Zonas Estratégicas de Intervención Integral: ¿zonas no-futuro?

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Por: Bryan Triana y Luisa Fernanda Uribe

Desde mediados de 2019, el Gobierno Nacional informó la creación del programa de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o Zonas Futuro. Según el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, las Zonas se crearon con el fin de priorizar aquellos lugares que por razones de seguridad nacional, afectación de la criminalidad, precaria institucionalidad y problemas graves de abandono social, requieren una intervención urgente por parte del Estado. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, dijo en una entrevista que estos espacios “no buscan reemplazar o frenar otros proyectos ya existentes, en particular a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”

Institucionalmente, el programa se creó en la Ley 1941 de 2018, una norma conocida como la Ley de Orden Público ya que tenía por objeto renovar las facultades del Gobierno para negociar con grupos armados ilegales. Pese a no tener mucha relación con el objeto de la ley, en esta oportunidad el ejecutivo propuso la inclusión de este programa y el Congreso lo aceptó. Luego, el programa fue reglamentado en el Plan Nacional de Desarrollo y mediante tres decretos en 2019 y 2020. En estos últimos, se creó una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se le asignó la competencia de creación de estas Zonas al Consejo Nacional de Seguridad y se designaron a consejeros presidenciales como encargados de las primeras zonas priorizadas, divididas en cinco regiones del país (44 municipios y 995 veredas): Pacífico Nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños.

De este andamiaje normativo destacamos dos puntos. El primero, la exigencia de coordinación con los PDET, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y demás instrumentos creados en el Acuerdo Final cuando las Zonas coincidan territorialmente con estos. Segundo, las promesas de “fortalecimiento del Estado Social de Derecho, prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de protección a la población” establecidas en el artículo dos de la ley.

Haciendo un acercamiento a las problemáticas de erradicación forzada de cultivos ilícitos, asesinato de líderes, lideresas y excombatientes en las zonas de Catatumbo y Bajo Cauca/Sur de Córdoba, es claro que no solo se han incumplido compromisos del Acuerdo Final sino que el objetivo de fortalecer el Estado Social de Derecho se quedó en el derecho sin lo social y las medidas de protección a la población han sido insuficientes (si es que han sido implementadas).

El punto cuatro del Acuerdo delimitó la forma en que el Estado debería intervenir las zonas con cultivos de uso ilícito. Como lo interpretó la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019, se creó un orden jerárquico en las herramientas para solucionar este problema: primero se debe intentar la sustitución, si falla, se procede con la erradicación manual, en última instancia está la aspersión, luego de intentar las otras dos. En las zonas bajo análisis se ha implementado la erradicación forzada manual, pese a que casi todos los municipios hacen parte del programa de sustitución PNIS. En la base de incidentes de erradicación elaborada por el grupo de investigación de Conflicto e Instituciones en una perspectiva comparada del IEPRI, de la Universidad Nacional, se registran 16 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública y ciudadanos en operaciones de erradicación forzada manual en municipios de las dos Zonas mencionadas entre diciembre de 2019 y junio de este año, mientras el gobierno continúa sin cumplir el PNIS.

De la misma manera, el punto dos del Acuerdo estableció la obligación de fortalecer y promover las garantías de seguridad para líderes y lideresas de movimientos sociales y para los miembros de las FARC reincorporados, lo cual coincide con el objetivo de reforzar las medidas de protección a la población de las Zonas Futuro. Pero la base de asesinato de líderes y lideresas sociales del mismo grupo de investigación, para el mismo periodo, reporta 13 casos de asesinatos de líderes sociales. Además, según el CNR, de los 200 excombatientes de Farc asesinados desde el 2016, 3 han sido en Anorí, Ituango y Remedios (Zona Bajo Cauca y Sur de Córdoba) y 13 en Convención, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú (Zona Catatumbo).

En este contexto surgen preguntas importantes sobre las Zonas Futuro, sus impactos y la narrativa de seguridad que las constituye: ¿cuál futuro y cómo se está pensando el Gobierno Nacional los escenarios de postconflicto? ¿Cómo se está protegiendo a los pobladores rurales desde ese enfoque de seguridad y justicia que se sobrepone al énfasis en desarrollo alternativo, territorialidad y participación de la sociedad civil que, por lo menos en el papel, tenían los instrumentos creados en el Acuerdo Final?

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