Una reforma a la justicia para la transición

Por: Santiago Virgüez Ruiz*

A pesar de las discusiones y diferencias alrededor de los acuerdos de paz, el Gobierno colombiano enfrenta una etapa de transición que ya es una realidad y, con ella, una deuda histórica en materia de justicia. Las reformas judiciales que presente están profundamente relacionadas con el éxito de dicha transición y la prevención de nuevos conflictos.

Un informe de 2015 del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición recuerda la importancia de llevar a cabo reformas a la justicia en procesos de transición, con el objetivo de prevenir ciertos hechos y circunstancias que hayan motivado o profundizado el conflicto. A pesar de que en otros países las actuaciones arbitrarias del sistema de justicia fueron más determinantes como causas del conflicto, en Colombia la tan esquiva reforma a la justicia debería enfocarse, en parte, en resolver problemas de estructura, acceso y desempeño judicial que impidan una efectiva consolidación del posconflicto a lo largo del territorio

Son tres los niveles en que se puede relacionar la reforma a la justicia y la justicia transicional: primero, la reforma a la justicia puede ser en sí misma uno de los mecanismos transicionales; segundo, la reforma a la justicia puede facilitar la transición e incluso llegar a ser una precondición de la misma; y tercero, la justicia transicional puede contribuir a los esfuerzos de reforma judicial. Quisiera hacer referencia a la importancia que tiene enfocar los intentos de reforma que pretende el Gobierno en materia de justicia para asegurar el segundo nivel de relación.

En primer lugar, las reformas a la estructura del sistema de justicia deben estar basadas en la información empírica recolectada por organismos como el DANE y el DNP sobre el estado de necesidades jurídicas insatisfechas y acceso a la justicia. Precisamente, de acuerdo con el índice de acceso efectivo a la justicia que presentó el DNP con datos del 2016, zonas históricamente golpeadas por el conflicto como Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó registraron el menor desempeño en el índice, un punto por debajo del promedio general. Putumayo y Cauca presentan indicadores muy bajos de acceso a las instituciones (una de las dimensiones del índice general) en términos de oferta y eficacia agregada, mientras que departamentos como Nariño tienen un déficit amplio de asistencia legal (otra de las dimensiones). Esto supone la necesidad de crear mapas judiciales más completos que permitan evidenciar la oferta institucional actual, no solo de jueces sino también de auxiliares de la justicia como funcionarios de policía judicial, de medicina legal, entre otros, con el propósito de mejorarla, adecuarla a las necesidades jurídicas de cada distrito, y así disminuir los niveles de conflictividad y de acciones violentas en zonas que presentan un mayor porcentaje de necesidades jurídicas. Además, en términos de oferta de despachos judiciales, reformas al régimen de competencias actual para el fortalecimiento de una primera instancia que conozca de muchos más casos puede ampliar el acceso sin necesidad de aumentar necesariamente el número de jueces.

Pero el acceso a la justicia en estas zonas no solo pasa por un aumento en la oferta. Por ejemplo, Chocó cuenta con un bajo desempeño en el índice, presenta altos niveles de acceso institucional (alto nivel de oferta). El fortalecimiento de la “agencia legal” de las comunidades locales por medio de mecanismos de efectiva participación en la resolución de conflictos y apoyo a la consolidación de formas de justicia comunitaria son necesarias para la satisfacción de las necesidades jurídicas locales. Algunas investigaciones muestran que el simple “empoderamiento legal”, entendido como el conocimiento de los derechos que se tienen, de las comunidades y de las víctimas no mejora el acceso, ya que desconoce las circunstancias de desigualdad que se dan una vez estas personas han ingresado al sistema de justicia. En cambio, la inclusión de los usuarios en la definición del mecanismo de resolución de disputas y en las vías de solución permite atajar esos problemas de desigualdad dentro del sistema.

En segundo lugar, la creación de nuevos órganos de gobierno y administración judicial debe tener en cuenta niveles de descentralización de estas funciones. Incluso, la actual división por secciones del actual Consejo

Superior de la Judicatura no ha tomado en serio la descentralización de la gestión judicial, lo que impide un desarrollo territorial de la justicia de acuerdo con las necesidades específicas que enfrentan los jueces en ciertas regiones del país. Administrar justicia en ciudades como Bogotá no es igual a administrarla en zonas con bajos índices de desarrollo económico o con mayores índices de violencia, por lo cual la distribución de funciones de gobierno y gestión con cierto grado de autonomía territorial puede resultar en un uso más eficiente y efectivo de los recursos con que cuenta la justicia, ya que en últimas serán quienes conocen, e incluso viven, de cerca las necesidades jurídicas de cada región quienes definan las prioridades de gasto y distribuyan los recursos con un enfoque diferencial.

En tercer lugar, la consolidación de sistemas de información y de gestión judicial completos y uniformes no solo son necesarios para un buen desempeño del sistema de justicia, sino que también serían de gran utilidad para la labor de la Jurisdicción Especial de Paz. Precisamente, uno de los obstáculos que han enfrentado algunas salas de la JEP en el desarrollo de sus funciones ha sido la búsqueda de expedientes o procesos ordinarios abiertos a nombre de algunas personas que llegan a comparecer ante esa jurisdicción. La falta de información centralizada ha llevado a que se tenga que comisionar a los miembros de la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP) a buscar personalmente los expedientes que pueda tener un compareciente. Este tipo de hechos son inadmisibles cuando se tienen sistemas de justicia organizados y cualquier reforma a la justicia debe enfrentar ese problema de manejo de la información.

Estas son solo algunas de las muchas consideraciones que debería tener el Gobierno nacional al momento de presentar el paquete de proyectos de ley que conforman la gran reforma judicial. Los retos de la justicia en los territorios van más allá de la implementación de los acuerdos de paz, están ahí desde mucho antes y requieren ser atendidos de forma urgente para evitar el surgimiento de nuevos conflictos, sobre todo en aquellas zonas históricamente golpeadas por la violencia.

* Investigador del área de sistema judicial de Dejusticia | @S_Virgue