Por: Camilo Álvarez

Verdades simples y genuinas patrañas

Durante el primer Festival de las Memorias Somos Génesis, propuesta de dialogo y reconciliación organizada por Cavida en zona humanitaria de Cacarica (Chocó), se dieron cita distintos responsables del conflicto para hablar con las víctimas de la comunidad. Participaron militares retirados, exmiembros de las Autodefenas Unidas de Colombia (AUC) acogidos a la ley de Justicia y Paz y sus familias, exintegrantes de las Farc-EP que firmaron el acuerdo de La Habana, familiares de las víctimas de la masacre de La Chinita y los diputados del Valle. Todos y todas están dispuestos a aportar al proceso de paz.

En los hechos que afectaron a las víctimas de esta región estuvieron implicados agentes del estado, empresarios, terratenientes, así como también miembros de la fuerza pública, paramilitares y guerrilla. Todos, ciudadanos colombianos, asumieron responsabilidades, pidieron perdón y contaron sus pérdidas.

Las comunidades, que hoy siguen padeciendo el abandono estatal, también hablaron. En ellas hay decenas de familiares de víctimas de desaparición y desplazamiento forzado, masacres y reclutamiento. Todas y todos contaron sus historias y concluyeron que fueron perdedores de la guerra... ¿o no?¿Acaso quién ganó? ¿A quién benefició o todavía beneficia la guerra? Esas preguntas fueron claves en medio del conversatorio. 

La Comisión de la Verdad y la JEP, representadas por mujeres también estuvieron presentes, en cumplimiento de sus objetivos misionales. Una naciente institucionalidad que asume las victimas como el sujeto principal del posacuerdo  y cuyo principal objetivo es la verdad. Escucharon atentamente a las víctimas y a los entonces actores armados.

La verdad tiene el don de articular responsabilidades, equilibrar las cargas de uno y otro en el camino de la justicia restaurativa, en el que la sinceridad de la palabra vale más que mil trámites burocráticos. Es un primer paso en un terreno que, sin fallos judiciales de por medio, descarga el peso de la culpa de quienes estuvieron involucrados en la guerra, aliviana las corresponsabilidades de quienes quisieron y no pudieron actuar, y despeja la opción de las víctimas a conceder perdón a sus agresores.

Una semana y tres escándalos contra la JEP después, el presidente Iván Duque objetó la Ley Estatutaria de la JEP. La objeción del uribismo en Palacio arguyó que seis artículos eran inconvenientes. En un claro choque de trenes, desautorizó el concepto emitido por la Corte Constitucional y devolvió al congreso un debate sellado y avalado por las más reconocidas autoridades jurídicas nacionales e internacionales.

En Cacarica y el Atrato chocoano, el conflicto se agudiza. La presencia de paramilitares, el Clan del Golfo y la militarización son la evidencia que el Gobierno cambió y que dilatar o incumplir la implementación de los acuerdos favorece al posicionamiento de los sospechosos de siempre. Objetar la Ley Estatutaria de la JEP es prolongar aún más la espera de asomos de justicia para las víctimas.

Entre los riesgos de la verdad que buscan, está que si alguno de los responsables es pedido en extradición (justificada o no) se daría prelación a la justicia de Estados Unifos y se privaría la oportunidad de la comunidad a conocer las razones de quienes cometieron sus crímenes y velarle al país del porqué entre narcotráfico y actores políticos-armados se gestaron crímenes de lesa humanidad.

Otro riesgo, es que no se permita que personas naturales se sometan a la JEP, sean terceros, particulares, agentes del estado o miembros de la fuerza pública. Estos son el testimonio clave que permite resolver la pregunta de la comunidad: ¿Quién ganó y quién se benefició con la guerra? Cerrar esa oportunidad de verdad es fomentar la impunidad en todos los sentidos. Los criterios de vinculación están claramente esgrimidos por la Corte Constitucional. El miedo parece estar no en que se vinculen más personas, sino en la verdad de la que son portadores.

Comunidades como la de Cacarica han dado un paso adelante en construcción de la paz y la reconciliación. Están ávidas de lo que presidencia llama “supuestos ofrecimientos de verdad”. Llevan 22 años contándole al mundo su versión de la historia y preguntándole a los victimarios el porqué de sus crímenes. No compartirán las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, porque ya han emprendido el recorrido por la verdad, que hoy es imparable. Abrazaron esa institucionalidad creada para la transición porque fue a tomar testimonios en su propio territorio, así como los otrora actores armados fueron a pedirles perdón.

Y no se quedan en el perdón, convocan al país a sumar manos en la estrategia de reparación que proponen: la creación de la Universidad de la Paz.  

Exigir verdad en Colombia es una lucha y aprendizaje permanente para ejercer ciudadanía, reestablecer derechos, compromiso hacia la reconciliación en el que hay que insistir. Como dijo un asistente del conversatorio: “Hay miedo a la verdad en una sociedad cimentada en las mentiras (…) el poder tiene miedo porque las verdades, como el cauce del Rio Atrato, tienen un comienzo y una desembocadura. No hay represa o desvío que valga, el agua tarde o temprano regresa a su curso”.

Este país sabrá elegir entre las verdades simples de la reconciliación y las genuinas patrañas de la impunidad.

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