Asesinatos de excombatientes de las Farc en medio de la pandemia del COVID-19

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Desde el 5 de marzo pasado, cuando el país estaba alerta por la llegada del nuevo coronavirus, hasta la fecha, cuatro de los exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz murieron en confusos hechos en Bogotá, Caquetá y Meta. ¿Quiénes eran?

El 12 de marzo pasado, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que nació después de la dejación de armas de la guerrilla, se concentró en el parque Santander de Bogotá, para volver a protestar, una vez más, contra el homicidio de sus miembros que antiguamente hicieron parte de la insurgencia. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz y hasta la fecha, este partido denuncia que han sido asesinados 191 exguerrilleros. Las autoridades investigan diferentes causas: venganzas arrastradas por el pasado de la guerra, ejecuciones extrajudiciales como el caso de Dimar Torres, retaliaciones de quienes no se acogieron al pacto de La Habana o el asesinato por parte de estructuras neoparamilitares.

Conde había sido pareja del disidente del proceso de paz, Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, con quien también tenía un hijo. En medio del proceso de reincorporación, terminó la básica primaria, se capacitó en la Universidad Nacional en el curso: Mujeres y Construcción de paz. Igualmente, desarrolló experiencia laboral desde la informalidad, por ejemplo, haciendo aseo en casas de familia. Adicionalmente, participó de manera activa en el grupo Defensa y Derechos de la Corporación de Solidaridad Jurídica como una de las integrantes de este proceso. Conde estaba muy interesada en continuar con sus estudios, reconocen los compañeros que la conocieron desde que vivía en su tierra natal, Puerto Concordia (Meta), luego en la guerra y en la cárcel El Buen Pastor.

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En un estudio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), mencionó a grandes rasgos la dificultad que está teniendo el Estado para enfrentar dicha problemática y, también, para esclarecer y detener el homicidio contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Según dicho documento, el instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz (encargado de monitorear la implementación del Acuerdo), ha advertido: "Las entidades responsables de las garantías de seguridad a excombatientes y líderes sociales trabajan desarticuladas, esto se evidencia por ejemplo en la falta de respuesta efectiva a las alertas tempranas en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y el Plan de Acción Oportuna (PAO)”. Este último organismo creado por el actual Gobierno para enfrentar dichos flagelos, aunque el pacto de paz ya había creado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con ese propósito. 

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