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En los primeros días de 2021, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, hizo un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz. El funcionario destacó algunos logros del Gobierno y dijo que en algunos aspectos, como la reincorporación de los excombatientes de las Farc, se podía hablar de una “isla de la fantasía”. Otra visión tiene Pastor Alape, representante del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, quien hace énfasis en los 253 asesinatos de exguerrilleros que se han presentado desde que dejaron las armas.
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Alape también señala al Gobierno de no implementar algunos aspectos contenidos en el Acuerdo y al Centro Democrático de hacer “política a partir de la estigmatización”. También responde a algunos cuestionamientos que se le han hecho a exjefes guerrilleros por sus posiciones frente al reclutamiento forzado, por los bienes que deben entregar para la reparación de las víctimas y los conflictos que hay al interior de su partido.
¿Qué balance hacen de la implementación del Acuerdo de Paz en 2020?
Ha estado reducida sólo a algunas acciones de la reincorporación económica y social, no al universo amplio de la implementación integral. El hecho de que se firme la paz para garantizar la vida y hoy estemos hablando de 253 asesinatos implica que no hay un compromiso de Estado para implementar el Acuerdo. Lo que hemos planteado al Gobierno es que hay que asumir el proceso con responsabilidad y no sólo maquillarlo a partir de cifras. Tierra no hay y las campañas permanentes de estigmatización a partir del ataque a la JEP son parte de ese escenario que genera inseguridad para los firmantes del Acuerdo y para los defensores de derechos humanos.
El consejero Emilio Archila se refirió al estado del proceso de reincorporación como una “isla de la fantasía”. ¿Usted qué opina de esa afirmación?
Van 253 asesinatos de firmantes de la paz, no se puede decir que es como la isla de la fantasía. Más bien es una fantasía lo que está exponiendo el Gobierno a partir de una implementación virtual o mediática del Acuerdo. Hay unos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que no están respondiendo a las expectativas de las comunidades, unas obras que no están en el marco de lo que se estableció en el Acuerdo de Paz. Los PDET no se conciben sin reforma rural integral, es una acción fantasiosa de tratar de crear obras que no garantizan la permanencia en el territorio de las comunidades.
El Consejero dice que las investigaciones sobre los asesinatos de los excombatientes están avanzando muy rápido, ¿qué resultados han visto ustedes?
Nuestro debate con el Gobierno es que se están hablando de investigaciones, pero siempre terminan en captura a los autores materiales mas no los intelectuales. La Unidad de Investigación de la Fiscalía que se estableció para todos los casos del Acuerdo de Paz está debilitada: su presupuesto y su personal no tiene la fuerza que exige el momento. A aspectos planteados en el Acuerdo, como el Pacto Político Nacional y las diversas acciones en los territorios, el Gobierno no le ha querido meter la ficha porque el partido de Gobierno hace política a partir de la estigmatización y la promoción del odio. Esos son temas que no se pueden reducir sólo a acciones judiciales o militares, como lo plantea el Gobierno. Quedamos extrañados con que digan que está funcionando y son 253 muertos. Dicen que los está matando el narcotráfico, pues los están matando criminales y el deber del Estado es bloquear la acción de los criminales.
¿Qué está fallando para prevenir los asesinatos?
Hemos encontrado que en el territorio hay unos actores armados que actúan a la luz pública sin ninguna acción efectiva por parte de las autoridades. Sigue dándose connivencia entre actores armados y funcionarios públicos. En esas condiciones la violencia crece bajo orientación de intereses económicos y concretos en el territorio.
El año pasado Romaña lo acusó de estar detrás de algunos asesinatos ¿Qué responde?
Eso le corresponde a las autoridades investigarlo. El país me ha visto en la lucha permanente por la implementación del Acuerdo en lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes, para que no regresen al conflicto, no sean arrastrados por espejismos. Me han visto en la acción permanente con las víctimas, en los actos de reconciliación y, por lo tanto, uno no se explica cómo personas que fueron de la organización hoy recurran a calumnias para tratar de llamar la atención del país. Tenemos la conciencia clara, limpia y podemos mirar al país de frente para decir que no estamos desarrollando ninguna actividad que esté en contra de lo acordado.
El consejero Archila aseguró, en cuanto a los proyectos productivos, que no hay ninguna población de 55.000 habitantes que tenga tantos emprendimientos como los que tienen ustedes. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes sobre ese tema?
De los proyectos que está hablando el doctor Archila la mayoría son de carácter individual, ocho millones de pesos, y eso no ha demostrado sostenibilidad. Ni siquiera los 83 proyectos colectivos aprobados, que recogen 3.255 personas, son sostenibles. Montar una empresa y hacerla sostenible demanda una serie de esfuerzos en cuanto a comercialización y temas administrativos. Hemos avanzado en la etapa de montar los proyectos, pero todavía no sostienen al colectivo, apenas se sostiene la administración.
Usted dice que el Gobierno ha dejado de lado temas del Acuerdo de Paz, ¿cuáles?
Garantizar el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Gobierno ha hecho una serie de intentos de desmontarlo, sobretodo, la JEP. No se han hecho los ajustes concretos en cuanto a la Reforma Rural Integral y sin ella es muy complejo entrar a solucionar las conflictividades territoriales, pues el conflicto tiene su base en los temas de la tierra. De igual manera, el catastro que están haciendo no es el que está planteado en el Acuerdo de Paz. En lo que tiene que ver con las garantías políticas para las fuerzas políticas alternativas, de parte del Gobierno hay un desconocimiento y acciones dirigidas a no establecer las garantías concretas. En cuanto a víctimas la reparación va muy lenta y están en unas condiciones de manoseo con carácter politiquero y no en el reconocimiento de sus derechos. El tema de restitución está parado y hay reclamantes de tierras asesinados. El Gobierno no ha entendido que avanzar en estos aspectos es fortalecer estructuralmente el Estado colombiano para construir una sociedad en paz.
En 2020 hubo episodios que fueron revictimizantes, por ejemplo, cuando la senadora Griselda Lobo o Sandra Ramírez negó que hayan reclutado menores de edad. ¿Qué garantías tienen las víctimas de que cosas de ese estilo no se vuelvan a dar?
Estamos en un proceso que implica el tránsito de unos sujetos que venían actuando políticamente de manera contestataria y confrontando al Estado. Ese tránsito implica asumir formas estéticas narrativas. Eso es parte de lo que llamo el proceso, la suma de diversos actos, de diversas acciones, de diversos esfuerzos para poder responderle al universo de víctimas que, siempre hemos manifestado, fueron el centro del Acuerdo. Es un proceso en el que hemos ido haciendo ajustes frente a nuestra responsabilidad.
¿Y cómo va ese proceso?
Va avanzando. Son muchas actividades con las víctimas en las que hemos estado presentes, en Urabá, en el norte de Antioquia, en el Magdalena Medio, en Cauca, en Caquetá. También se ha venido desarrollando un proceso con la Alcaldía de Bogotá en el marco del PDET de Sumapaz y estamos trabajando en esa dirección. Nuestro compromiso con las víctimas es total, esa es una realidad que se expresa día a día en el territorio. Hemos estado en diversos escenarios de reconocer nuestra responsabilidad en el conflicto, de solicitud de perdón y de reconciliación.
Hay quienes dicen que esos pedidos de perdón son mediados por cálculos políticos...
Todos los actos que estamos haciendo están sostenidos en un compromiso ético que asumimos al iniciar este proceso de lucha en este nuevo escenario de la acción política. En ese proceso nos vimos en el compromiso de poder reconocer el dolor que causa la guerra y es lo que hemos estado haciendo en todos los actos. No se trata de buscar réditos políticos. Muchos de los que hemos estado en esos actos no somos ni siquiera candidatos a ningún cargo. Lo estamos haciendo porque tenemos un compromiso de construir país y de reencontrarnos como sociedad, de entendernos en la diferencia y de poder mitigar todo el dolor que sentimos, que causamos y que nos hizo mover de manera violenta. Esa es nuestra responsabilidad política y ética.
En 2020 ustedes confesaron su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez. ¿En 2021 seguirán habrá confesiones similares?
El compromiso que hicimos con el país y con la comunidad internacional es responderle al sistema integral de manera transparente y estamos en los procesos de aclarar hechos que se dieron y no se conocían, como es normal en una guerra irregular, para tratar de clarificar y asumir la responsabilidad de esos hechos. En Colombia la justicia nunca llegaba a los autores intelectuales de los diversos crímenes políticos que se dieron y ahora que nosotros lo asumimos se pone en duda.
Sobre la entrega de los bienes la Procuraduría dijo que la no creación del Fondo de Patrimonio Autónomo no es argumento para no entregar los bienes. ¿Usted qué opina de esa afirmación?
Nosotros a la Procuraduría no le dijimos que íbamos a parar las actividades para la ubicación de los bienes porque no se había creado el Fondo. Pero creemos que es necesario que se cree el Fondo o que se le explique a las víctimas por qué no se ha creado. A la Sociedad de Activos Especiales se le sigue entregando para que haga todo el proceso de recepción de esos bienes. Lo que estamos solicitando también es que se le amplíe la capacidad de funcionamiento a SAE para, por ejemplo, recibir las carreteras. Son más de 3.753 kilómetros que estamos entregándole al Estado, que están en funcionamiento. Esas, por ejemplo, son acciones reparadoras. Son los ajustes que estamos planteando, no estamos diciendo que nos negamos a entregar bienes. No podemos negarnos porque fue el compromiso.
En el inventario entraron 12.000 millones en efectivo y sólo se entregaron 2.000, el Gobierno ha dicho que la plata no se puede perder así. ¿Cómo explican esa diferencia?
En lo que nosotros entregamos en el inventario se establecen unos recursos que ya estaban en manos del Gobierno porque habían sido capturados por el Ejército y unos que había sido decomisados por la Fiscalía. Todo eso lo sumamos porque eran recursos que constituyeron el patrimonio de guerra de las Farc. Al leerse bien el inventario se encuentran esos recursos que están en manos de la Fiscalía, después la Corte Constitucional planteó que efectivamente lo que estaba ahí el Estado debía de ponerlo al servicio de las víctimas. Por eso suma todo eso. Se perdieron unos recursos que todavía estamos aclarando.
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El Partido Farc se ve muy fraccionado, ¿usted cree que en 2021 puede haber escisiones como en el Polo Democrático?
Todos estos procesos de debates, de actitudes de militantes, son muy normales en el tránsito de una fuerza caracterizada por una formación militar de conducción y de mando para entrar a un proceso abierto y de democracia. Aquí todos están aprendiendo a asumir esos procesos de conducción más horizontales y eso también hace que la gente que no podía manifestar cosas en medio del conflicto, por la misma normatividad rígida de la verticalidad, hoy lo manifiesten. Las contradicciones y los debates se van a mantener, porque si no hay debate no hay crecimiento ni retos que superar. Yo veo que es parte de lo normal y, como todos los partidos, aparecen intereses, personas que quieren mayor liderazgo, mayor protagonismo y se esfuerzan por lograrlo. Ese es el juego político.
¿No cree que terminen en una escisión?
Puede ocurrir que se separen personas, pero un bloque grande no. No hay esas condiciones para que salga un grupo.