Dos años de la paz con legalidad

Emilio Archila

Foto: Cristian Garavito

Por: Emilio José Archila Peñalosa*

Hace dos años, cuando el presidente Iván Duque concibió la política de paz con legalidad para estabilizar los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza, fijó el derrotero de las acciones para implementar el Acuerdo y cumplir con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 6,6 millones de colombianos que habitan en las zonas más vulnerables.

Desde entonces, a pesar de que hay metas y cumplimientos trazados a doce y quince años, hemos avanzado en la planeación, las inversiones, la búsqueda de recursos y la ejecución de obras para que las poblaciones vulnerables jamás vuelvan a ser castigadas por las violencias del pasado.

En esas regiones vive el 32 % de las víctimas de los más de nueve millones de personas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, que son el eje de las acciones del Gobierno.

Durante esta administración, 185.000 víctimas recibieron indemnizaciones individuales por cerca de $1,5 billones , y se han entregado 644.000 giros de atención humanitaria a más de 390.000 hogares víctimas de desplazamiento forzado; y con inversión de $416.000 millones, se han otorgado 185.000 indemnizaciones (administrativas y judiciales) por $1,4 billones.

(Lea: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)

La restitución de tierras a comunidades étnicas durante este Gobierno ha sido histórica. Se han presentado 33 demandas para restituir 1’604.000 hectáreas a favor de 14.445 familias indígenas y afrodescendientes en cinco departamentos. Es decir, el 40 % del trabajo adelantado en nueve años se ha liderado en este Gobierno.

El proceso de reincorporación del presidente Duque es uno de los más garantistas respecto a procesos similares en el mundo y cuenta con una hoja de ruta con condiciones únicas para el acceso a beneficios sociales y económicos. Se mantiene el respaldo integral a 12.773 excombatientes de Farc con el 100 % de apoyo económico, afiliación a salud y pensión, y recursos por más de $42.000 millones en 57 proyectos productivos colectivos y 1.300 individuales.

Hoy, 6.506 excombatientes (56 % del total) tienen sostenibilidad económica con proyectos productivos e inclusión laboral, 1.334 niños reciben asistencia alimentaria y 5.745 excombatientes están vinculados a formación académica. Adicional, 12.529 excombatientes (98 %) tienen afiliación a salud y 11.144 (87 %) tienen afiliación a pensión.

Nos preocupa profundamente el tema de seguridad y hemos adoptado medidas de protección para enfrentar las amenazas del narcotráfico y grupos armados. Actualmente, 9.279 excombatientes, que entregaron las armas en el proceso, residen en 432 municipios. Y 2.832 que viven en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) son protegidos por batallones de la Policía y el Ejército.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia de la Policía y el Ejército, se ha logrado el esclarecimiento del 46,8 % de las afectaciones contra personas en reincorporación.

(Vea: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno)

En el desarrollo rural integral, hemos sido proactivos en la planeación, financiación y acciones que podemos detallar así: impulsamos el Catastro Multipropósito, un instrumento esencial para que las entidades territoriales diseñen sus políticas con datos reales, actualizados para garantizar la titulación y formalización de predios rurales.

Gestionamos un crédito internacional por US$150 millones. Hace dos años, el 5,68 % del territorio nacional tenía información catastral. Al terminar este Gobierno la actualización será del 60 %. El catastro nacional estará actualizado al 100 % en 2025.

El Fondo de Tierras cuenta con 1’005.000 hectáreas equivalentes a cinco veces el área del departamento del Quindío. En comercialización llegamos a 53.548 productores en el programa “Coseche y venda a la fija”, con 448 empresas vinculadas y ventas por $819.000 millones.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la clave para transformar la vida de los campesinos en 170 municipios más vulnerables con obras en educación, salud, vivienda, infraestructura, agua y saneamiento básico, recreación, inversiones y reconciliación.

Diseñamos, con la firma Deloitte, la hoja de ruta como único instrumento de planeación para el largo plazo que permita organizar la implementación en los próximos quince años. Hemos entregado 888 obras, por un valor de $141.000 millones, lo que equivale a una obra y media por día. Y los 170 municipios han acogido el PDET como su política de largo plazo.

(Lea también: Gobierno extiende al 31 de diciembre plazo para entrega de bienes de las Farc)

Fortalecimos las fuentes de financiación con recursos de regalías a través del OCAD PAZ, que hoy suman $2,3 billones. En obras por impuestos, con el apoyo de la empresa privada, se han comprometido $677.000 millones en cien proyectos.

Entre agosto de 2018 y junio 2020, el Gobierno ha invertido en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) $950.869 millones a través del Fondo Colombia en Paz, en el que se encuentran inscritas 99.079 familias. El programa no estaba planificado ni financiado. Para su plena ejecución se requieren $4,3 billones.

A través de la Fundación Buffet se logró la consecución de US$50 millones para acciones alternativas de sustitución como formalizar para sustituir y también para financiar proyectos productivos e infraestructura de vías terciarias.

*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.