Coce del Eln será investigado por asesinato de dos periodistas de El Espectador

Jorge Torres. / Archivo El Espectador

En la investigación del asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres en Segovia (Antioquia), en 1991, la Fiscalía vinculó a tres de los miembros del Comando Central (Coce) del Eln. El ente investigador consideró que los homicidios fueron fruto de las órdenes de los máximos líderes guerrilleros a sus subalternos.

En un auto de apertura de instrucción, del pasado 1° de febrero, el fiscal del caso, Gustavo Adolfo Reyes, señaló: “La muerte de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres partió de la orden impartida por Julio Lezcano, alias Zarco, quien comandaba las milicias (del Eln) de Segovia, orden que se infiere desciende del Comando Central (...) las órdenes que surgen del Coce van descendiendo en cadena de mando hasta llegar a los ejecutores”.

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La Fiscalía, entonces, explicó que “los miembros del Coce habrían de responder como autores mediatos, en tanto que los comandantes de frente, cuadrilla, compañía, etc., como coautores, en la medida que son los encargados de hacer cumplir descendentemente las políticas y órdenes impartidas por aquel”. Así las cosas, en la investigación de este crimen de guerra fueron vinculados Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), Israel Ramírez Pineda (alias Pablo Beltrán) y a Eliécer Herlinto Chamorro Acosta (alias Antonio García). Y, por la “evidente clandestinidad” de los tres miembros del Coce, también ordenó su captura por este caso.

Daniel Chaparro Díaz, hijo de Julián Daniel Chaparro, aunque reconoció que la decisión de la Fiscalía es un avance en la búsqueda de la verdad en el caso, también tuvo sus reparos con ella. En entrevista con El Espectador dijo, por ejemplo, que “uno tiene que tomar con cierta reserva estas decisiones, porque hay unos señalamientos, pero la verdad sobre el caso no se aclara”. Y agregó que espera que el Eln se pronuncie al respecto de la decisión, bien sea para reafirmar o contradecir lo dicho por la Fiscalía.

Chaparro y Torres, quienes trabajaban para la época en este medio, llegaron a las 3:30 de la tarde del 24 de abril de 1991 a Segovia (en el nordeste del departamento) para realizar un reportaje sobre una masacre paramilitar, en noviembre de 1988. Tras su llegada, los comunicadores entraron a la heladería Diana, donde estuvieron hasta alrededor de las 7 de la noche. A esa hora caminaban por la avenida La Reina, cuando fueron abordados por desconocidos, quienes les dispararon y huyeron.

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Las investigaciones que siguieron al hecho concluyeron que ambos fueron confundidos como miembros de inteligencia militar. Varios testimonios, además, precisaron que quienes dispararon fueron William de Jesús Castrillón, Magda Cecilia Castellanos Ruiz, Joaquín Julián Lezcano y Ramiro Alonso Madrid Lezcano. Pero los cuatro fueron asesinados: Castrillón en febrero de 1999, Madrid en noviembre de ese año, Castellanos a finales de 2000 y Lezcano en marzo de 2002. Por eso, en 2011, la Fiscalía promulgó una resolución inhibitoria.

En diciembre pasado, el caso tuvo un giro importante cuando el fiscal encargado declaró el doble asesinato como un crimen de guerra. “Dos exmiembros de la guerrilla confesaron que el asesinato obedeció a que se creyó que eran de inteligencia militar”, dijo la Fiscalía en ese momento, y agregó que los periodistas no tenían nada que ver con hechos violentos.

Aun así, Chaparro Díaz insiste en que, casi 30 años después del crimen, todavía queda camino por resolver para saber con total certeza quiénes fueron los autores del doble asesinato y cuáles fueron sus motivos. “Como familiares debemos apuntar a saber cuál es la verdad del atentado. Por eso reconozco que hay un avance, pero que es tardío, y como familiar sigo esperando que se sepa la verdad”, concluyó.