Violencias contra mujeres periodistas: amenaza a la libertad de información

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Para quienes ejercen el periodismo hablar, escribir, difundir, contar verdades con pruebas irrefutables, ser mujer, persona no binara, minoría étnica y no tener poder, es un riesgo para el ejercicio de la profesión en Colombia.

Situaciones como la vivida por Vanessa Restrepo, periodista de El Colombiano que renunció porque siente que ese espacio ya no es seguro después de un acto sexual indebido por una persona del periódico. ¿Por qué renunció ella? Y ¿Él?

Juan Esteban Vásquez, persona a la que denunció penalmente Vanessa, tiene antecedentes con otras dos periodistas del mismo diario, una de ellas aún continua en el medio pero con miedo a denunciar.

El sitio de trabajo se convierte en nuestro segundo territorio de convivencia pero la mayoría de los medios de comunicación no cuentan con un protocolo que prevenga los abusos, las violencias (física, psicológica, sexual, acoso sexual, laboral) y que señalen rutas y sanciones cuando los hechos ocurren.

(Le sugerimos: “El periódico ya no era un espacio seguro para mí”: Vanesa Restrepo)

Estas acciones suceden en salas de redacción (cada vez más inexistentes), cuando algunos jefes, colegas de trabajo, fuentes o quienes dan pauta publicitaria, proponen cenas, una copa, invitaciones a sus apartamentos, tocamientos sin permiso; cuando se hacen bromas vulgares y/o referidas al sexo; jefes que piden a ellas que se presenten con falda corta o buen escote para lograr una información o presentar un informativo.

En los estadios o lugares con aglomeración, los tocamientos, la actitud agresiva de la fuerza pública, palabras como “perra”, las amenazas contra la vida, la circulación con información falsa en las redes sociales sobre su vida personal, es discriminación, es violencia de género. Parece que la Ley 1257 de 2008 para eliminar la violencia contra las mujeres, es parte del paisaje jurídico en esta tierra donde se legisla para que no se cumpla.

La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y la Fundación Karisma con el apoyo de Web Fundation, dentro de la investigación #PeriodistasSinAcoso, promueve una encuesta hasta el 25 de octubre para que periodistas y profesionales de la comunicación, hombres y mujeres, pongan sus respuestas de forma anónima para transformarlas en cifras.

La encuesta junto con la realización de varios grupos focales y entrevistas a profundidad, serán los instrumentos para un análisis que permitan elaborar conclusiones que dejen herramientas para políticas públicas y protocolos. Ya no serán anécdotas ni historias, será un trabajo académico que contribuya a la prevención y erradicación de las violencias, más generalizada contra mujeres, en el ejercicio de la profesión.

Otro entrenamiento de poder por el poder en un país que sigue virando su institucionalidad hacia el autoritarismo, es el caso de Diana Díaz contra quien la Fiscalía adelanta proceso judicial por filtrar el audio que prueba la censura contra el programa Los Puros Criollos, por parte de Juan Pablo Bieri, quien fuera gerente de RTVC (renunció por el escándalo) y hoy se desempeña como funcionario de la presidencia de la destartalada República.

¿Por qué inician un proceso contra quien presenta una prueba? ¿Dónde queda el derecho a estar bien informados? ¿Se trata de derecho reservado o el afán de reservar una ilegalidad? ¿Por qué contra ella y no sobre él? ¿Acaso el Fiscal Francisco Barbosa envía un mensaje para la autocensura e instalar el derecho al miedo? Existe norma de normas que en momentos de autoritarismo desaparece y convierte el poder en la norma ¿Quiénes tienen en Colombia los organismos de control y la Fiscalía?

También quedó implicada la Fundación para la Libertad de Prensa. “Resulta necesario expresarle nuestra más alta preocupación frente al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, explicó el director luego de que se conociera que, el 8 de octubre, la Fiscalía le requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, publicó El Espectador.

(Lea también: “Es difícil no ver estas acciones como una intimidación”: director de la Flip)

En un hilo en su cuenta de twitter, Catalina Botero Marino (Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 2008-2014) trinó: “Nada de lo que pasó en esa reunión en la que se ordenó censurar a una persona por tener opiniones críticas, es reservado. La funcionaria está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que protege a quien hace denuncias sobre este tipo de arbitrariedades”.

Tanto en el caso de Vanessa Restrepo como en el Diana Díaz, por diferentes autopistas, se frena el derecho a informar y a que la ciudadanía esté informada, se implanta el miedo y en ambos casos se ejerce violencia y buscan el eslabón más débil en la cadena de poder. Ambos señores fueron ascendidos. El mensaje es claro pero la convicción nos lleva a seguir insistiendo en la defensa y respeto de los derechos

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