“Confío en que continúe la implementación del Acuerdo de Paz”: Alberto Brunori

Noticias destacadas de País

Según el representante de la ONU derechos humanos en Colombia, su periodo terminará el próximo 15 de junio y será Juliette de Rivero la nueva vocera del organismo multilateral. De Rivero tiene amplia trayectoria como directora de Incidencia Política en Ginebra para Human Rights Watch.

El próximo 15 de julio Alberto Brunori dejará de ser el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, cuyo cargo venía desempeñando desde marzo de 2018. Según informó esa oficina, el próximo 16 de julio el representante adjunto, Guillermo Fernández Maldonado, asumirá como representante encargado hasta el 31 de julio cuando ya esté en Colombia la vocera en propiedad de dicho organismo.

“Confío en que, según los lineamientos del Secretario General de la ONU, continúe la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, y que las víctimas de violaciones tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición”, escribió Brunori en la comunicación, al tiempo que agradeció a los defensores de derechos humanos, principalmente a las víctimas, por su valiente trabajo.

(También lea: Los choques entre el Gobierno y la Oficina de DD. HH. de la ONU)

La nueva representante, que iniciará su tarea a partir del 1º de agosto de 2020, es Juliette de Rivero, y es la segunda mujer en ocupar este cargo en Colombia. La primera fue Almudena Mazarrasa durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, en 1994, cuando empezó esta oficina en el país.

De Rivero ha sido directora de Incidencia Política en Ginebra para Human Rights Watch. Desde esa instancia, hizo varias intervenciones para rechazar la actitud de Estados Unidos frente a los derechos humanos. “La decisión de EE. UU. de abandonar el consejo, es errónea. Necesitamos gobiernos que se comprometan a hacer de este un órgano efectivo, y lo que no podemos tener es gobiernos selectivos en su enfoque de los derechos humanos”, dijo entonces De Rivero.

En ese cargo, también condenó ese año el rechazo que hizo el gobierno de China al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “En medio de la creciente represión hacia los abogados de derechos humanos en China, una restricción asfixiante a la libertad de expresión, y una represión continua en el Tíbet, el Gobierno chino ha tratado de encubrir su historial de derechos humanos con la esperanza de que la ONU mire hacia otro lado”, enfatizó Juliette de Rivero a mediados de 2009.

En enero de 2014, la organización HRW denunció que Vietnam incumplía compromisos con los derechos humanos y pidió a los países miembros de la ONU exigir una mejoría a este país asiático. Principalmente en derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación, religión, derechos laborales, de la propiedad de la tierra y a un juicio justo. “El gobierno vietnamita ha hecho muchas promesas sobre los derechos humanos, pero ha cumplido muy pocas”, dijo Juliette de Rivero.

La historia de esta oficina con los diferentes gobiernos de Colombia, incluido este, ha sido compleja por la constante violación a los derechos humanos que existe en el país. Por ejemplo, en febrero pasado, cuatro funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Iván Duque, manifestaron su descontento con el informe anual de derechos humanos que entregó la Oficina de la Alta Comisionada para esos asuntos de Naciones Unidas, en el que cuestionó los asesinatos contra líderes sociales y el uso desmedido de la Fuerza Pública, especialmente Del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Emad). “Aunque el informe reconoce que el 98% de los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del Eln, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, evita expresar censuras contra el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales, y contra sus crueles atentados terroristas contra la población civil, que otras instancias internacionales sí condenan directamente”, fue uno de los reclamos de la Cancillería colombiana.

(También lea: ONU pide transformar el Esmad tras hechos irregulares durante el paro)

Así las cosas, en ese momento el Gobierno dijo que las consideraciones reflejadas en el informe rayan en opiniones políticas, pero Brunori respondió que eran realidades que observaba con su equipo de trabajo a lo largo y ancho del país y fue respaldado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michel Bachellet: “No somos ni fuente de oposición ni mucho menos. Estamos acá para ayudar. A veces tenemos que decir las cosas difíciles, pero es nuestra función”, concluyó Brunori.

Comparte en redes: