Una condena a muerte para nuestras comunidades

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Por: Leyner Palacios Asprilla*

En Bogotá, en Medellín, en Cali, muchos ciudadanos no saben lo que tiene que vivir un campesino chocoano o un indígena de las selvas de Nariño. En las capitales pocos imaginan siquiera las grandísimas penurias y dificultades que sufre la gente del Pacífico, la región del país con los índices más altos de pobreza y falta de presencia institucional. Ahora, a esa pobreza y abandono estructural vamos a sumarle las balas, las bombas, los enfrentamientos, los cadáveres, el terror.

Por estos días en Pogue, el pequeño pueblo del Chocó donde nací, hasta para achicar la canoa y agarrar el remo los campesinos lo piensan dos veces. Nadie sabe cuántos rezos tiene que hacer un campesino antes de embarcarse río arriba a cultivar, a buscar el racimo de plátanos. Nadie en Chapinero o en el norte de Cali se imagina cómo es caer en un retén, o tropezar con una mina, o quedarse encerrado en la mitad de un enfrentamiento. ¿Entenderán en las oficinas de Bogotá lo que sienten las madres de esos caseríos remotos de Tumaco o del río Guajuí, que saben que sus hijos no irán a la escuela, porque no hay profesores, pero si irán a la guerra, porque la tienen al frente del rancho?

Nuestro país vive una confrontación armada desde hace 54 años que se ha traducido en la degradación del conflicto. Pero ese conflicto es racista, pues en los últimos años ha escogido como víctimas principalmente a los pueblos étnicos, a los negros, a los indios. Ese conflicto, por ejemplo, provocó que más del 90% de los chocoanos resultaran afectados en algún momento por la confrontación y casi la mitad de la población del departamento sufriera el desplazamiento forzado, según los datos que aportaba Acción Social finalizando el gobierno de Álvaro Uribe. Un conflicto tan racista como el Estado que se olvida de atender las necesidades básicas de las poblaciones del Pacífico.

Este país, si quiere desarrollar el verdadero Estado social de derecho, debe preocuparse por la situación de todos, no sólo de aquellos que viven en las grandes capitales. Por eso una acción afirmativa y real para contrarrestar la dura situación de las comunidades rurales, y especialmente de los pueblos étnicos del Pacífico colombiano, es la reanudación de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Aquello sería la posibilidad de que la confrontación cese definitivamente si ese diálogo culmina con un acuerdo, pero incluso en el marco de las conversaciones, aunque no haya un acuerdo definitivo, podrían lograrse pactos para disminuir la intensidad del conflicto en nuestros territorios. Lo contrario sería profundizar la guerra y el odio. Lo contrario sería condenar a muerte a las comunidades.

Sólo pedimos una dosis de solidaridad. Oigo gente que sin conocer la realidad de los territorios insiste en que la negociación nada más sirve para hacer un favor a la guerrilla. Eso no es cierto. Lo que buscamos es solucionar los problemas de la población civil, no ayudarle a un grupo armado. La sociedad colombiana debe sumarse a la exigencia de un diálogo, debe rodear a las comunidades frente a tanta desidia oficial.

Se requiere también voluntad política con seriedad de ambas partes. Varios obispos de la región han ofrecido su rol de facilitadores, pidiendo la liberación de los secuestrados, un gesto de la guerrilla que es inaplazable. Es urgente abrir caminos al diálogo, es urgente darle oportunidad a las víctimas, es urgente aliviar la situación de las comunidades confinadas y desplazadas. Es urgente que el presidente Duque deje de dilatar negándose a sentarse a la mesa, que deje de esquivar su responsabilidad como jefe del Estado: es él quién tiene que buscar la paz según el mandato de la Constitución.

Para eso desde el Chocó más de cien organizaciones sociales hemos suscrito una iniciativa llamada “Acuerdo Humanitario Ya”, en la que planteamos a todos los armados, pero especialmente al ELN y al gobierno nacional, que necesitamos lograr consensos que saquen a la población del conflicto. No nos condenen a muerte: esta guerra no es nuestra.

*Secretario General de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.

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