La población civil sigue con miedo

“El 50 % de Bojayá está vedado para el Ejército”: alcalde

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Edilfredo Machado dijo que le preocupa la llegada de las Agc, el reclutamiento de menores y los desplazamientos masivos. Amenazaron al líder social Leyner Palacios. Mininterior asegura que la Fuerza Pública tiene la zona bajo control.

Después de la denuncia comunitaria sobre la toma del territorio de Pogue, en Bojayá (Chocó), por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), asociadas al llamado Clan del Golfo, el pasado 31 de diciembre, el alcalde del municipio de Bojayá, Edilfredo Machado, aseguró que de los 13.000 habitantes que hay en el casco urbano y los corregimientos, unas 7.000 personas estarían afectadas por la presencia de las Agc.

Daniel Palacios, ministro del Interior (e), expresó que la Fuerza Pública hizo presencia en la zona el 2 de enero y que a la fecha “no existe una fuerza mayoritaria de 300 hombres” de esos grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo insistió en que desde octubre del 2019 advirtió por medio de alertas tempranas del alto riesgo que corre la población por la presencia de las Agc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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El coronel Darío Fernando Cardona, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que estará al frente de las tropas en el corregimiento de Pogue “hasta que sea necesario”. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el alcalde de Bojayá aseguró que “el Estado solo aparece cuando hay una emergencia o masacre” y que llevan años pidiendo asistencia integral por parte del Gobierno. Hablamos con él antes de que se conocieran las amenazas de muerte contra el líder social Leyner Palacios

Además de Pogue, ¿qué comunidades están confinadas?

La última comunidad que se han tomado las autodefensas fue Pogue, pero desde noviembre del 2019 veníamos alertando de la llegada de las Agc a las comunidades de La Loma de Bojayá, Boca, Opogadó y Cuía. Sabemos que están avanzando hacia las comunidades indígenas, hacia la ribera de los ríos Napipí, Opogadó, Bojayá y Cuía.

¿Cuáles son sus labores al respecto? ¿Qué se está haciendo?

En este momento tenemos confinadas alrededor de 7.000 personas que no pueden salir a realizar sus actividades diarias de pancoger. Esa población en su mayoría es indígena y está hacia la ribera de los ríos Cuía, Bojayá, Opogadó y Napipí.

¿Han podido hablar con alguien de la comunidad de Pogue? ¿Qué han dicho?

Lo que ellos nos han dicho es que desde el 2 de enero en la mañana, cuando llegó el Ejército Nacional a la zona, los grupos armados se fueron. En el casco urbano no están, pero sí en la zona rural alrededor.

Ustedes, desde la Alcaldía, ¿qué medidas han tomado frente al tema?

Es un tema muy complejo porque no está en manos del alcalde, pero hemos hecho la denuncia ante el Gobierno Nacional. Las alertas tempranas las hemos tenido desde hace más de un año, pero no se ha hecho absolutamente nada. El Estado solo aparece cuando ocurre algo, cuando hay una catástrofe, no hay asistencia integral.

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¿Qué otras problemáticas sociales tiene la población?

En este momento nos tienen muy preocupados unos brotes en la piel de algunas personas de la población. Hay 7.000 personas afectadas directamente por los confinamientos, pero prácticamente somos todos, los 13.000, los que estamos confinados y no podemos salir a nuestros cultivos de pancoger, entonces tenemos mucha desnutrición. También hay niños que han venido presentando brotes en la piel que no hemos podido identificar.

La respuesta que han dado las autoridades fue reforzar la Fuerza Pública en la zona. ¿Usted cree que esa es la solución?

En Bojayá, en 2016, casi todos votamos a favor del Acuerdo de Paz porque creemos que la verdadera solución son el diálogo y la reconciliación. En este momento necesitamos intervención integral, no solo del Gobierno, sino de la comunidad internacional, pero que no sea solo refuerzo armado sino intervención integral. La confrontación armada no es la solución al problema.

Hay denuncias de algunas personas por la instalación de minas antipersonales en los territorios. ¿Qué lugares están siendo afectados?

Principalmente en Cuía hay sospecha de minas antipersonales y en otras 10 comunidades afros y 21 indígenas.

¿Hay zonas vedadas en Bojayá para el Ejército?

Sí, claro, las zonas donde operan los grupos al margen de la ley han estado vedadas siempre. Estimamos que es un 50 % de Bojayá que está vedado para el Ejército y para la misma población civil.

¿Cuál es la ruta de narcotráfico que ustedes creen que se mueve por Bojayá?

El principal río es el Napipí, porque se comunica con bahía Solano, en cuestión de cuatro horas se pasa del Pacífico al Atlántico. Además, la comunicación del canal interoceánico al Atrato Truandó se hace por Napipí. El territorio de Urabá es una ruta por la que se llega muy fácil a Panamá.

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Frente al narcotráfico, ¿es verdad que no ha llegado el programa de sustitución de cultivos ilícitos al departamento del Chocó?

No solo el programa de sustitución de cultivos ilícitos que nos prometieron, sino ninguno de los proyectos del posconflicto ha llegado al Chocó. Ninguno. Necesitamos ayuda del Gobierno Nacional porque no nos ha cumplido.

¿Cuántas comunidades en Bojayá no tienen servicios públicos?

En este momento, las 33 comunidades indígenas que hay en Bojayá: ninguna tiene servicio de alcantarillado, acueducto ni energía eléctrica. Y el 100 % de la población, incluyendo resguardos y comunidades afros, no cuentan con servicio de agua potable, ni siquiera la cabecera municipal.

¿Usted cree que al Gobierno no le importa Bojayá?

El Estado colombiano es reaccionista y sólo responde cuando se presentan situaciones como la que hoy lamentamos en Pogue. Reacciona por la presión de la comunidad internacional y de los medios, pero no hay determinación de resolver los problemas sociales que padecen las comunidades.

¿Y el reclutamiento de menores?

No tenemos registro preciso de reclutamiento de menores en Bojayá, pero hay algo que nos preocupa mucho: el pasado 24 de diciembre, los únicos regalos que recibieron de Navidad muchos de los niños de nuestras comunidades fueron de las Agc. Las autodefensas llegaron a regalarles juguetes y a las familias les llevaron cerdos y reses, pero necesitamos que sea el Estado el que les supla esas necesidades a la comunidad.

¿Qué les ha dicho el presidente Duque sobre el tema?

Lo único que nos ha comunicado el general del Ejército es que él los envió para mejorar la seguridad en la zona, pero el presidente Iván Duque no se ha comunicado con la Alcaldía de Bojayá.

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