‘El Gobierno desprecia la decisión campesina de arrancar la coca’: Eduardo Díaz Uribe

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El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos.

Nuevamente la posición del gobierno Duque frente al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) fue duramente criticada en redes sociales. Esta vez, luego de que se conociera, a través del portal La Línea del Medio, que el presidente rompió el convenio que venía funcionando desde 2017 con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para verificar los avances de dicho programa. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa.

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En entrevista con Colombia2020, Eduardo Díaz Uribe, quien fue uno de los artífices del PNIS y estuvo al frente de ese programa desde su creación hasta el cambio de Gobierno, explicó la gravedad de que se rompiera el convenio con Unodc, afirmó que la actual administración no valora la decisión campesina de arrancar las matas de coca y resaltó, entre otros puntos, que el programa de sustitución es parte de la Reforma Rural Integral, que presenta grandes retrasos.

¿Cuál era exactamente el rol que desempeñaba Unodc en el programa de sustitución de cultivos?

Unodc es una agencia de Naciones Unidas, no es un contratista común y corriente que uno consigue a la vuelta de la esquina. En el caso de los cultivos ilícitos esa agencia ha trabajado con el Estado colombiano desde la época de Álvaro Uribe. En el programa de familias guardabosques intervino Unodc, por ejemplo. Por ello, el Estado colombiano encargó a esa agencia, que es neutral, la elaboración de los informes que todos los años conocemos como Simci, que se hace con el ministerio de Justicia y que monitorea cuántas hectáreas de coca hay en el país. También, le encargó hacer la verificación de cómo avanzaba el programa de sustitución de cultivos, cuyo resultado fue la producción de 19 informes que dan cuenta, sin calificar, de los resultados. Ahí es donde aparece la cifra de las 41 mil hectáreas erradicadas voluntariamente por las comunidades, el cumplimiento del 95% de las familias y una resiembra del 0,4%. Lo cual muestra que el programa es exitoso y que la sustitución es el camino para superar el tema de los cultivos ilícitos, de la mano de los campesinos.

¿Por qué es grave que el Gobierno Nacional haya decidido romper ese convenio?

Al terminar ese contrato, la pregunta que uno se hace es qué hay detrás de esto, qué riesgo hay de que dentro de siete u ocho meses no haya una información fehaciente y veraz de un organismo neutral y con experiencia, como las Naciones Unidas, sobre el avance o las dificultades que puede estar atravesando el programa de sustitución. Quedamos en manos de las interpretaciones que hacen funcionarios públicos. Eso es muy delicado porque ya hubo un incidente reciente en el que un funcionario de alto nivel señalaba que los campesinos estaban sembrando al otro lado de la montaña. Con lo cual descalifica el esfuerzo de los campesinos y siembra dudas sobre algo que Naciones Unidas, de manera técnica, está demostrando que es cierto y es que los campesinos, a pesar de las dificultades que atraviesa el programa, han cumplido su parte, no están resembrando y están siguiendo la ruta diseñada para acabar de manera real con esos cultivos. Esa cifra del 0,4% en la resiembra lo que indica es que esa es la ruta, porque hacerlo con erradicación forzosa o con fumigación con glifosato tiene resiembras que van entre el 40% y el 60%, según las autoridades, lo cual significa que lo que se quita hoy, rápidamente se va a volver a sembrar.

¿Por qué cuestiona el manejo que el gobierno de Iván Duque le ha dado al PNIS?

Ha habido cambios que no comparto y quiero llamar la atención sobre el fundamento de esos cambios. Por ejemplo, cuando los funcionarios de este Gobierno dicen que retirar la coca es lo más fácil para el campesino, que eso no toma más de tres semanas, ridiculizan, desprecian la decisión de los campesinos de pasar de una economía donde prevalece lo ilegal a un nuevo proyecto de vida para ellos y la región. Claro, en retirar las matas se demoran dos semanas en una hectárea, pero esa decisión es fundamental, es la concreción de construir la paz, de transformar el territorio y la vida. Ya miles de familias lo han hecho y eso en lo que demoran dos semanas, es lo que les cuesta la vida a los campesinos, pues los están matando en un segundo.

¿Quiénes los estan matando?

El campesino recibe el 1,4% del total del ingreso que se genera en la cadena de la coca, poco más de un salario mínimo mensual por hectárea. Pero cuando retira esa mata de coca que le genera un ingreso por debajo del mínimo deseable para una familia campesina, le está quitando más de $80, $90 millones a la red del narcotráfico y por eso los asesinan. Y cuando el Gobierno dice que eso es lo fácil, pues está despreciando una decisión de la mayor importancia. Cuando el campesino retira la coca es para que siga un proceso de sustitución que toma mucho más tiempo. Y es probable que se tome más de los dos años que nosotros habíamos previsto, pero ese proceso requiere del acompañamiento permanente del Estado, porque si no, es literalmente un salto al vacío de miles de familias que le apostaron a este proyecto que también es la paz. Hay que estar con ellos, dos, tres, cuatro años, acompañándolos.

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¿Cuáles son esos cambios que sufrió el programa y que no comparte?

El acompañamiento a las familias va de la mano con las instancias de participación dentro del programa. Esas instancias son para sentarse funcionarios del orden nacional, campesinos y funcionarios del orden regional a construir conjuntamente las soluciones a los problemas que el día a día presenta. Esas instancias no se crearon para hacer reuniones porque sí, sino para hacerle un seguimiento al proceso y tomar las mejores decisiones en materia de planificación. Sin embargo, esas instancias no se han reunido. Lo que hay que hacer es poner en diálogo la lógica del técnico con la lógica de las comunidades, la lógica del centro con la lógica del territorio. Y no de manera unilateral. 

¿Por qué hay voces que mencionan que el programa de sustitución se ha deformado?

El programa es una de las piezas clave del Acuerdo de paz y de la transformación del país, pero es parte de la Reforma rural integral. Y el PNIS tiene que venir acompañado no solamente de los proyectos productivos, sino de la reforma rural, es decir, de tierra. Se han venido haciendo los PDET en lo que tiene que ver con bienes públicos y vías, pero no se está haciendo lo esencial, que es la entrega de la tierra a los campesinos. La historia del país está plagada de circunstancias en las que se invierte en vías y en bienes públicos, que es muy importante, pero por no haberse hecho de manera simultánea o previa la entrega de tierra a los campesinos, el resultado es que se valorizan las tierras y terminan siendo expulsados de esos territorios. El 99% de los campesinos en estos territorios donde hay coca no tienen titularidad. Es necesario entregar los títulos y eso se empezó a hacer desde el Gobierno anterior con un programa que se llamó formalizar para sustituir, eso lo han continuado, pero hay que generalizarlo en todo el país. Hay que meterle muy duro a la reforma rural integral porque es la cuna del programa de sustitución. Hacer en 15 años lo que no hicimos en 80 de conflicto armado, que era resolver el tema agrario, requiere de un plan de choque que no se está dando. 

Con todas las incertidumbre que hoy genera el programa para los campesinos, ¿hay riesgo de que vuelvan a sembrar?

Los campesinos siguen clamando para que el programa vaya a sus territorios. No están diciendo que se van a retirar, están diciendo "vengan, es cierto que no nos han cumplido, que no está ocurriendo lo que teníamos previsto, pero vengan". Yo no he oído a la primera organización campesina decir "si no vienen, mañana volvemos a sembrar".

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Hay un número importante de familias que quedaron en la incertidumbre porque firmaron acuerdos colectivos, pero no alcanzaron a firmar acuerdos individuales y ya el actual Gobierno ha dicho que no se firmarán más…

Aquí lo que se trata es de transformar el país y de hacer la paz, pero eso es una labor que cuesta. El Gobierno de Juan Manuel Santos hizo una valoración de las distintas acciones del Acuerdo de Paz y eso dio $126 billones. De esos, seis corresponden al tema de drogas, incluido el programa de sustitución, lo de reducción del consumo y las operaciones contra las redes del narcotráfico. Y de esos $126 billones, alrededor del 80% corresponde a la reforma rural integral. Para hacerla no en un año sino en 15. Y eso fue recogido en el marco fiscal de mediano plazo. 15 años están a la vuelta de la esquina. En 15 años invertir esa plata que se previó es hacer un Plan Marshall. Y yo veo que es probable que estén planificando, pero no actuando con la celeridad, vigor y la fuerza que se requiere. 

Más de 50 líderes de sustitución de cultivos han sido asesinados. ¿El programa no contemplaba protegerlos?

Dentro del Acuerdo de paz está previsto el desarrollo de esquemas para la protección de los líderes y de los territorios, y es un tema que está pendiente. Pero si el Gobierno desprecia y ridiculiza la decisión del campesino de retirar la coca, que eso le puede estar costando la vida, y lo convierte en un comportamiento poco importante, pues qué se puede esperar en materia de seguridad.

¿El Estado colombiano les hizo promesas a los campesinos que no se les podían cumplir?

Eso mismo decían los que promovieron el No en el plebiscito, que la paz no se podía cumplir. A los campesinos se les involucró en el proceso de paz, que tenía que ver con la reforma rural integral, la entrega de tierras, el retirar la coca y poderles acompañar con un apoyo durante un año y financiarles proyectos productivos. Eso es lo que hay que cumplir y requiere de un esfuerzo financiero importante. Y puede que se tome más tiempo del que habíamos previsto, pero lo importante es que la sustitución es la principal estrategia para superar el tema de los cultivos ilícitos. El Gobierno habla de una caja de herramientas, donde tiene sustitución voluntaria, erradicación forzada y glifosato. No, el Acuerdo de paz no habla de una caja de herramientas. Hay que tener una estrategia central y es ponerse a trabajar con los campesinos y eventualmente donde eso no sea posible, pues utilizar la erradicación forzada. Hay una estrategia fundamental y en eso el Gobierno se ha equivocado.

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