de este proceso recuperarían sus territorios y los liberarían de la guerra.

Los gobiernos nacionales de los últimos 60 años, han justificado en la presencia de grupos al margen de la ley, su incapacidad de atender de manera integral todos los territorios del país, especialmente en la presencia de las antiguas FARC. Con el Acuerdo de la Habana, y según, las antiguas experiencias en acuerdos a nivel mundial, se esperaba que en aproximadamente dos años el Estado lograra llegar con atención y con cumplimiento de derechos a los territorios históricamente abandonados y ocupados por esta antigua guerrilla. Sin embargo, el centralismo, la corrupción y los intereses políticos y económicos de quienes gobiernan el país no solo no ocuparon institucionalmente estos territorios, sino que permitieron que otros grupos armados ilegales se apoderen de ellos, y que nuevos flagelos y violencias acosen a las comunidades.

En la actualidad, el conflicto armado colombiano se ha recrudecido ante los ojos de un gobierno, que prometió hacer trizas el Acuerdo de Paz y lo ha cumplido. Hoy el Pacífico colombiano, habitado en su mayoría por comunidades étnicas, es uno de los más afectados. Hay guerra y etnocidio en esta zona del país, que afronta la dura realidad de ver caer a sus líderes, a sus lideresas, a sus sabios, a sus sabias, a sus profesores y profesoras, a sus niños y niñas, a su gente asesinada por balas que generan terror e incertidumbre, y que conllevan a nuevos despojos y a nuevas tristezas. Se repite la historia de dolor y de muerte en nuestros territorios.

El respiro que tuvimos las comunidades entre la firma del Acuerdo con las FARC en 2016 y la posesión del actual gobierno en 2018, fue un aliciente para comprender que, con el compromiso de todos y el diálogo social, la Paz puede ser posible. Pero las balas han regresado, y contra ellas se han fortalecido las luchas, la movilización y las resistencias de las comunidades.

Por esto, desde el Pacífico y el Suroccidente colombiano se lanzó el pasado 10 de septiembre de 2020, el Pacto por la vida y la paz, una propuesta de convivencia y armonización que se viene construyendo de manera colectiva desde La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico (CIVP), la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) y la Agenda Regional Eclesial de Paz, y a la que se han vinculado la academia, las instituciones gubernamentales, personajes de reconocimiento nacional e internacional y la sociedad civil en general.

Es así como desde octubre de 2020 hasta hoy, el Pacto por la vida y la paz recorrió el Pacífico, construyendo caminos entre las comunidades de Tumaco, Barbacoas y El Charco en Nariño; Riosucio y Baudó en Chocó; Popayán en Cauca y Buenaventura en el Valle. Allí, diversos sectores de la sociedad conformaron diálogos e intercambiaron ideas que posibiliten transformar las realidades de sus territorios.

Estos diálogos han dejado conclusiones y acuerdos, en los que se identifican patrones comunes y difíciles realidades a transformar en el Pacífico. Los pactantes manifiestan que hay un fuerte incremento de la pobreza y de la desigualdad; hay poco acceso a la salud, al empleo y a la educación, hay aumento de las violencias de género y de la violencia generacional. Además, hay corrupción en las instituciones, clientelismo, y percepción de que no funciona la democracia; y pocos escenarios de participación ciudadana y participación política. Así mismo, hay impunidad por ausencia de justicia, violaciones a los Derechos Humanos, violaciones a los Derechos étnicos colectivos, exclusión social y discriminación. También hay despojo, desintegración social, ausencia del Estado y presencia de grupos armados ilegales. No hay garantías para la movilización social ni para los liderazgos y hay pocos avances en la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana.

Por eso, quienes convocamos este pacto, continuamos impulsando acciones, encuentros y reflexiones para ampliar la firma del mismo entre todos los sectores de la sociedad y en el territorio nacional en toda su extensión. En consecuencia, entre el 19 y el 23 de abril, una caravana visitará Guapi, López de Micay y Timbiquí, y consolidará el Pacto en la costa Pacífica del departamento del Cauca. Además, las subregiones de San Juan, Alto y Medio Atrato y la Costa Pacífica en el departamento del Chocó, acogerán en 2021, este Pacto que camina por el territorio colombiano.

El Pacto por la vida y la Paz es un compromiso, es la firma por la convivencia, es la reflexión frente a las realidades del territorio expuesto al conflicto armado, es un llamado a no perder la esperanza y a realizar acciones colectivas e individuales que nos permitan lograr una Paz estable y duradera para el Pacífico y para Colombia.

¡Comunidades de toda Colombia, hagamos un Pacto por la vida y la paz!

*Secretaria Ejecutiva de la CIVP

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