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En las regiones del Bajo Cauca (Antioquia) y del río San Juan (Chocó), a causa del conflicto armado, siguen presentándose desplazamientos masivos y, a la par, otras personas se quedan en su territorio como una forma de resistencia, pero también porque sospechan que haya minas u otros artefactos explosivos. Es decir, quedan confinados. Cuando eso sucede, varias son las instituciones que deben atender la situación. Defensoría del Pueblo, Personería, gobiernos locales y Unidad para las Víctimas. También asisten entidades como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Consejo Noruego para los Refugiados o el Servicio Jesuita para los Refugiados. Sin embargo, la atención no ha sido oportuna y la prevención es casi nula.
Esto lo han denunciado los líderes y lo recalcaron en el conversatorio ‘Respuesta al Incremento del Desplazamiento Forzado’, organizado por Colombia2020, con el apoyo de la Embajada de la Unión Europea en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el Acnur. En este encuentro, realizado esta semana, participaron los líderes Benito Santero, coordinador de la mesa de participación de víctimas de Cáceres (Antioquia) y Elizabeth Moreno, representante del Consejo Comunitario General del San Juan (Chocó), y conversaron con representantes de distintos sectores que tienen responsabilidad en la resolución de los problemas de desplazamiento forzado y el confinamiento.
En una larga conversación surgieron peticiones y recomendaciones para atender y prevenir estos problemas.
Concertar las medidas de protección y atención con las comunidades
Las medidas de protección existentes para las comunidades y sus líderes se tratan, por ejemplo, de entregarles un chaleco antibalas, un celular o un botón de pánico. En ocasiones, también escoltas y un carro. Sin embargo, en territorios como los mencionados esto no funciona. Los actores armados siguen en el territorio y los chalecos los exponen más o no pueden usarlo por las altas temperaturas, la señal de celular no llega y los carros no entran.
Por esta razón, los líderes piden trabajar de la mano con los procesos organizativos que hay en los territorios. “Cuando se da la atención por parte del Gobierno siempre se hace con los alcaldes, la gobernación, los personeros, pero la cooperación internacional siempre se articula con los procesos organizativos y queremos que se siga siendo así”, dijo Elizabeth Moreno. A esto, Felipe Vernaza, defensor delegado para la Población en Movilidad Humana, fue enfático al decir que “lo mismo que le puede costar a la UNP el chaleco antibalas y el botón de pánico, puede ser el mismo recurso pensado con una dinámica que sea coherente y relevante al territorio. Es tan sencillo como que un consejo comunitario tenga radios y puedan comunicarse para sacar un herido”.
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A esto se le sumó la experiencia del Catatumbo, Miguel Duarte, representante de la Asociación de Personeros de esta región, agregó que otro actor que debe fortalecerse y tenerse en cuenta son las Juntas de Acción Comunal. "Las JAC se han apersonado de su región y se han educado, pero hay que fortalecer eso para ver cómo se hace para abordar el conflicto, porque ellos sí pueden. ¿Quién vive con ellos (las JAC) todos los días? No es la Fuerza Pública precisamente, es la guerrilla la que está ahí todos los días. Ellos tienen que abordar ese tema con las mismas subversiones”, dijo. “Hay que abordar el problema (del desplazamiento) y, mientras se soluciona, hay que fortalecer a las JAC, orientarlas en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos para que puedan sentarse con la Fuerza Pública, llamar al personero y a las agencias de emergencia”.
Visibilizar los confinamientos
Elizabeth Moreno fue clara cuando habló de lo que significa estar confinado: es cuando las personas en sus territorios no pueden salir a ejercer sus prácticas tradicionales libremente, es decir, no se pueden mover en su tierra. Por eso explicó que “se le debe dar una mirada a la población confinada. Tratamos de visibilizar a los desplazados, pero hay personas que se quedan haciendo resistencia, velando por los intereses comunitarios”. Y agregó que cuando salen del confinamiento, se van y no retornan.
Retornar a la tierra
“No hay acompañamiento en el retorno. Decir que vamos a ofrecerles un acompañamiento y que haya garantías de no repetición es mentira, eso no funciona. Es más, si hubo combates muchos quedan confinados allá, porque si el combate fue acá, ya hay antecedentes. Cayeron en las minas, el muchachito cogió el artefacto y se explotó, a la gente le da miedo”, contó Miguel Duarte.
Por eso la petición es de acompañar los procesos de retorno y reparación colectiva, que siguen pendientes. De hecho, Ramón Rodríguez, el director de la Unidad para las Víctimas, dijo que su compromiso es avanzar en los procesos de reparación colectiva y que han cerrado seis de estos. Además, está la preocupación de la posible terminación de la ley 1448. A esto, Rodríguez explicó que están avanzando para tener una propuesta en noviembre y poder extender la ley.
Para esto, quedó claro, es vital promover la presencia del Estado en estas zonas de riesgo, que son de difícil acceso. Las comunidades se quejan de que cuando el Estado se entera de los confinamientos, ya ha pasado mucho tiempo.
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