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Con cifras concretas de lo que está pasando en el continente frente a las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, más de diez organizaciones no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas sentarán su voz de protesta porque las amenazas se siguen concretando en homicidios contra esta población en todo el continente, principalmente en Colombia y México, los países que lideran este deshonroso conteo.
Según Viviana Krsticevic, directora del Centro de Justicia Internacional (Cejil), que hace presencia en el país, en 2018, por ejemplo, 321 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo y aproximadamente el 75% de estos casos (241) se cometieron en Latinoamérica. En Colombia, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y junio de 2019 fueron asesinados 462 defensores de derechos humanos. Solo en lo corrido de 2019 ya van más de 29 homicidios y las amenazas y atentados no se detienen.
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Y lo más grave es que la mayoría de estos asesinatos fueron en contra de defensores y reclamantes de tierra y activistas ambientales, quienes se han opuesto a las industrias extractivas y a proyectos de infraestructura en sus territorios, resalta Krsticevic. La cita para reflexionar sobre esta situación es este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Medellín en su versión Nº 49.
El reclamo principal de la sociedad civil frente a este fenómeno está centrado en la impunidad. No hay que perder de vista que, según el programa Somos Defensores, entre 2009 y 2017 en Colombia el 91.4% de los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no fueron esclarecidos ni hubo justicia. Un panorama que no dista de la realidad actual.
“El poco esclarecimiento a estos crímenes potencian y habilitan ciclos de violencia, que coartan la capacidad de las personas en defender derechos y la capacidad de los colectivos de articularse y, en últimas, atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho”, resalta la directora del Cejil.
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Y el ejemplo más concreto que será puesto en debate tiene que ver con el atentado a los 16 líderes afrodescendientes que fueron atacados en mayo en el sur de país. Entre ellos, Francia Márquez, la Premio Medioambiental Goldman 2018, por defender la vida, el territorio y el agua.
Este caso particular ejemplifica la ausencia de una justicia real: aunque la Fiscalía General de la Nación ha dicho que ya casi está esclarecido, vale resaltar que no cuenta con una hipótesis clara de quiénes son los autores intelectuales, como ocurre en la gran mayoría de casos contra personas defensoras asesinadas en Colombia, denunciarán las organizaciones ante la OEA.
“Urgen investigaciones serias, oportunas y exhaustivas, y que la Fiscalía deje de manifestar que los casos están siendo esclarecidos cuando eso no corresponde a la realidad. El o la nueva fiscal tiene un gran reto en este sentido, pero también una oportunidad para mejor abordar las investigaciones y que haya una mayor transparencia”, resaltó Viviana Krsticevic, directora del Cejil.
Los panelistas invitados del encuentro son Cecilia Lozano, lideresa de Mapiripán (Meta); Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos; Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH; y Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.