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Lo que debía haber sido un acto público en el que el Ejército Nacional pidiera perdón por la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández Castro, ocurrida el 4 de julio de 2008 en Chinavita (Boyacá), terminó siendo para sus familiares un momento revictimizante. Según ellos, la institución no reconoció explícitamente su responsabilidad en esos hechos, contrario a lo que se esperaba luego de que el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 22 de mayo de 2018, condenó al Estado por dicha muerte. Un episodio que recordó que ese caso, en el que un habitante de calle fue ejecutado por el Ejército y presentado como guerrillero muerto en combate, sigue en la impunidad.
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El 4 de julio de 2008, Hernández Castro fue desaparecido de la ciudad de Tunja, capital de Boyacá. Para entonces era un habitante de calle por cuenta de su condición de farmacodependencia, desarrollada desde muy temprana edad y que derivó en adicción a sustancias psicoactivas. En los alrededores de la terminal de transportes de esa ciudad desempeñaba ocasionalmente labores de ayudante de las rutas de buses intermunicipales. Pese a su situación, mantenía constante comunicación con sus familiares, que residían entre Bogotá y Simijaca (Cundinamarca), y también con su pareja sentimental que vivía en Villa de Leyva (Boyacá).
Con ella se comunicó por teléfono ese 4 de julio, cuentan hoy sus familiares, y le dijo que aceptaría una propuesta de trabajo por la que le iban a pagar $700 mil, pero que no tenía muy claro en qué consistía. Le dijo, también, que ya le habían dado alimentación, que en un hotel pagaron para bañarlo y que le dieron ropa e implementos de aseo. Esa fue la última vez que supieron de él, hasta julio de 2011 – tres años después – cuando se supo que estaba enterrado en el municipio de Chinavita y que había sido presentado por el Ejército Nacional como guerrillero de las Farc muerto en combate.
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La versión que entregaron los soldados implicados en los hechos, integrantes del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar, está contenida en la sentencia que resolvió el caso y que emitió el Tribunal Administrativo de Boyacá. Según ellos, el 4 de julio de 2008 recibieron la orden del capitán Rafael Orlando Galindo Roa de ejecutar la misión “Justicia 4” en las veredas Fusa y Los Quinchos, del municipio de Chinavita (Boyacá). Manifestaron que tenían información de dos personas que venían ejecutando actividades de extorsión y otros hechos delictivos en la zona.
Hacia las 7 de la noche, hombres del Pelotón Anzoátegui 2 al mando del cabo primero Giovany Hernando Rico Neusa llegaron a la zona y, según dijeron, cruzaron disparos con hombres que no pudieron identificar. Al cesar el fuego, los uniformados encontraron el cuerpo de Hernández Castro, supuestamente, con una pistola Glock 9 mm y material alusivo a las Farc. El sujeto fue presentado en un primer momento como una baja en combate integrante de la guerrilla y después se dijo que pertenecía a bandas delincuenciales.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá desvirtuó ambas versiones en la sentencia emitida el 22 de mayo de 2018. El tribunal encontró varias irregularidades. Primera, el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala, dos de ellos a larga distancia y otros dos a corta, que no tenían sentido de haber sucedido en combate. Por otro lado, el material alusivo a las Farc que le habrían encontrado era una prueba que no tenía sentido, pues nunca se documentó la presencia de esa guerrilla en la zona. Además, la pistola fue hallada cerca de su mano derecha y Hernández Castro era zurdo.
Por ello, el Tribunal concluyó que el homicidio de Jorge Enrique Hernández fue resultado de una ejecución extrajudicial a manos del Ejército. Que en su caso se configuraron las circunstancias típicas de este fenómeno: la víctima era un joven de un sector vulnerable, un reclutador p agado atrae a la víctima a un lugar apartado engañándola generalmente con una promesa de trabajo, una vez allí son asesinados y posteriormente los presentan como guerrilleros muertos en combate.
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En la sentencia, el Tribunal también ordenó que el Ejército Nacional debía realizar un acto público de presentación de disculpas a la familia en un término máximo de tres meses. Sin embargo, casi un año después de proferida la sentencia, el Ejército no había acatado el fallo, por lo cual la defensa de los familiares de Hernández tuvo que interponer un incidente de desacato para que se materializara el acto.
Finalmente, la ceremonia quedó fijada para el pasado 10 de mayo, en Tunja. Pero lo ocurrido allí no fue lo que esperaban sus familiares. Según el abogado que lleva el caso, Fernando Rodríguez Kekhan, el coronel Ómar Zapata, comandante de la Primera Brigada, se limitó a expresar disculpas públicas y no hizo un pedido de perdón genuino en el que reconociera la responsabilidad de la institución.
Lina Paola Hernández, hermana de la víctima, dijo que la muerte de su hermano no fue dignificada y que el Ejército consideró el caso como una “falla en el servicio”. Además, lo que le resultó más indignante es que nada se dijo del proceso penal de los implicados. “Esperábamos que nos dieran un parte de tranquilidad, nos dijeran que esas personas están siendo investigadas, que ya se retiraron de la Fuerza Pública,que van a llegar al fondo de esto“. Pero el proceso ni siquiera ha llegado a imputación de cargos, pese a que copia de esta sentencia fue remitida a la Fiscalía para que investigara.
Contrario a ello, el coronel Rafael Orlando Galindo Roa, entonces capitán que estuvo al mando de la operación en la que fue ejecutada la víctima, fue condecorado en diciembre de 2017 en la Noche de los Héroes, en Bogotá, como mejor comandante de batallón por sus acciones ese año al frente del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, cuyo mando entregó en julio de 2018.
El coronel José Abelardo Sotelo, director de Defensa del Ejército, le dijo a este diario que la institución se limita a hacer lo que ordena la sentencia y que sí se cumplió. “Nosotros no podemos ir más allá de lo que queda explícito en el fallo”, explicó.
El oficial dijo que tampoco pueden referirse a la investigación del caso porque es parte de un proceso penal que está en manos de la Fiscalía. Aseguró que no hay intención de negar lo sucedido y que el Ejército reconoce el daño que le causó a la familia. Y dejó abierta la posibilidad de volver a realizar el acto para cumplir con las expectativas, pero esa idea fue descartada por los familiares al considerarlo revictimizante.