:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/tdu4uVRX-XsYAwnnvz5bgLDB7AI=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/TUWDC2VCMVDVBBWMYBCLR3RALQ.jpg)
Hoy, en medio de una tensión diplomática sin precedentes entre el gobierno del presidente Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el relator de esa organización en la materia, Michel Forst, presentará un informe que promete levantar aún más callos. Y es que cada vez que en Colombia se habla de DD. HH. hay controversia. Y eso, en un contexto de violencia como el que se vive, es cuestión de todos los días.
El 20 de enero, cuando el entonces fiscal encargado, Fabio Espitia, señaló que hasta ese día se había registrado el asesinato de una sola líder social —el de Gloria Ocampo, lideresa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Puerto Guzmán, Putumayo—, le llovieron rayos y centellas desde organizaciones civiles. Las cifras que manejaba el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalaban que no eran 21 los que habían sido silenciados por las balas.
Ese ha sido un rasgo característico de la preocupante situación que viven los líderes sociales en el país. No concuerdan las cifras: las organizaciones tienen unas, la Fiscalía otras, la Defensoría las suyas y lo mismo el Gobierno. Pero vale aclarar que la protección de esta población, por ejemplo, es un tema del que el Ejecutivo se cuida de manera especial: hace pocos días, cuando el viceministro del Interior, Daniel Palacios, fue nombrado como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la oposición criticó publicaciones suyas en redes sociales, en las que atacaba a exmiembros de las antiguas Farc, quienes desde ese momento tenía la labor de proteger.
Varios congresistas manifestaron que no había garantías para la protección de la vida de excombatientes y líderes sociales si en ese cargo quedaba una persona que le había hecho oposición abierta al Acuerdo de Paz; sin embargo, lo que más le molestaba a Palacios no era que le recordaran sus publicaciones pasadas, sino que pusieran en discusión su responsabilidad con los líderes sociales. Algo similar sucedió cuando la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, negó la sistematicidad del asesinato de los líderes sociales. Por eso, no resulta extraño que el gobierno Duque se haya molestado por el informe que hizo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y que fue presentado por Alberto Brunori.
El documento contenía detalles sensibles, como que en 2019 hubo 36 masacres que cobraron la vida de 133 personas. Incluso, fue considerado por Duque como una “intromisión a la soberanía” por la recomendación que hizo para que la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pasen a ser parte del Ministerio del Interior, y no de Defensa, como está hoy. De hecho, ese informe fue replicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo llevó el 27 de febrero a la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
“Colombia lamenta que la Alta Comisionada no menciona los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras otros órganos de la ONU reconocen la solidez de la democracia, reflejada en las elecciones territoriales de 2019 donde participó por primera vez el partido FARC, y los avances nacionales en la reducción en índices de pobreza, el informe de la ACNUDH los ignora”, señaló la Cancillería en un comunicado, y En este sentido, cuestionó que, a su juicio, la oficina que encabeza Bachellet, “plantee consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción”, con el agravante, dicen, de presentar hechos delictivos o conductas “que no han sido informadas al Gobierno (...) lo mínimo esperable era una denuncia ante autoridades competentes”.
A todo esto se sumaron voces desde sectores políticos afines al Gobierno, que pidieron de frente que se contemple la salida de esa oficina del país. El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, escribió en Twitter que la Oficina de DD. HH. de la ONU estaba “convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”, con tendencia “a cargarle al Estado responsabilidad”, manifestó en entrevista con Blu Radio.
También lea: Líderes sociales firman carta para respaldar a la oficina de derechos humanos de la ONU
En medio de la controversia, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, ha dicho que la Oficina “ha ido atribuyéndose roles más allá de sus funciones” y que se ha destacado en muchos países donde ha intervenido “como gestora y promotora de la anarquía y la desestabilización de esos estados”, según escribió en una reciente columna de opinión.
Y todo indica que ese intenso choque entre el gobierno Duque y el organismo internacional tendrá hoy un segundo capítulo, con el informe que presentará en Ginebra Michel Forst, relator de la oficina de derechos humanos de la ONU. En él expondrá el panorama “preocupante” para los derechos humanos que vislumbró durante su visita a Colombia, a finales de 2018. Allí hay otro encontrón con la ONU, pues Forst ha señalado que no pudo hacer una segunda visita en 2019 porque, según relató a la revista Semana, “fue imposible”. El funcionario dejó entrever que hubo trabas para su labor, impuestas por el hoy fiscal Francisco Barbosa, otrora alto consejero presidencial para Derechos Humanos.
No obstante, Forst expresa que lo más lamentable es que no pudo dialogar debidamente con el Gobierno para analizar en profundidad el informe que lleva a la ONU, ni revisar si las recomendaciones estaban siendo implementadas. Además, respondió los cuestionamientos del Ejecutivo frente a las cifras de líderes sociales asesinados: “Hay diferencias respecto a asesinatos y amenazas. Sin embargo, hay que mirar el periodo y si se comparan estos números con los de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo, se va a dar cuenta de que el informe refleja una realidad”.
Lo que contará el relator será lo que vio en su visita al país, que, a juzgar por el informe que conoció el Gobierno en diciembre, no será nada positivo. No obstante, lamenta que no se hubiese dado la oportunidad de hacer una lectura complementaria de la información para poder incluir las acciones y esfuerzos que dice haber hecho el Ejecutivo. Ante los roces, el procurador Fernando Carrillo llamó al diálogo y subrayó que “lo único que no es dable ni pensable es creer que esto se soluciona expulsando a Naciones Unidas del territorio”.
El embrollo está en la forma en que se podrá recuperar la confianza entre las partes. Para Rafael Piñeros, analista internacional y profesor de la Universidad Externado, un elemento fundamental es que a los funcionarios de la ONU se les brinden condiciones óptimas para desarrollar sus labores. El académico advirtió que hay una menor disposición por parte del Ejecutivo para aceptar una intervención internacional que permita resolver problemas a nivel interno, lo que, a su juicio, es una herencia del gobierno de Álvaro Uribe. Para Piñeros, el Centro Democrático “sigue pensando que la ONU no aporta, sino que resta; que lo único que hace es hablar mal de Colombia, y que gasta plata, porque las misiones se hacen con dineros públicos”.