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hace 5 horas
Por: Observatorio de Restitución y Regulación  de Derechos de Propiedad Agraria

Una pedagogía por la paz que dignifique a las víctima

Por Adriana Rudling*

Culpar a la víctima es un amuleto. “Algo habrán hecho” se dice en Latinoamérica a las víctimas de violaciones de derechos humanos desde los primeros golpes de estado de los años 60, lo que en Colombia llamaríamos “dar papaya”. El argumento es decir que eso no le pasaría a uno que no es bobo ni se deja manipular para “meterse en esos problemas.” Así también nos alejamos de tomar una posición a favor de las víctimas y nos libramos de comprometernos con el extraño que sufre -como lo llama Juan Ricardo Aparicio (2012) en su texto Rumores, residuos y estado- para evitar ponernos en riesgo nosotrxs mismxs.

Desconocer a las víctimas del conflicto armado colombiano es negar elementos importantes su experiencia, establecidos sobradamente por medio de procesos judiciales, testimonios de perpetradores e investigación institucional, académica, y periodística.

La mayoría de las víctimas fueron, y desgraciadamente siguen siendo, civiles pertenecientes a grupos socio-económicamente vulnerables. Muchas personas fueron victimizadas al convertirse en líderes sociales y defensores de derechos humanos una vez se vieron en la necesidad de visibilizar, ayudar y proteger sus comunidades. Culpar a las víctimas de ‘dar papaya’ es desconocer su gran aporte a la construcción de la paz y sus múltiples sacrificios por la democracia.

En una entrevista reciente, el magistrado Alejandro Ramelli de la Sección de Ausencia de Reconocimientos de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas de la JEP aseguraba que “se necesitan resultados’ porque ‘la confianza de las víctimas se gana con resultados, no con pedagogía’ Efectivamente, en el lanzamiento del Observatorio de la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas, Héctor Angulo, víctima acreditada en el Caso 01, secuestro, decía que ya pasaron por “la escuela de todos los procesos, por la Fiscalía, por la Justicia y Paz’ y ahora tienen “la fe puesta en la JEP”. Los cuerpos de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, sus padres, presuntamente secuestrados y asesinados por integrantes del antiguo Frente 53 de las FARC, no han sido encontrados y su hijo espera que, entre los mecanismos que surgieron del Acuerdo de Paz, la JEP dé “algo de cierre a esta pesadilla”.

Ver resultados concretos como lo que está pasando en estos días con la identificación de los cuerpos rescatados del cementerio de Dabeiba, Antioquia puede ayudar a algunas de las víctimas, como es el caso Héctor Angulo, a resolver sus “discrepancias con el Acuerdo de Paz”.

Mientras que a la frustración de las víctimas se le contesta con un buen rendimiento, el potencial transformador de justicia, especial o no, es decir transicional o no, reside también en desestigmatizar haciendo pedagogía sobre los casos de las víctimas del conflicto armado. Enfrentarnos a los testimonios de los comparecientes ante la JEP, por ejemplo, lleva a que poco a poco, se les devuelva a las víctimas su lugar en la sociedad como sujetos de derechos. Las víctimas no son extraños que sufren porque les tocó o porque “dieron papaya”.

Siguiendo los esfuerzos dedicados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hasta 2018 para la pedagogía para la paz, se tiene que establecer explícitamente que las víctimas son personas que, en su calidad de colombianxs, tienen las mismas expectativas de cumplimiento de sus derechos que cualquier otrx colombianx. Dentro de esta “rehabilitación” de las víctimas cabe una “rehabilitación” de los derechos humanos, cuyo significado es tan tergiversado que muchas veces se escucha decir en la calle que “solo sirven para proteger al ladrón”

Sí, el hecho que los derechos humanos sean una salvaguarda mínima frente a la barbarie y arbitrariedad del abuso, tiene como consecuencia que hasta aquellos cuyas acciones nos parecen reprochables, como los ladrones, son portadores de derechos. Sin embargo, en un contexto donde hasta la Fiscalía reconoce la existencia de más de 2200 falsos positivos como los cuerpos recientemente identificados por la JEP, anteriormente mencionados, hay que insistir en que los derechos humanos nos protegen a todos.

La misma pedagogía para la paz tiene que asumir la responsabilidad de explicar que le debemos a las víctimas más que caridad como “extraños que sufren”. Cualquier acción a favor de las víctimas hace parte de las obligaciones del Estado de responder, como mínimo, por su desprotección, pero además es un acto de profundo agradecimiento por el constante trabajo político-legal de las víctimas.

A partir de la primera marcha del silencio de 1948, las víctimas han intervenido en los espacios públicos para hacer valer sus derechos, contribuyendo a una mejora de las estructuras legales e institucionales del país, mejora de la que hoy disfrutan todxs lxs colombinxs. Entre otras cosas, le debemos la criminalización de la desaparición forzada, el régimen de protección y asistencia para el desplazamiento interno y la memoria histórica que se ha ido desarrollando acerca del conflicto desde 2005 a esta generosidad política de las víctimas.

Una pedagogía de la paz significa dignificar a las víctimas no solo como otrxs colombianxs más, sino además corresponderles por este gran beneficio que nos han proporcionado por medio de sus constantes intervenciones.

*Investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. 

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