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2020: decisivo para implementar el Acuerdo de Paz

Este año el Acuerdo firmado entre el Gobierno y las extintas Farc enfrentará cuatro retos fundamentales: integralidad del Acuerdo, compromiso de las nuevas administraciones locales, garantías de seguridad y la consolidación de la justicia transicional. Análisis.

Otro de las grandes retos del Gobierno es garantizar la vida de los excombatientes. En 2019 fueron asesinados 77. / EFE

Este año se cumplen cuatro años de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Además de la desmovilización y reincorporación a la vida civil de cerca de 13.000 combatientes, el Acuerdo promovió la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (Sivjrnr) y abrió la puerta para que las políticas públicas se orientaran a los territorios que históricamente han estado más excluidos de la oferta estatal a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos identificado los cuatro desafíos más importantes que el Acuerdo enfrentará este año.

Integralidad del Acuerdo

La negociación incluyó la idea de crear las condiciones necesarias para la transformación profunda de los territorios, lo cual implica que los seis puntos definidos son interdependientes y su ejecución debe ser integral.

El Gobierno ha avanzado mucho en la reincorporación de los excombatientes a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y el diseño e implementación de los PDET liderados desde la Consejería para la Estabilización; sin embargo, estos dos temas no han sido abordados de forma articulada, sino fragmentaria.

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En cuanto a las drogas ilícitas, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha avanzado significativamente en la erradicación voluntaria y asistida con un 95 % de hectáreas; no obstante, no hay grandes avances en la sustitución, lo que podría aumentar el riesgo de resiembra. En este punto es importante que el programa reduzca las hectáreas sembradas de coca y que ofrezca oportunidades de desarrollo alternativo para cultivadores.

La ejecución integral del Acuerdo debe crear condiciones de desarrollo que permitan superar la violencia como método de dominación y, para ello, es necesario coordinar los planes de acción de los PDET, el PNIS, los planes sectoriales y la hoja de ruta.

Compromiso de las nuevas administraciones locales

Asimismo, no es posible pensar en una ejecución exitosa del Acuerdo sin una coordinación efectiva entre políticas nacionales y territoriales. Por eso es importante tener en cuenta los planes de desarrollo municipales y departamentales que se establecerán en el primer semestre de este año.

Esto no es un tema menor si se tiene en cuenta que los excombatientes están adelantando su proceso de reincorporación en cerca de 430 municipios, los PDET se han concentrado en los 170 municipios prioritarios, existen víctimas registradas en la totalidad de los municipios del país, el catastro multipropósito será actualizado para 2022 en el 60 % del territorio nacional y el PNIS señaló cinco departamentos prioritarios en su tercera etapa.

Garantías de seguridad

Crear condiciones de seguridad en todo el territorio es un requisito básico para la ejecución integral del Acuerdo. La existencia de economías ilegales, el crecimiento de las llamadas disidencias de las Farc y las amenazas y el asesinato de casi 90 líderes sociales en 2019 -en diciembre fueron asesinados 23 en distintas regiones- y cerca de 77 exguerrilleros, han puesto en evidencia el deterioro de los niveles de seguridad, principalmente en las áreas rurales del país.

Un ejemplo concreto es que en los territorios en los que se ha ejecutado el PNIS han aumentado las amenazas a las personas que se han sumado al programa y, además, la tasa de homicidios en algunos de estos municipios ha crecido durante el último año.

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El recrudecimiento de la violencia es uno de los principales obstáculos para el cumplimento del Acuerdo, porque incide directamente sobre la capacidad de participación de las comunidades, la confianza en el Estado, la posibilidad de generar inversión privada en áreas alejadas y la intención de llevar oferta estatal pertinente y cualificada a territorios históricamente olvidados.

Consolidación de la justicia transicional

La labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha visto empañada por los casos de Márquez, Santrich y el Paisa. Así pues, uno de sus principales retos es demostrar que el trabajo que ha realizado desde su creación pesa más que la falta de voluntad de algunos excombatientes. Según cifras oficiales, hasta ahora, 12.234 personas han sido sometidas a la JEP, de las cuales el 79,4 % son de las Farc, el 19,9 % de la Fuerza Pública y el 0,4 % de agentes del Estado.

También es fundamental que, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la JEP aborde el flagelo de la desaparición forzada, pues es imperante esclarecer las causas de esta problemática y promover la reconciliación.

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad debe entregarle al país un informe que relate lo ocurrido en el conflicto armado y promueva una convivencia sana en las comunidades que han sido afectadas por la guerra. Hasta ahora ha avanzado en cinco “diálogos para la no repetición”, en la construcción de confianza con actores relevantes y en la recolección de los relatos que permitirán construir los contextos que expliquen lo ocurrido. Indudablemente, el principal reto será conciliar las diversas verdades de los múltiples actores que estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto armado.

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Finalmente, se suman situaciones muy particulares que contribuyen o dificultan la implementación del Acuerdo, como el futuro de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), la definición del futuro de las Circunscripciones Especiales para la Paz, la posibilidad de retomar los acercamientos con el Eln, la persistente polarización política en el país, los fenómenos de movilización ciudadana que comenzaron en 2019 y los desafíos e implicaciones de la prórroga a la Ley de Víctimas.

Sin lugar a duda, 2020 será un año fundamental para la implementación del Acuerdo y su vigencia dentro de la agenda nacional.

* Politólogos. Analistas de Razón Pública.

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Paola Garzón y Miguel Suárez* / Razón Pública

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