CIDH pide proteger a líderes sociales y redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz

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En la presentación del informe “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso la situación de peligro en la que se encuentran los líderes comunales, indígenas, afro, LGBT, campesinos y sindicales del país. Líderes como Francia Márquez, Luis Olave y Armando Valvuena compartieron sus experiencias. Piden acciones del Gobierno para “no ser una cifra más”.

“Quieren callarnos, no quieren la paz” aseguró Yirley Velasco, sobreviviente de violencia sexual de la masacre del Salado y lideresa en los Montes de María. A su voz se sumaron las de otros líderes y lideresas sociales como Francia Márquez (Consejo Nacional de Paz), Luis Olave (Comité Paro Cívico para la Salvación y la Dignidad de Chocó) y Armando Valvuena (Organización Indígena de Colombia). Todos aseguraron que no quieren ser parte de las cifras que cuentan, día a día, los ataques y asesinatos de los líderes sociales. Piden al Gobierno tomar medidas más allá de la militarización de los territorios y, a la comunidad internacional, acompañarlos para visibilizar sus denuncias.

Durante la presentación del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, fueron expuestas las condiciones y contextos de alta vulnerabilidad que viven los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Esto acompañado en que son los territorios históricamente impactados por el conflicto armado en los que, debido a la presencia de grupos armados ilegales, en palabras de Francia Márquez, “se recrudece cada vez más la violencia”.

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La Comisión advierte que “a partir de 2017 cuando Colombia registró la tasa general de homicidios más baja en los últimos 30 años, se evidenció un aumento significativo y alarmante en el número de asesinatos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes. De acuerdo con datos de la Defensora del Pueblo entre marzo de 2016 a febrero de 2017 se registraron 697 hechos violentos contra personas defensoras de derechos humanos. Entre 2018 y 2019, esta cifra alcanzó los 1.334 casos, lo que corresponde a un aumento del 52 %.

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Según Joel Hernández, presidente de la Comisión y relator sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos, esta emergencia humanitaria no tiene espera. Hernández aseguró que “las personas defensoras de derechos humanos han sido fundamentales para el proceso de democratización del país. Pese al importante rol en la búsqueda de la paz en Colombia, desde el inicio de las negociaciones del Acuerdo de paz, su posterior firma y su implementación, la CIDH ha recibido información apremiante sobre la violencia contra estos líderes y lideresas, la cual se encuentra consignada en el informe”.

Por su parte, la relatora para Colombia, Antonia Urrejola, recordó la indignante cifra de 442 líderes asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, e hizo hincapié en que “más allá del análisis numérico, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia persiste y por ende, hay que atender las causas estructurales y el origen que permite que esta violencia permanezca”. Asimismo, Urrejola reconoce los avances y estrategias del Estado con el objetivo de hacer frente a esta situación, como, por ejemplo, la creación de la Unidad Especial de Investigación a través de la Fiscalía (UEI), proyecto financiado por la Unión Europea y que busca “fortalecer el trabajo investigativo para dar con los respon del asesinato de líderes sociales en Bogotá, Valle del Cauca, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Antioquia”.

A pesar de los avances, la Comisión entregó al Estado colombiano 14 recomendaciones para atender y brindar garantías a los líderes sociales amenzados, hostigados, desplazados o cuya vida corre peligro. Entre estas están: “redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz; promover una cultura de legitimación y protección de los líderes sociales para que se reconozca públicamente su papel fundamental en la construcción de la democracia en Colombia, y también, convocar a las organizaciones sociales para la creación de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, que incluya, además, enfoques diferenciales de género, étnicos y para población LGBT”.

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Hablan los líderes

Mabel Andrade, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Cauca, aseguró que los esfuerzos estatales deben superar la lógica de la militarización en los territorios, porque ponen a la sociedad civil en medio del enfrentamiento. Andrade hizo un llamado para que se les brinde un espacio institucional a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, como constructores de democracia y de paz, “porque lo que se ve es que incluso funcionarios del Estado estigmatizan y criminalizan las labores de los líderes sociales”, añadió.

Por su parte, Armando Valvuena, líder de la ONIC, reiteró que las economías ancestrales que sustentan la seguridad alimentaria de los 115 pueblos indígenas (entre ellos, nómadas, seminómadas, sedentarios y urbanos) no están siendo reconocidas, lo que ha llevado a que 39 de estos pueblos estén en riesgo de extinción física y cultural. A esto se le suma, las políticas de expansión agrícola del actual gobierno que favorecen las lógicas latifundistas y afectan directamente la autonomía tanto de pueblos indígenas, afros y campesinos.

Luis Olave, líder y defensor de los derechos en el del Chocó, aseguró que son cuatro situaciones críticas las que atañen al departamento: (1) confinamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas, siendo Bojayá un caso emblemático on 9.694 personas en situación de confinamiento; (2) incremento de reclutamiento de jóvenes por parte del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); (3) crecimiento del cultivo de hoja de coca en territorios afro e indígenas, por el río Baudó; (4) asesinatos sistemáticos y constreñimientos a defensores, líderes sociales y autoridades afro e indígenas.

Olave denunció también que se ha intentado disminuir su esquema de seguridad, tanto a él como otros defensores de derechos humanos de la región, haciéndolos desplazar a otras ciudades como Medellín o Cali. “Esta ha sido una forma sistemática de apagar los liderazgos, y aquellos que se quedan en los territorios, resultan asesinados”, añadió.

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De igual forma, representando a la organización Mujeres Sembrando Vida, Yirley Velasco expuso su relato como sobreviviente de violencia sexual y lideresa en el corregimiento de El Salado del Carmen de Bolívar. Velasco aseguró que a pesar de vivir en diferentes partes del país, su experiencia como lideresa social es la misma a la de sus compañeros, a ella también le tocó dejar su territorio por amenazas constantes contra ella y su familia. “No nos quieren dejar trabajar, quieren callarnos para que no se conozca la verdad”, insistió. Velasco además hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que “se tomen en serio y crean las denuncias de amenazas contra todos los líderes y lideresas de Colombia”.

Finalmente, Francia Márquez, líder social afro y presidenta del Consejo Nacional de Paz, elevó su voz para demandar “garantías de una vida digna, que permita a nuestros pueblos permanecer en paz en sus territorios. Estamos cansados de la guerra”. De igual manera, recalcó que el desplazamiento forzado de las comunidades no ha sido gratuito y obedece, más bien, a una “política de muerte que se sigue imponiendo sobre la vida de la gente”. Y cuando han denunciado estas violencias, son ellos, los defensores de derechos, los que terminan amenazados. “Los asesinatos de los líderes sociales son un premio para los victimarios y la impunidad legitima esta violencia”, añadió.

Tras la presentación de los relatos de los líderes sociales invitados, la Comisión invitó a la población civil a conocer en detalle el informe y a hacer un ejercicio de veeduría y seguimiento a partir de la plataforma SIMORE, para evidenciar si el Gobierno acoge o no las recomendaciones propuestas por la CIDH. “Está en manos del Estado colombiano velar por el acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad de todos los hechos violentos sucedidos”, concluye el documento.

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