Defendamos la vida, la campaña europea por los líderes sociales

Líderes sociales con los embajadores durante la jornada de siembra de árboles en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en marzo pasado. / Fotos: archivo particular

Casi siempre, antes de ser asesinados, los líderes sociales han recibido algún tipo de amenazas en las que los homicidas les advierten de su muerte con ramos de flores, sufragios, mensajes de texto o panfletos. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y lo corrido de este año se registraron 1.143 amenazas contra líderes sociales por ejercer la labor de defender los derechos humanos en sus territorios. Este flagelo, que sigue siendo el preludio de sus muertes, llevó a la Delegación de la Unión Europea en Colombia y a sus países miembros, en junio del año pasado, a liderar la campaña “Defendamos la vida”, que pretende acompañar a 45 líderes sociales que están en riesgo latente y que, como otros miles, hacen las veces de Estado en sus comunidades, algunas de ellas, en las venas del conflicto armado colombiano.

Muchos de los 515 líderes asesinados en el mismo período, según datos de la Defensoría, recibieron algún tipo de esas amenazas. Por eso, este flagelo se combate atacando la estigmatización, dice el embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, quien acompaña a cuatro líderes sociales de los departamentos de Nariño, Chocó, Bolívar, Bogotá y Caldas, donde, según la organización Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de este año fueron asesinados 57 líderes sociales, algunos por estar a favor de la sustitución voluntaria de cultivos de coca —quienes han sido blanco de bandas del narcotráfico—; otros, por ser autoridad en los procesos comunitarios. “No nos corresponde dictaminar medidas específicas, pero me parece fundamental avanzar sobre cuatro ejes prioritarios: la protección individual y colectiva, la no estigmatización y la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de decisión y la lucha contra la impunidad”, puntualiza el diplomático francés.

Fátima Muriel es una de las lideresas apadrinadas por otra de las embajadas europeas. Ella es la líder de un grupo de mujeres de varios municipios del Putumayo que constituyeron la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida. En medio de los hijos huérfanos que iba dejando la guerra, a inicios de la década del 2000 Muriel empezó a denunciar todos los abusos de los grupos armados, legales e ilegales, pues muchas mujeres estaban siendo sometidas por los armados. Así nació la red que agrupa a indígenas y campesinas del Putumayo, que lucha por defender la que llaman “la puerta de la Amazonia colombiana”, de los intereses de las empresas petroleras con las que mantienen disputas jurídicas y verbales en ese territorio. Lideran la sustitución voluntaria de los cultivos de coca y mantienen la exigencia al Gobierno de que implemente el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Los campesinos solo alcanzaron a firmar los pactos y nada más. Muriel y sus colegas siguen recibiendo amenazas y desde el año pasado está desaparecida Deyanira Guerrero.

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“La campaña nació exactamente hace un año, así que este momento es oportuno para reflexionar sobre los logros y alcances e ir pensando en cómo coordinar las futuras acciones. Esto es importante porque en los últimos meses lo que hemos visto es que la violencia contra los defensores y líderes sociales no ha disminuido a pesar de la cuarentena”, comenta Barbora Cardona Ševčíková, cónsul de la República Checa en Colombia.

Y lo refiere, porque, como lo dio a conocer la organización Somos Defensores, entre enero y marzo de 2020, 47 líderes sociales fueron asesinados. “Colaboramos desde hace cinco años con líderes indígenas de La Guajira. Admiro mucho su resolución y valentía de arriesgar la vida por defender los intereses colectivos. En el caso particular de Marcela Epiayú y Javier Rojas, de la Asociación Shipia Wayuu, el trabajo se centra en proyectos productivos (de pesca, producción de artesanías, etc.) y defensa de los derechos fundamentales de los pobladores de La Guajira. El foco siempre ha sido la salubridad de los niños, prevención de malnutrición y de la mortalidad infantil, que es tradicionalmente muy alta en esta región. En efecto, Javier Rojas y su familia han sido perseguidos, amenazados y atacados físicamente, y miembros de su familia y comunidad han sido asesinados”, resalta la diplomática checa.

Otro de los rostros visibles de esta campaña, quien ha sufrido amenazas sistemáticas, es Leyner Palacios, actual secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y líder natural de las víctimas de Bojayá (Chocó). De ese territorio, salió exiliado a mediados de enero de este año a raíz de la sentencia de muerte, vía telefónica, que le hicieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (llamadas por los militares Clan del Golfo). En marzo pasado, en el suroriente de Cali, fue asesinado Arley Hernán Chalá, de 24 años, quien se desempeñaba como escolta del líder social de Bojayá. Palacios está acompañado por la Embajada de Alemania. “Detrás de esa visibilidad está la intención concreta de que no los maten”, dice el representante de ese país en Colombia, Peter Ptassek. “Nuestro análisis nos llevó a la conclusión de que la visibilidad ayuda, es más fácil asesinar a una persona desconocida en regiones apartadas del país, donde las noticias no alcanzan resonancia nacional”, enfatiza. No obstante, reconoce que la pandemia ha disminuido la visibilidad la función de los líderes sociales en la paz de Colombia y ha servido de cortina para que se cometan más crímenes.

Una de las tareas de los embajadores de la Unión Europea (UE) ha sido visitarlos en las regiones sin importar qué embajada los está acompañando, “es decir, todos los líderes son considerados un bien común de la UE que queremos proteger. Los invitamos a nuestras actividades, algunos de ellos nos acompañaron con un rol activo en nuestro día nacional”, remarca Ptassek. En marzo pasado, previo al inicio de la cuarentena en el país por la pandemia, varios líderes sociales estuvieron en Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, junto con los embajadores, con quienes, para visibilizar sus labores, sembraron tres árboles para significar tres derechos universales: la vida, la libertad y la seguridad.

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Erlendy Cuero es otra de las lideresas apoyadas por los diplomáticos. A ella le mataron a doce de sus familiares en medio de la guerra. La última víctima fue su hermano Bernardo Cuero, el fiscal nacional de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), asesinado en Malambo (Atlántico). Erlendy, a pesar del dolor que la embargó, decidió convertirse en la vicepresidenta de la Asociación. La defensora de derechos humanos nació en Buenaventura, en donde también fue abusada sexualmente por los armados y desde donde ha defendido a los afrodescendientes que emigran todos los días desde los pueblos del litoral Pacífico por el miedo a la muerte. Ella dice que lo que hizo fue no quedarse callada. Ha sufrido varios atentados y organismos internacionales como la CIDH han emitido medidas cautelares, exigiendo al Estado que le brinde protección. Denuncia que muchos de los jóvenes que salen desplazados del Pacífico están muriendo en la guerra urbana en la periferia de Cali. “La mayoría de los jóvenes y niños asesinados en el barrio Llano Verde son afrodescendientes”, denuncia.

La campaña también pretende denunciar la estigmatización que sufren los líderes sociales a diario por actores políticos y armados. No es un secreto que, desde que existía el conflicto armado con las Farc, los defensores han sido señalados como un brazo de los actores armados ilegales, lo que les ha costado la vida. “El mayor logro de la campaña es el de dar visibilidad al trabajo que estos líderes realizan en lugares remotos y en condiciones muy difíciles que, de otra forma, no se sabría. No solo para las autoridades colombianas, sino también para la sociedad en general. La campaña también permite dar una muestra más de la preocupación que la comunidad internacional tiene por el trabajo que estas personas realizan”, dice Pablo Gómez de Olea, embajador de España.

Alexánder Molina es otro de los líderes apoyados por los embajadores europeos porque, meses después de empezar a impulsar la sustitución de cultivos de coca en la región del Catatumbo (Norte de Santander), recibió 22 amenazas. Firmó acuerdos con el Estado en el marco del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria (PNIS) y cuarenta núcleos familiares arrancaron los arbustos a principios de 2018. No obstante, tiene muchos reparos por las falsas promesas del Gobierno. “El error más grande fue haber firmado. Después de que firmamos no regresaron (los funcionarios); tocaba pedirles citas, reuniones, asambleas”, dice. “Si me mataran no me dolería tanto; lo que me duele es pensar qué va a pasar con esas personas que no saben todavía defenderse delante del Estado”, asegura. Las medidas de seguridad que les brinda la Unidad Nacional de Protección son muy importantes, dice Martin Sjögren, encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Colombia, “no obstante, los defensores también nos cuentan que requieren medidas de protección y seguridad colectiva para sus comunidades. Esto sería un complemento clave para prevenir la violencia y las amenazas contra ellos”, remarca el diplomático.

Protección colectiva que pasa porque el Gobierno reconozca y fortalezca las guardias civiles que existen en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes, en regiones como el Cauca, donde la guardia indígena o cimarrona, sin armas, hace control territorial en el norte de ese departamento, en donde las balas los siguen masacrado. De otro lado, el estigma sigue aumentado paralelo a los homicidios, como si se tratara de una campaña de desprestigio contra ellos. En Cauca, por ejemplo, una veintena de líderes están desplazados en diferentes ciudades del país, porque durante la cuarentena los sacaron “a cambio de no dispararles”, como les dijeron los hombres de bandas criminales que los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla del Eln. Eso ocurrió en zona rural de El Tambo, selva adentro hacia salir al Pacífico caucano. “He tenido la posibilidad de conocer personalmente a varios líderes y lo que siempre me impresiona es su compromiso y dedicación frente a enormes desafíos y peligros. Por ejemplo, durante una visita a Puerto Asís, en febrero pasado, me reuní con el líder Marcos Rivadeneira para hablar de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Me impactó mucho entender su asesinato, que ocurrió tres semanas después de nuestra reunión, una pérdida enorme para el movimiento social de Putumayo”, recordó Sjögren, de la Embajada de Suecia.