El excombatiente que pide al Estado que lo proteja de integrantes del Ejército

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Armando Rodríguez o “Daniel Reyes” lleva casi cinco meses esperando medidas de protección de distintas entidades luego de denunciar que militares vestidos de civil atentaron contra su vida. Tuvo que salir desplazado de Vista Hermosa (Meta) y presentó una tutela para que le garanticen su seguridad.

Armando Rodríguez Ibarra, o Daniel Reyes como lo conocen desde que formó parte de las Farc, atiende esta entrevista desde algún punto del oriente del país que prefiere no revelar. Llegó allí hace casi cuatro meses, cuando tuvo que salir huyendo de su natal Vista Hermosa, en Meta, por miedo a ser asesinado y engrosar la lista de los otros 199 excombatientes de esa guerrilla que han matado desde que se firmó el Acuerdo de Paz. En medio de hostigamientos y amenazas emprendió un recorrido por varias entidades reclamando medidas de protección que hasta hoy no han llegado.

Según su relato, y como consta en la denuncia que puso en la Fiscalía, el pasado 22 de enero, cuando se dirigía en su moto a su finca en la vereda Maracaibo luego de concluir una reunión con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el pueblo de Vista Hermosa, se percató de que dos hombres lo perseguían en una moto. Según dijo, en un paraje desolado de la vía los hombres, vestidos de civil, portando botas de caucho y pistola en mano, lo abordaron y le ordenaron que se detuviera. De inmediato sintió su vida en riesgo y aceleró su moto, mientras los dos desconocidos se dieron a la persecución. Como los hombres lo alcanzaron, decidió abandonar la moto y se escabulló por el monte. Al sentirse seguro alertó a su familia y a organizaciones de derechos humanos con las que tiene contacto en Vista Hermosa.

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Una vez estas personas lo encontraron en ese punto, recibió una llamada de un hombre que se identificó como el sargento García del Ejército (este diario estableció que se trata del sargento Edwin García, del Batallón de Operaciones Terrestres número 6 de Vista Hermosa), quien le aseguró haber sido él quien lo había perseguido hace unos instantes, al pensar que se trataba de un extorsionista. Minutos después el sargento llegó al lugar y le dijo que fueran al batallón para aclarar lo sucedido. En ese trayecto también lo abordó el coronel William Ernesto Peña, comandante de dicho batallón, quien le reafirmó que se había tratado de un error. Tanto el sargento como el coronel, dice el excombatiente, le sugirieron “dejar así” y no llevar el asunto a mayores.

Lo que profundizó la desconfianza del exguerrillero es que, primero, estuvieran de civil y con las armas a la vista y, segundo, que lo hubieran abordado en un paraje sin población cuando en el camino pasó por varias veredas y caseríos donde pudieron haberlo detenido. Por eso, el 28 de enero interpuso la denuncia por esos hechos ante la Fiscalía.

Consultado por este diario, el coronel Manuel Guillermo Gracia, comandante del Comando Específico del Oriente, al que está adscrito el batallón de Vista Hermosa, defendió el actuar de los militares y aseguró que se trató de una operación completamente legal. Sostuvo que los soldados iban de civil, pues estaban realizando una misión de inteligencia en una zona que ha sido blanco de constantes extorsiones por cuenta de grupos delincuenciales organizados y disidencias de las antiguas Farc.

“Ellos estaban realizando una misión de inteligencia sobre esa área, el excombatiente se asusta y de manera repentina da la vuelta de una forma muy rápida, lo cual causa una sensación de peligro para ellos, y es cuando proceden a hacer la persecución”, dijo el coronel Gracia. Sin embargo, ante la denuncia presentada por el exguerrillero, dijo que se abrió una investigación disciplinaria contra los dos integrantes de ese batallón para establecer si se cometieron irregularidades, por ejemplo, en el hecho de que después de lo sucedido le sugirieran al excombatiente no denunciar. Mientras tanto, el sargento García, involucrado en el hecho, sigue activo en el batallón, aunque no desempeñando esas labores de inteligencia, según dijo el comandante del Comando Específico del Oriente. Sobre la salida de Daniel Reyes del municipio, el comandante dijo que “es una decisión de él”, sobre la cual el Ejército no tiene injerencia.

Pero ese no es el único hecho por el cual Daniel Reyes terminó saliendo del municipio. También hacia finales de enero, el concejal de Vista Hermosa Álvaro Aldenis Barrero lo señaló en repetidas ocasiones de estar haciendo extorsiones en el municipio y afirmó que “el único remedio era matarlo”. Tiempo después, cuando el excombatiente presentó una tutela para pedir protección, el concejal respondió al juez que lo requirió que esa afirmación la había hecho con base en sospechas de unos comerciantes que habían señalado al exguerrillero como el responsable de las extorsiones. Sin embargo, allí mismo se lee que “como no pudo verificar la información y sin más fundamento que una conjetura no entabló denuncia”. Asimismo, hacia mediados de febrero, un hombre abordó a los padres de Daniel en la finca de Maracaibo y les aseguró que a él lo buscaban para matarlo.

Además de la denuncia ante la Fiscalía por lo sucedido con los militares el 22 de enero, Daniel alertó sobre las otras amenazas y señalamientos a la Defensoría del Pueblo regional del Meta y a la Personería de Vista Hermosa. La respuesta de las autoridades, reclama, ha sido más protocolaria que efectiva. En respuesta a su denuncia, la Fiscalía ordenó medidas de protección de la Policía que se tradujeron en una reunión en la que el subcomandante de la estación de Vista Hermosa le entregó al exguerrillero un listado de recomendaciones a seguir para autoprotegerse: “evite la rutina, en la noche camine en lugares bien iluminados, evite vías poco transitadas, descubra los puntos débiles de su residencia y trate de corregirlos, efectúe llamadas cortas”, son algunas de las medidas que debe tomar, según el acta del 4 de febrero.

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La ARN se comprometió a fungir como canal de comunicación entre el excombatiente y las autoridades, y a gestionar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) la solicitud de un esquema de seguridad. Asimismo, dice en el acta de compromisos, que se articulará “con la Policía para que le garanticen medidas de protección”. Entre esas, cuenta el excombatiente, se había acordado una visita regular de un agente de Policía en su residencia, que no se cumplió.

Con todas las autoridades notificadas sobre su situación de riesgo, pero sin obtener medidas de protección efectivas, Daniel Reyes abandonó Vista Hermosa el 20 de febrero. Desde entonces ha permanecido refugiado y, al no obtener garantías de seguridad para volver, en mayo pasado interpuso una tutela con ayuda de la abogada Ángela Pedreros. El juez de Villavicencio que resolvió dicha acción, Mario Alejandro Bravo, la declaró improcedente, según el fallo del 28 de mayo.

El juez argumentó que las entidades que supieron de la denuncia han ejecutado acciones con el fin de protegerlo. “De nada sirve tener recursos judiciales si esos recursos no son los adecuados. De nada sirve que la Policía le dé un acta con dos hojas de recomendaciones de autoprotección o que la UNP saque un documento donde dice que están estudiando el riesgo. Lo que se necesita son medidas reales y efectivas de protección”, dijo la abogada Pedreros.

En los mismos días en que Armando Rodríguez tuvo que salir de Vista Hermosa supo que la ARN había aprobado su proyecto productivo y desembolsado los $8 millones para ejecutarlo. Se trata de una iniciativa ganadera para producción de leche y sus derivados y de venta de becerros que tenía lista, pero que no ha podido llevar a cabo por estar escondido, cuidando su vida.

 

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