Países del Consejo de Seguridad de la ONU piden reforzar la seguridad de líderes y excombatientes

La canciller Claudia Blum respondió ante los delegados de los países miembro los avances y desafíos del Gobierno en la implementación del Acuerdo.

Foto: ONU

El más reciente informe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, que verifica la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y que en esta ocasión cubrió el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, fue presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU este jueves 21 de febrero.

El representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, resaltó las prioridades que resalta el documento para la implementación del Acuerdo, como la protección de la vida de excombatientes y líderes, el esfuerzo en la reincorporación, la presencia integral del Estado en todas las regiones del país, además del apoyo del Estado y la sociedad al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

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Massieu destacó que en los últimos cuatro años ha habido avances importantes, a pesar de grandes desafíos como la violencia y la pandemia: “Las oportunidades de paz eran impensables hace una década y los que más han sufrido del conflicto poco a poco han visto la llegada del Estado”.

Países como Irlanda, India, México, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, China o Francia celebraron los logros visibles que se han dado en cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz. Destacaron que la gran mayoría de excombatientes sigue firme en su cumplimiento y dejación de sus armas, los proyectos de reincorporación que brindan oportunidades de desarrollo, el funcionamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los avances en el esclarecimiento de la verdad por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

También mostraron gran expectativa para lo que se avecina en 2021, como las primeras conclusiones y sanciones que sacará la JEP, un hecho que el representante del Reino Unido destacó como “un punto de inflexión en el proceso de paz”. Por esta razón, también llamaron la atención sobre la importancia de respetar la autonomía de estas entidades y respaldar su funcionamiento con recursos.

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Con respecto a los excombatientes de las antiguas Farc, si bien los representantes manifestaron gran progreso en su reincorporación, sí solicitaron que se avance de manera más rápida en la adquisición de tierras y en la respuesta institucional y presupuestal para financiar sus proyectos, como lo manifestó la representante de Noruega.

Sin embargo, para los países miembros su preocupación más grande es la situación de inseguridad en la que se encuentran las y los líderes sociales, ambientales, indígenas, afro, LGBTI, mujeres y excombatientes, y defensores de derechos humanos. De acuerdo con el mismo informe, la Misión verificó 73 asesinatos de excombatientes en 2020, convirtiéndolo en uno de los años más violentos para esa población, junto con 2019, cuando ocurrieron 77 homicidios. Y en lo que va de 2020 se han presentado cuatro asesinatos a exFarc, para un total de 252 integrantes de la antigua guerrilla asesinados desde 2016.

Una de las voces más críticas fue Rusia. Su representante aseguró que el informe devela grandes falencias en la implementación del Acuerdo y que no ha habido los suficientes progresos en todos los puntos, “confirmado por la desazón que vimos en las calles el año pasado”. Además, agregó que se debe avanzar en el problema del narcotráfico y que entablar un diálogo con el ELN es clave para una paz duradera.

Todos los países miembros instaron al gobierno del presidente Iván Duque a que refuerce la seguridad de excombatientes y líderes sociales, le inyecte más recursos a la Unidad Nacional de Protección y se implemente la Comisión Nacional de Garantías o una política pública para desmantelar las nuevos grupos armados que han surgido después de la firma de paz con las Farc.

Por su parte, Irlanda y México pidieron garantizar la aplicación el enfoque de género en la implementación, la participación política de las mujeres y su protección. Asimismo, instaron a que se brinde atención en salud mental para las víctimas superen las secuelas de la guerra.

Luego de escuchar todas las intervenciones, la canciller Claudia Blum respondió que el presidente Iván Duque está comprometido con la implementación del Acuerdo y que, desde 2002, Colombia ha demostrado una disminución en las cifras de violencia.

Si bien aceptó que el mayor reto para el gobierno colombiano sigue siendo la seguridad de las comunidades, líderes, defensores y excombatientes, manifestó que sí se han desplegado medidas para protegerlos, como 272 esquemas de protección individuales y colectivos y 71 condenas contra los responsables. La Fiscalía, señaló la canciller, ha podido hallar que las disidencias de las Farc son las responsables de los asesinatos en un 77% de los casos.

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También afirmó que los PDET seguirán llegando a los 170 municipios priorizados del país y que esa es la mayor evidencia del cumplimiento de la paz con legalidad del Gobierno. Por otra parte, añadió que en 2020 se asignaron 148,8 millones de dólares para el Sistema Integral de Verdad y que en 2021 se aseguraron 4,2 billones de dólares para la adquisición de predios de los excombatientes. También, Blum indicó que un gran paso fue la prórroga de la Ley de Víctimas por diez años más, que garantizará la reparación de las víctimas.

Finalmente, de parte del presidente Iván Duque, la canciller le pidió una adición a la Misión de Verificación para que siga las sanciones que impondrá la JEP este año.