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Comunidad, Gobierno, Policía y sector privado se reunieron en el foro “Convivencia en los territorios”, la semana pasada en la capital antioqueña. Primero, para discutir desde las experiencias de la Comuna 8, una escuela rural y una asociación de mujeres en Caucasia, cómo el trabajo conjunto entre la sociedad, la Policía y las instituciones públicas ha ayudado a combatir la inseguridad y a mejorar la convivencia en los territorios que enfrentan nuevos desafíos en el posacuerdo.
En el primer panel, la sociedad fue la protagonista. Allí estuvo Édwar Moreno, profesor de la escuela San José de la Montaña, quien a través de la huerta escolar, y con la ayuda de la Policía de Carabineros, ha incentivado el amor por el campo en sus estudiantes de quinto grado. A su lado estuvo John Corrales, rector del colegio La Libertad de la Comuna 8. Junto con la Policía Metropolitana capacitan a los jóvenes de noveno grado para que promuevan el Código Nacional de Policía en la institución y el barrio. Esta experiencia disminuyó las riñas entre los estudiantes y los ha acercado más a los vecinos. Por último, Paola Fernández, integrante de la Asociación Municipal de Mujeres de Caucasia (Asomuca), explicó cómo han empoderado a las mujeres en este municipio a través de la generación de empleo, y la importancia de la articulación institucional para mejorar las rutas de atención en casos de violencia de género.
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Estuvieron acompañados por el general Álvaro Pico Malaver, jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. El alto oficial explicó que el principal desafío de la institución ha sido cambiar las dinámicas represivas por otras en las que no medie la violencia. “La presencia de nuestros policías no debe ser vista desde la represión, sino desde la generación de espacios para la convivencia”.
“Nos reunimos con las comunidades, con sus líderes, para conocer las expectativas frente al servicio. Nos dimos cuenta de que no solo la presencia de la fuerza pública tiene incidencia en la seguridad, sino también en la atención de necesidades básicas”, resaltó durante el encuentro.
La segunda parte del foro fue el espacio para que el Gobierno, la Policía y el sector empresarial dieran a conocer sus propuestas y programas para llenar los vacíos que dejó el Estado y que han aprovechado los grupos armados ilegales.
En el panel “Oportunidades de articulación para mejorar la convivencia en los territorios” participaron Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial de Seguridad; el general Gustavo Moreno, director de Seguridad Rural de la Policía Nacional; Miguel Ayala, director ejecutivo de la Fundación Orbis, de la empresa Pintuco, y Ómar Julián Salas, director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación.
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La discusión se movió alrededor de cómo debe trabajar el país para lograr la reconciliación, disminuir los índices de violencia y darles voz y poder a las comunidades.
Las opiniones de los invitados coincidieron en que lo indispensable para alcanzar un grado de sana convivencia en Colombia es la articulación entre todos los actores. Pero, ¿cuál es el papel de cada entidad?, ¿cómo lograr que haya efectiva cooperación?, y lo más importante, ¿cómo construir confianza en la sociedad? Esas fueron los principales interrogantes que se discutieron en este panel.
¿Cómo lograr la articulación?
Cuando se habla de convivencia hay un problema de conceptualización. Así lo aseguró Ómar Salas. “No todo el mundo tiene claro qué es seguridad y qué es convivencia. Creo que hay unos mínimos en los cuales hay que ponernos de acuerdo para hablar del Sistema Integrado de Seguridad Rural o de los planes de prevención”.
En ese sentido, se preguntó si son de conocimiento público las herramientas que el Estado está desarrollando en materia de seguridad y convivencia, entre ellas, los planes de acceso a la justicia o la política estratégica en materia de convivencia y acceso a la justicia. “Como DNP hemos acompañado a distintas instituciones en la creación de una serie de instrumentos que nos permiten hacer procesos de formulación de los planes de seguridad y convivencia ciudadana”.
Juan Carlos Restrepo, por su parte, dio tres herramientas para lograr efectivamente la articulación. La primera es a través de las normas. “Una norma en materia de convivencia es el Código Nacional de Policía, que privilegia la convivencia y que pone a la Policía en el centro de la sociedad, no como un elemento sancionatorio, sino como un dinamizador de la convivencia ciudadana”.
La segunda son los mecanismos de participación ciudadana: “Entre los deberes del ciudadano está no solo el de pagar impuestos, sino también el de apoyar a las autoridades y de participar de la vida política y cívica del país. Tenemos múltiples oportunidades de participar, por ejemplo, el deber de denunciar, que es un hito fundamental en el deber de impartir justicia”.
Y la última herramienta es la planeación. Según Restrepo, hay que “generar una senda conocida por los ciudadanos en temas de convivencia para lograr los resultados esperados. Todos los municipios deben tener planes de seguridad y convivencia que incluyen a la sociedad civil y al empresariado. Esto genera un ambiente de corresponsabilidad: todos somos parte de la solución o somos parte del problema”, enfatizó el consejero.
Hay que generar confianza en la sociedad
“La confianza se aterriza cuando pasamos de la palabra al hecho”, resaltó Miguel Ayala, de la Fundación Orbis, de Pintuco. La experiencia con el programa “El color de la convivencia”, en Quibdó, les ha confirmado que cuando se les da activa participación a las comunidades, y ellos son los que finalmente deciden qué es lo más conveniente para atender su entorno, se genera una alianza que sí da frutos. “Construir los edificios, en el marco de las 100 mil viviendas gratis con el Ministerio de Vivienda, era lo fácil. Poner a convivir a la gente aquí es lo complejo. Las comunidades a veces necesitan prender el motor del ‘soy capaz’. A veces los líderes gestionan ante las autoridades y les dicen las necesidades que tienen. Hay que motivarlos con respaldo institucional”.
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Juan Carlos Restrepo cree que “para que haya convivencia se entiende que debe haber una generación de confianza entre las autoridades y la sociedad civil”.
“La Policía Nacional tenía una estrategia definida hacia las ciudades, que se denomina cuadrantes, esto no aplica para los territorios en los que el Estado está en mora de llegar, pero dentro de sus nuevas estrategias está el servicio de carabineros, por ejemplo”.
Las palabras del general Gustavo Moreno lo complementan. Según el oficial, es vital que en esa construcción de confianza haya un compromiso genuino por parte de las autoridades y que además la gente tenga la facilidad de conocer los programas de apoyo del Estado.
“La Policía presenta una oferta que es multidimensional. Por ejemplo, en la Dirección de Carabineros tenemos los grupos operativos que apuntan a hacerles frente a los elementos perturbadores. También tenemos otros que trabajan con los niños, las mujeres y los campesinos. Otros son gestores de infraestructura social, guardabosques, conciliadores en equidad, gestores de participación ciudadana. En casi todos los departamentos tenemos emisoras de la Policía Nacional. Esa es una manera de comunicarle a la comunidad lo que estamos haciendo”, resaltó el oficial.