El pacto contra la violencia que no se ha firmado

Desde octubre de 2018 a junio de este año, la MOE ha registrado 265 víctimas de violencia política. / AFP

El llanto desgarrador del hijo de María Pilar Hurtado al ver a su madre asesinada en una calle de Tierralta, Córdoba. El homicidio de Ánderson Pérez, militante del partido FARC, perpetrado por dos hombres que le propinaron tres disparos en la cabeza y cuya muerte dejó a una bebé huérfana en Caloto, Cauca. El panfleto lanzado por debajo de la puerta de la casa de Yirley Velasco en un municipio de Montes de María, en el cual un grupo ilegal le expresó: “Eres una sapa, guerrillera. Sabemos todo de ti. Te vamos a matar, la orden es desaparecerte. Te hemos declarado objetivo militar”. ¿Qué tienen en común? Que juntos dibujan las consecuencias de la violencia política que vive el país en pleno calendario electoral.

La carrera por las elecciones regionales y los crímenes que en ella se cometen pusieron el reflector sobre el pacto político nacional contra la violencia, un punto central del Acuerdo de Paz que, luego de casi tres años de firmado en La Habana, sigue pendiente de ser aplicado. Dicho pacto hace parte del capítulo 3, dedicado a brindar garantías de seguridad para consolidar la paz, desde el Gobierno central, pero también desde las regiones, “para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo, que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad”.

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Según lo pactado con la extinta guerrilla de las Farc, ese punto debe ser promovido por el Gobierno Nacional y debe reunir los esfuerzos, no solo de los partidos políticos, sino de todos los colombianos, las organizaciones civiles y de diversidad sexual, la Iglesia, las comunidades, las instituciones educativas y la academia, los medios de comunicación, los pueblos indígenas y las negritudes. Su puesta en marcha es uno de los caminos para proteger a los líderes políticos, sociales y comunales. Sin embargo, el liderazgo del gobierno Duque para llevar a cabo este pacto político ha sido nulo, según defensores del Acuerdo de Paz.

“La primera manifestación para concretar el pacto contra la violencia fue la declaración que antes de la posesión del nuevo gobierno firmaron el expresidente Santos, el presidente Duque y todos los partidos políticos en torno a la protección de la vida de los líderes sociales. Lamentablemente, después de eso no se avanzó. Lo cierto es que ese pacto solo será posible con el liderazgo del Gobierno Nacional, no solamente para proteger a los líderes sociales en el territorio, sino ahora con miras a las elecciones de octubre, para que sean pacíficas, como las dos últimas que tuvimos después de la firma del Acuerdo”, explicó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.

Por su lado, Pablo Catatumbo, senador de la FARC, manifiesta que su colectividad ha insistido en reiteradas ocasiones en completar lo que considera “uno de los elementos más importantes del Acuerdo”, sin embargo, no ha visto voluntad por parte del Ejecutivo. “Creo que ha tenido la acogida de vastos sectores de la población, el movimiento social y los partidos alternativos. Pero en las fuerzas del Gobierno, sobre todo del Centro Democrático, ha habido un silencio total. Uno se extraña porque ni el presidente ni su bancada han mencionado jamás la palabra reconciliación”, asegura.

La preocupación del congresista no es en vano. Desde el momento que empezó el calendario electoral, el 27 de octubre de 2018, hasta el 27 de junio de este año, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado 265 víctimas de violencia política: 115 líderes políticos, 110 sociales y 40 comunales. De ellos, 75 fueron asesinados, según su último informe. Y es seguro que aumentarán las amenazas, los atentados, secuestros y asesinatos en los tres meses que faltan para elegir a los gobernantes regionales, según la tendencia de violencia política de esa entidad.

No son pocos los ejemplos de crímenes de esa índole en el país. Tan solo cabe recordar el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica. Justamente por eso la senadora Aída Avella, presidenta de ese partido de izquierda, considera que el discurso de los dirigentes políticos se transforma en violencia en las regiones. “Lo más grave es ver que el poder político ha auspiciado la violencia en el país. Por eso nos mataron a la Unión Patriótica y por eso también están matando líderes, reclamantes de tierras, dirigentes comunales. Un ejemplo actual de la violencia que se gesta desde el Capitolio fue cuando un dirigente de un partido tradicional le dijo a otro de la oposición ‘sicario, sicario, sicario’”, apunta la senadora, refiriéndose al cruce de palabras entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro durante la legislatura 2018-2019.

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Por ello, los defensores del Acuerdo de Paz piden que el Gobierno lidere el cumplimiento del pacto político nacional. Uno de ellos, el congresista Roy Barreras, manifiesta que hoy más que nunca es necesario llevarlo a cabo. El senador de la U, quien fue negociador en La Habana, manifiesta que su aplazamiento es otro golpe a la paz que ha sido tan difícil de consolidar. “Estamos en mora de que ese pacto político sea convocado por el presidente de la República. El primer punto es la garantía de la vida para los dirigentes políticos y sociales, más ahora que atravesamos una campaña en la que se incrementa la violencia. Hay presencia de grupos armados que están incidiendo en la política, de narcotráfico influyendo en elecciones. El pacto político es una obligación del Estado para garantizar la democracia. No ha habido ni conversación ni convocatoria por parte del Gobierno para llevarlo a cabo y lo solicito porque es un mandato constitucional”, dice Barreras.

En ese sentido, le mandó un mensaje a la FARC en el que reitera la voluntad de los demás partidos políticos de suscribirse a ese pacto contra la violencia y así garantizar la democracia en el posconflicto, particularmente en estas elecciones. “Tenemos toda la voluntad para que haya medidas de protección para los líderes sociales y políticos. Yo lo digo no solo como codirector del Partido de la U, sino como presidente de la Comisión de Paz: venimos exigiendo garantías para la vida. El pacto político debe realizarse, porque a mí me preocupa que en Córdoba, Nariño, Norte del Cauca, Bajo Cauca hay brotes paramilitares y presencia de grupos ilegales que influyen de manera perversa en las elecciones. Por eso el Estado debe garantizar que el ejercicio político esté libre de esas influencias”, asegura.

Ahora, pese a la insistencia de Barreras y Catatumbo, a sus ojos el Gobierno ha hecho caso omiso a sus llamados. Contrario a la línea de seguridad suscrita en lo pactado el 1º de diciembre de 2016, las entidades estatales anunciaron hace algunas semanas 27 medidas para la protección de líderes sociales. Y hace tan solo unos días, Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, expresó que, gracias al Programa de Acción Oportuna (PAO), estos homicidios se redujeron en “35 %, frente al período inmediatamente anterior”.

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Finalmente, respecto a la pregunta sobre el incumplimiento del pacto político en época de elecciones, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que para contrarrestar la violencia en este período crearon el Plan Ágora, con el que el gobierno Duque busca garantizar la seguridad y la transparencia: “Funciona a través del grupo de reacción inmediata para proteger a todos los partidos, que obviamente incluye a la FARC”. Por ahora, la única acción concreta para enfrentar los crímenes contra los líderes sociales es la marcha por la vida, que está convocada para el 26 de julio en diferentes ciudades del país.