Café sostenible, la apuesta de pijaos y campesinos en el Cañón de las Hermosas

Estas laderas, antes sembradas con amapola, hoy esperan cosecha de café. / CCI

Antes de que el río Amoyá desemboque en el Saldaña, corre encajonado por entre el cañón de Las Hermosas, en las estribaciones de la cordillera Central, en el municipio de Chaparral. Su cuenca recoge 28 veredas en el cañón, tierras de indígenas pijaos y campesinos colonos que han resistido el feroz paso de la guerra. Laderas que en su momento fueron sembradas con la flor de la amapola y que hoy ven madurar los granos del café.

Desde hace unos meses, en las veredas La Argentina, Cimarrona Alta, Virginia Alta, Rionegro, Granja Ambeima y La Primavera (las dos últimas del corregimiento La Marina), 77 productores entre colonos y pijaos vienen apostándole al café sostenible como el camino para una vida digna en el cañón. Un resultado, dicen en la zona, de que en la región se esté implementando uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en el Acuerdo de Paz para los territorios más afectados por la guerra.

De ello conocen bien los campesinos de Las Hermosas. Yadith Romero es la presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios Surtolimenses (Asogratol), que agrupa a los 77 productores de café sostenible. Su padre fue uno de los campesinos perseguidos por los militares, bajo acusaciones de ser miliciano de las Farc. Fue el momento en el que las Fuerzas Militares entraron a retomar el control del cañón de Las Hermosas, en el marco del Plan Patriota del gobierno de Álvaro Uribe, y de la operación Libertad Uno contra las Farc en el centro del país.

Alcibiades Romero Medina era su nombre y fue uno de los 16 capturados en Las Hermosas, señalados de pertenecer al Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3). “Lo capturaron como guerrillero, cuando las únicas armas que empuñaba eran el machete y el azadón”, dice su hija Yadith, quien hoy lidera a los 77 productores de café. La persecución a la guerrilla –pero también a los campesinos– fue por aire y tierra, recuerda hoy. Vieron entrar los helicópteros del Ejército por en medio del cañón y conocieron el desesperante ruido de los aviones Kfir que soltaban bombas contra varios filos. Años después, los 16 capturados fueron absueltos porque no se les comprobó vínculo alguno con la insurgencia.

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Las tropas de la Quinta División del Ejército buscaban sacar de allí al frente 21 de las Farc, que había tenido el dominio histórico del cañón. La misma zona que fue prácticamente la cuna de esa insurgencia, luego de los bombardeos a Marquetalia, en el vecino municipio de Planadas. Tal era el control del frente 21, que los pobladores lo conocían como “el juzgado 21”. Tomaba las decisiones, dirimía conflictos entre los locales, recogía impuestos como contribución a la guerra. “Era donde la gente llegaba a que le solucionaran los problemas. Cuando convocaban reuniones, eran bien nutridas, todo el mundo tenía que ir. No había excusa”, cuenta esta lideresa campesina.

Asogratol, la asociación que preside Yadith Romero, fue la seleccionada en una convocatoria del programa Colombia Sostenible, del Fondo Colombia en Paz, para un proyecto que busca mejorar sus capacidades productivas, de comercialización y de sostenibilidad con el medio ambiente. Lo ejecuta la Corporación Colombia Internacional (CCI), una organización que viene acompañando a las comunidades del sur del Tolima desde hace seis años.

La apuesta es fortalecer el componente sostenible del proyecto. Que el café se cultive bajo sombra, que en el lavado del grano solamente se utilice un litro de agua por kilo de café y que el despulpado se haga en seco, para disminuir el gasto de agua. Además, se implementarán filtros verdes, que permiten darle un tratamiento al agua, con el cual el 90 % de ella será reutilizable para riego en otros cultivos. Con la pulpa del café se trabajará en lombricultura, con el fin de empezar a reemplazar el uso de fertilizantes artificiales.

“Nosotros les estamos ayudando a buscar mercado, a que aumenten su productividad, que tengan buenas prácticas agrícolas; les ayudamos a fortalecer el tema de gobierno corporativo como asociación de productores, que lleven bien las cuentas, que administren el proyecto, que estén al día en Cámara de Comercio y, si se necesita crédito, gestionamos los recursos”, explica Adriana Sénior, presidenta de la CCI.

La inversión total del proyecto es de $539 millones, de los cuales $323 los aporta el programa Colombia Sostenible, que son recursos que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los otros $216 millones los pone la comunidad. Pero los proyectos que se financian en Colombia Sostenible, explica su director, Juan Carlos Mahecha, deben apuntarle a la disminución de la huella de carbono, la conservación ambiental y a frenar la deforestación.

“Se intervinieron 116 hectáreas y se firmaron acuerdos de cero deforestación con las comunidades para conservar más de 64 hectáreas. Eso lleva a que se vaya a capturar más de una tonelada de carbono por hectárea al año”, dice Mahecha, director también del Fondo Colombia en Paz. Con la intervención en esas 116 hectáreas, se proyecta que la producción se eleve de 255 a 394 toneladas en dos años. Adriana Sénior sostuvo que con el proyecto se logrará que los productores involucrados tengan ingresos permanentes por mínimo 1,5 salarios mínimos mensuales, alrededor de $1’325.000.

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Buena parte de los 77 agremiados y beneficiarios del proyecto son los miembros de los cabildos pijaos Cimarrona Alta y Granja Ambeima, que han ido tejiendo un vínculo con los campesinos, que se ha ido aterrizando en la propuesta de constituir en la región una Zona de Reserva Campesina. El grupo lo completan dos excombatientes de las Farc, que avanzaban en su proceso de reincorporación de manera individual en La Marina.

El PDET del sur del Tolima

Los últimos años de guerra los vivió el cañón de Las Hermosas cuando el gobierno Santos perseguía por cielo y tierra a Guillermo León Sáenz Vargas, conocido como Alfonso Cano, entonces máximo comandante de las Farc. Se decía que este cañón era “la guarida” de Cano y que por allí se movía con tranquilidad con su tropa. Finalmente, cayó muerto en Suárez (Cauca), el 4 de noviembre de 2011.

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016, los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco fueron priorizados para la implementación de uno de los 16 PDET creados en ese pacto. Con el silencio de los fusiles, los habitantes de la zona esperaron que el Estado no llegara solo con la presencia militar, sino también con las escuelas, las vías, los puentes, los puestos de salud. “Ahora las instituciones no tienen excusa para ingresar a la región”, dice Yadith Romero.

En ese PDET la comunidad recogió 1.168 iniciativas que consideran tienen el potencial para transformar el territorio. De esas, hasta el momento se han estructurado 25 proyectos de infraestructura rural y reactivación económica. De las ‘obras PDET’, es decir, aquellas de pequeña envergadura que ha venido entregando el Gobierno en esas regiones, se han adelantado 58, con una inversión de $5.700 millones. Y, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, se logró que las empresas Enertolima, Seapto y Celsia ejecutaran cinco proyectos con una inversión de $24.286 millones.

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“Los PDET no se pueden politizar”, reclama Yadith Romero, frente al hecho de que alrededor de esos programas se ha entablado un debate en la opinión pública, pues el Gobierno los ha tomado como su bandera en la implementación del Acuerdo de Paz y algunos sectores han señalado que se ha cambiado la concepción original de esos programas. Según las críticas, lo que ha hecho la actual administración es entregar obras desarticuladas entre sí y de pequeña escala, que están lejos de transformar estructuralmente esas regiones.

A eso responde Juan Carlos Mahecha. “Aquí no se han hecho colchas de retazos y no simplemente una placahuella. Se han hecho desarrollos de cinco proyectos viales por más de $46.000 millones. Es un presupuesto que no tenía antes ningún alcalde ni ninguna gobernación”, asegura.

Para Adriana Sénior, de la CCI, este proyecto precisamente representa la forma en que los PDET han transformado una región como el cañón de Las Hermosas. “Esta es una victoria de los PDET, porque es como logramos que asociaciones de productores se dediquen a la legalidad, a proyectos que son viables productiva y comercialmente; porque antes se habían hecho esfuerzos, pero a nuestro juicio tenían la limitante de que muchas veces ni siquiera tenían el tema comercial”, afirma.

El proyecto está arrancando y por los próximos 24 meses las 77 familias –alrededor de 500 personas– estarán trabajando en su implementación. De lo que tienen certeza en el cañón de Las Hermosas es que a la guerra no quieren volver, así vuelvan a escuchar de ella a veces, como el pasado 25 de abril, cuando el exguerrillero Hernando Guerrero fue asesinado en el municipio cercano de Dolores. “Yo que viví ese conflicto tan duro puedo decir que hoy estamos con mucha más tranquilidad en la región: puede uno entrar y salir, tiene acceso a más oportunidades que vienen de afuera, y en el caso nuestro podemos cultivar y comercializar nuestros productos. La idea es que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundir que nosotros no queremos volver a la guerra. Hoy, le digo, podemos dormir tranquilos en nuestra región de Las Hermosas”.