Edilbrando Huertas: el entierro digno de una víctima de “falsos positivos” 16 años después

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La Fiscalía le entregó el cuerpo a su familia en Bogotá, el pasado 19 de febrero. El hombre fue desaparecido por los paramilitares e inhumado como “guerrillero dado de baja en combate” en Guaviare. Su hija aún está a la espera de que la Fiscalía resuelva quiénes fueron los culpables.

Pasaron 16 años, 10 meses y 26 días para que la familia de José Edilbrando Huertas supiera con certeza qué había pasado con él desde que lo dieron por desaparecido en 2004. La cuenta exacta la menciona Yudy, una de sus hijas, quien marcaba el paso del tiempo, sin falta, hasta el pasado 19 de febrero. Ese día, la Fiscalía General de la Nación le entregó el cuerpo de su padre, un campesino a quien el Ejército hizo pasar como guerrillero dado de baja en combate, luego de que un grupo de paramilitares se lo llevaran con los brazos atados en un camioneta en la vereda La Unilla, en el municipio de Retorno (Guaviare).

Desde que desapareció, a Amalia Ballesteros, esposa de Edilbrando, le dijeron que había sido asesinado ese mismo día que se lo llevaron. Los habitantes de la zona aseguraron que escucharon varios impactos de bala, minutos después de que vieran cómo se lo llevaban a la fuerza. Entonces Amalia, con un bebé de seis meses en brazos, acudió a las oficinas de la Fiscalía en San José del Guaviare para denunciar lo ocurrido con su esposo por el delito de desaparición forzada. “A mi mamá le dijeron que no le podían recibir esa denuncia porque de pronto él se había ido con otra, entonces que no era desaparición”, cuenta Yudy.

En San José, antes de regresar a la finca, Amalia se enfrentó a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los cuestionó fuertemente por información sobre el paradero de su esposo. Según el relato de su hija, ella regresó de milagro a la finca, que estaba ubicada a cuatro horas de la capital del Guaviare, porque “desde ese momento los paramilitares comenzaron a seguirla. Entonces recibió una llamada intimidante en la que le advirtieron que la estaban buscando para asesinarla”.

Sin pensarlo dos veces, Amalia empacó maletas con lo poco que le cabía y emprendió un viaje hacia Bogotá junto a sus cinco hijos. Sin embargo, su esperanza por encontrar algún rastro nunca se apagó. En 2009 volvió a ir hasta la Fiscalía en Bogotá donde le aceptaron la denuncia por homicidio. Pero en 2012, recibió una resolución en la que el ente investigador anunciaba que había archivado el caso por falta de resultados y material probatorio. Fue hasta 2017, seis años más tarde, que la investigación tuvo un primer avance. “Nos llamaron a decirnos que había unas fotos de un cuerpo que teníamos que identificar. Cuando las recibimos, corroboramos que sí, ese rostro era el de mi padre”.

La familia de Edilbrando fue víctima de desplazamiento forzado y su proceso de acoplamiento en la capital del país fue difícil, como siempre sucede con las víctimas de desplazamiento. Los primeros meses vivieron las siete personas, en una habitación al sur de Bogotá, entre ellas un bebé de tres años, nieto de Edilbrando. Tuvieron que “rebuscarse” la forma de sobrevivir, pues su padre era el proveedor del hogar. “Mi mamá consiguió un trabajo como niñera, pero tuvo que ser vendedora ambulante mucho tiempo. Mi hermano trabajó en un asadero de pollos y nosotras, con mi hermana, trabajábamos en lo que saliera”, recuerda.

Sus hermanos, mientras trabajaban, comenzaron a estudiar carreras técnicas y tecnológicas en el Sena. Pero Yudy, con el sueño de ser profesional, aplicó dos veces a la carrera de Medicina y Trabajo Social en la Universidad Nacional. “Tenía la intención de entender más sobre Colombia, de aprender sobre el conflicto armado que hemos vivido y de comprender, desde otras ramas, lo que habíamos vivido cuando yo tenía 17 años”. Yudy, entonces, entró a estudiar Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás.

Allí, en sus cinco años de carrera, jamás mencionó su historia como víctima del conflicto armado. Ni a sus compañeros o más cercanos amigos. La única excepción que hizo fue con dos profesoras con quienes hizo más afinidad y fueron sus guías en el camino contra la impunidad: “Ellas me dijeron que acudiera al Movimiento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Allá, luego me contactaron con el Equipo Jurídico Pueblos, que fue donde nos asignaron con la abogada Gloria Silva y luego la organización Equitas (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial) nos acompañó también en el proceso”.

En 2017, reciben una llamada de un investigador de justicia transicional de la Fiscalía en Villavicencio, que les avisa que consiguieron un expediente de la Justicia Penal Militar sobre un caso que podría ser el de su familiar. En la tarde, ese mismo día, les enviaron unas fotografías del levantamiento de un cuerpo que no habían logrado identificar, pero que coincidía con las facciones y características de Edilbrando. De inmediato, asegura, supieron que era él. “Su rostro estaba intacto”, dice.

En ese momento se comenzó a reconstruir la información. Les dicen que el levantamiento del cuerpo fue en San José del Guaviare, a cuatro horas de distancia de la vereda de donde se lo llevaron. Según los investigadores de la Fiscalía, fue inhumado en el cementerio público como “guerrillero muerto en combate” y como no identificado.

El 8 de septiembre de 2018, viajaron hasta este lugar para acompañar los procesos de exhumación forense de la Fiscalía. Esa fue la última vez que fueron al Guaviare. Y, esperan, no tener que volver nunca más: “Uno extraña muchas cosas de la vida en el campo y allá pasamos los momentos más felices de nuestra vida, pero también los más triste. No quisiéramos regresa nunca más”.

Después de la exhumación en 2018, vinieron los cotejos de ADN con la familia y un proceso de años para la entrega del cuerpo. En 2019, de hecho, cuando Yudy ya había terminado sus estudios universitarios y se supo que pronto entregarían el cuerpo de su padre, le dan otra noticia que, para ella, no es coincidencia: su grado universitario iba ser el 24 de marzo, a las 3:00 de la tarde. Precisamente, el 24 de marzo de 2004, a esa misma hora exactamente, ella y su familia estaban recibiendo la noticia de la desaparición de Edilbrando. “Para mí eso significó que él estaba allí conmigo acompañándome. Y aunque por la pandemia no hubo ceremonia, lo sentí y supe que por eso todo ocurrió en la misma fecha”.

La entrega digna

Justo cuando el país debatía sobre la existencia y magnitud de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército entre 2002 - 2008, por las revelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el viernes 19 de febrero, la Fiscalía por fin les hacía entrega a la familia Huertas del cuerpo de José Edilbrando, una víctima de este fenómeno que estudia la justicia transicional.

Según la JEP, entre 2002 y 2008, hay al menos 6.402 víctimas de este crimen. Pero Edilbrando es una prueba de que existe un subregistro que puede hacer crecer la cifra mucho más, según denuncian las organizaciones sociales. La familia Huertas no está acreditada como víctima en la JEP y dentro de la priorización que hizo el Tribunal de Paz, el departamento de Guaviare será abordado en una segunda tanda, con Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Sucre y Putumayo.

El cuerpo de Edilbrando fue entregado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Aunque sus familiares agradecen a la justicia ordinaria por darles la tranquilidad de enterrar a su padre, dicen que hubo muchas injusticias en el camino. “Nosotros hicimos varias peticiones a la Fiscalía porque no queríamos que el acto simbólico de entrega se volviera un espacio institucional y político. No queríamos letreros de la Fiscalía sino que queríamos que fuera una verdadera entrega digna, en honor a la memoria de mi padre”.

También se negaron a que fuera inhumado en un cementerio público de la capital y eligieron el camposanto Jardines del Apogeo como el sitio donde descansarían los restos de Edilbrando. Su petición no era un capricho. Según ella, en vida, su padre había pedido que el día que muriera fuera enterrado en este cementerio, al lado del de sus padres y hermanos. “Nos encontramos siempre con un rifirrafe entre lo que decía el decreto y lo que queríamos como familia, por eso, rechazamos los protocolos fúnebres de ellos”. En ese momento, diseñaron un flyer y crearon un grupo en Facebook para recibir donaciones económicas que les ayudara a solventar todos los gastos.

En la campaña recogieron $6.500.000, dinero que les ayudó a cubrir un entierro digno, por el que tuvieron que esperar más de 16 años. Pero allí se toparon con otra dificultad. El pasado viernes, en medio de la ceremonia, la Fiscalía les dijo que no había contratado el coche fúnebre para trasladar el cuerpo de Edilbrando desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hasta el camposanto. “Tuvimos que coger un taxi con el cofre de los restos de mi padre y asumir ese gasto por nuestra cuenta”.

Ese día su familia preparó un homenaje a su memoria, obedeciendo los deseos de su padre en vida. Siempre pidió que lo recordaran de la mejor manera posible y con su canción preferida:

“Cuando yo me muera no quiero que lloren,

Hagan una fiesta con cohetes y flores,

Y se sirva vino y que traigan mariachis,

Para que me canten mis propias canciones”.

Con la tierra encima es el nombre de la canción del Charrito Negro que acompañó el acto simbólico de entrega de ese viernes en el que se reunieron Amalia, la esposa, sus seis hijos, cuatro nietos, un hermano y un cuñado.

Sobre el césped del cementerio tejieron juntos una mandala que decoraron luego con las frutas que más le gustaban a él: manzanas, granadillas, naranjas y mandarinas. También pusieron cartas y fotografías en honor a su memoria. “A él le encantaba el fútbol, entonces hicimos letreros con una frase que repetía todo el tiempo ‘Millitos Campeón’”, comenta su hija.

La forma de inmortalizar a su esposo, padre y abuelo es preservando su memoria. Tres de los hijos de Edilbrando (Marlon, Jazmín y Yadira) llevan tatuado mensajes en su cuerpo, para recordar a su padre. Su nieto mayor (Sebastián), que tenía tres años al momento de su asesinato, tiene tatuado un infinito que se parte a la mitad para simbolizar la ruptura del núcleo familiar.

Si bien el proceso aún no termina porque las investigaciones judiciales continúan y la lucha contra la impunidad sigue, ahora tienen el consuelo de saber dónde está: “Podremos ir a visitarlo al cementerio, con la certeza que ahí está, de que ese sí es su cuerpo y con la tranquilidad de haberle dado una despedida digna”.

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