El refugio para líderes que cerró sus puertas

La casa donde funcionaba el refugio para líderes sociales tuvo que ser entregada ante la falta de dinero para el arriendo. / Fotos: Mauricio Alvarado

Cuando Héctor Marino Carabalí estaba en Buenos Aires (Cauca) se levantaba a las cinco de la mañana a preparar café. Se lo tomaba y se alistaba, porque sabía que a las seis su teléfono empezaba a timbrar y le tocaba atender a las personas que golpeaban la puerta de su casa, buscando ayuda para solucionar los problemas cotidianos de su comunidad. “Me acostumbré a que la gente se sirviera de uno”, asegura con su potente voz. El 27 de julio de este año su vida sufrió un cambio drástico. Otros líderes de su región y personas que lo querían casi que lo obligaron a que saliera del municipio. Temían que fuera asesinado.

Las peticiones de la comunidad llegaron tras el asesinato de Ibes Trujillo, quien era primo hermano de Carabalí y un compañero de liderazgo. Trujillo fue secuestrado el 11 de julio por dos hombres y una mujer en zona rural de Suárez (Cauca). Las comunidades indígenas, negras y campesinas empezaron su búsqueda. Tras siete días encontraron su cuerpo con señales de tortura y en avanzado estado de descomposición. En la región corrió el rumor de que el siguiente en ser asesinado sería Carabalí.

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El líder decidió desplazarse a Cali. “En ese momento estaba corriendo riesgo, porque no estaba dispuesto a pasar trabajos con mi familia”, recuerda. Se refiere a que ante la necesidad hubiera preferido devolverse a su tierra. Sin embargo, la Corporación Claretiana, una organización defensora de derechos humanos, conoció su caso y le ofreció un refugio. Fue en ese momento cuando Marino aceptó irse a Bogotá.

La Corporación Norman Pérez Bello tenía un hogar en el cual recibieron a Carabalí. Desde hace veinte años esa organización ha acogido a líderes que tienen que salir de sus regiones por cuenta de amenazas. Según las cuentas de Viviana Pinzón, integrante de la Secretaría Técnica, han atendido a unas mil personas desde que abrieron sus puertas. Sin embargo, el espacio tuvo que cerrar. El pasado jueves terminaron de sacar los enseres de la casa ubicada en el sur de Bogotá. La organización no tuvo cómo suplir el arriendo, que significaba mensualmente un costo de $1’700.000. El 2018 ha sido crítico para la Corporación. Pinzón cuenta que “el presupuesto que se tenía para todo el año se agotó en la mitad”.

Pero no solamente les brindaban techo. También garantizaban las tres comidas, gracias a un convenio con el Banco de Alimentos, que le daba descuentos a la Corporación. La vestimenta de los líderes era donada por diferentes personas que conocían la iniciativa.

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Al refugio llegaban los líderes en compañía de sus familias. Ese fue el caso de Carabalí, quien se desplazó junto con sus tres hijos de 11, 17 y 19 años. “La Corporación hace un trabajo efectivo, oportuno. Salvar una vida es fundamental. Me salvan la vida a mí, pero yo tengo una cola larguísima que es mi familia y la comunidad”, enfatiza.

Carabalí desempeñaba múltiples labores de liderazgo en su comunidad. Es el representante legal del Consejo Comunitario del río Timba-Mary López. También es vocero político de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y hace parte de la Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos, creada para velar por la implementación del Capítulo Étnico que hace parte del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las Farc.

Al preguntarle por qué los violentos querían acabar con su vida enumera diferentes problemáticas de Buenos Aires y del norte del Cauca. Los choques con terratenientes cultivadores de caña de azúcar, la presencia de cultivos de coca, el narcotráfico, la minería ilegal, la oposición a la desviación de cuerpos de agua para hacer grandes proyectos energéticos y los ataques de algunos sectores a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc hacen parte de lo que él llama “un caldo de cultivo de riesgo”. Por alguno de esos factores, o por la suma de todos, le tocó abandonar su tierra.

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Un drama invisible

El drama de los desplazamientos de los líderes sociales por amenazas es invisible. La Defensoría del Pueblo no registra esos casos. Por su parte, Somos Defensores, un programa de la sociedad civil que se dedica a la protección, el análisis y la denuncia de problemáticas relacionadas con la situación de los defensores de derechos humanos, tampoco le hace seguimiento. Diana Sánchez, coordinadora de esa organización, asegura que ha sido difícil cuantificar las amenazas porque son demasiadas. A modo de ejemplo, cuenta que desde el 2010 han reportado la aparición de unos 2.700 panfletos amenazantes.

Los impactos sobre las familias son profundos. El desplazamiento supuso que el núcleo familiar de Carabalí se distanciara. Su esposa, que era docente en Buenos Aires, se quedó en el departamento. Está a la espera de que la Secretaría de Educación le apruebe su traslado para volver a reunirse con Carabalí y sus tres hijos. “Mis hijos se desesperan preguntando por la mamá”, cuenta. La Corporación Claretiana ha apoyado a la familia para que ella pueda ir a visitarlos.

Los impactos sobre los hijos preocupan al líder. “Ellos han sido los más afectados”, asegura. Una de las hijas de Marino se encontraba cursando una carrera técnica en salud oral en Cali, hasta que llegó su papá con la noticia de que se tenían que ir de emergencia. Ella también tenía, junto con una amiga, un puesto de comidas rápidas que atendía todos los fines de semana.

El hijo menor, de 11 años, ha visto interrumpidos sus estudios en varias oportunidades debido a las constantes amenazas que ha recibido su padre. Marino enumera uno a uno los años desde el 2008 para hablar de todas las veces que ha sido amenazado. “Cada que hemos estado a punto de estabilizarnos, ¡pum!, algo pasa”, dice.

Los asesinatos han acaparado la atención nacional. La Defensoría contabilizó 343 muertes entre el 1° de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018. Sin embargo, Viviana Pinzón hace un llamado a ver otros problemas que genera la persecución de defensores de derechos humanos. “El líder es noticia en la medida que es amenazado o, en el peor de los casos, es asesinado, pero no hay un seguimiento a la situación humanitaria de las familias”, enfatiza Pinzón.

Por eso cuando las familias eran atendidas en el refugio recibían un acompañamiento permanente. Marino dice que desde el primer día que llegó a Bogotá, la Corporación integró a sus hijos a diferentes cursos en los que están en contacto con otros jóvenes. También les ayudan a conseguir colegios para los niños.

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El refugio también ha sido la casa de paso para líderes que han tenido que buscar asilo en otros países. Cuando los violentos no dejan otra alternativa, la Corporación los asesora jurídicamente para tramitar su salida del país. Pinzón cuenta con dolor que en esos casos la ayuda que pueden brindar llega hasta cuando el líder sale de Colombia.

Efectos sobre la salud mental

Los líderes y sus familias que llegan a Bogotá cargan con los hechos violentos que los expulsaron de sus tierras y con el desarraigo. En casos como el de Bernardo Cuero y sus hijos también hay procesos de duelo entorpecidos por la continuidad de la persecución. Por eso, una de las preocupaciones de la Corporación es brindar atención psicosocial.

Stefany Forero, una de las encargadas de adelantar el proceso psicosocial, explica que brindar los primeros auxilios en salud mental es de gran importancia, debido a que “es como una emergencia física, si no se recibe atención inmediata quedan secuelas que, en este caso, van a repercutir en la construcción de su futuro, de su familia”.

Una de las consecuencias de no recibir atención que resalta Forero es la posibilidad de que los líderes retornen, lo cual les podría significar ser asesinados. “El acompañamiento sirve también para analizar la situación de riesgo en la que se encuentran no solo él, sino también toda su familia”.

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Carabalí señala que cuando se desplazó se sentía “inútil”. Sin embargo, por el acompañamiento que ha tenido ha sabido aprovechar su estancia en la capital. Se ha dedicado a hacer incidencia en diferentes entidades que funcionan en la ciudad. Dice que el trabajo que ha desempeñado en Bogotá ha sido “incluso un poco más efectivo”, comparado con el que hacía en su comunidad. También lo han llevado a varios colegios y universidades para que hable de su experiencia y sobre las problemáticas de su tierra.

Forero advierte que el tratamiento a los líderes y sus familias no se hace medicando a los pacientes ni es de tipo clínico. Se trata de un acompañamiento constante, para ayudarles en el proceso de adaptación a su nueva realidad.

En cuanto a los niños, Michelle Muñoz, quien hace parte del equipo psicosocial de la Corporación, califica los impactos como “brutales”. Tienen restricciones para salir de la casa por los riesgos de seguridad, lo cual genera problemas, sobre todo a quienes provienen de áreas rurales. Otro obstáculo que hay que sortear es que, en un primer momento, los menores de edad desplazados no están vinculados al sistema educativo.

Para empezar el tratamiento, los profesionales realizan un diagnóstico. En ese proceso detectan posibles conflictos internos de las familias, para tratarlos. Hay intervenciones individuales y familiares.

El objetivo de la atención psicosocial es que los líderes puedan proyectar sus vidas en medio de las condiciones que los violentos les impusieron. “Es importante atenderlos porque esa es la base de la reconstrucción de su proyecto de vida”, enfatiza Forero.

Cuando los líderes y sus familias logran estabilizarse en Bogotá salen del refugio, pero la Corporación sigue prestándole atención psicosocial y asesoría jurídica.

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El futuro

Los integrantes de la Corporación Claretiana tienen entre sus planes comprar una casa que sirva para instalar el refugio. Cuentan con el dinero para una cuota inicial, pero necesitan facilidades de pago.

Carabalí sigue solo con sus tres hijos en Bogotá. El 28 de noviembre la Corporación realizará una cena para recaudar fondos con el fin de entregárselos al líder para ayudarlo con los gastos.

La preocupación es que quedó un vacío en la protección de los líderes sociales en Colombia. “Somos la única organización que tiene un programa de acogida de este tipo”, afirma Pinzón. Cuando el cierre era inminente dejaron de atender casos que les remitían desde las regiones. Esperan, como en otras ocasiones, poder volver a abrir el refugio para darles protección a quienes día a día se juegan la vida por los derechos de sus comunidades.

Para Carabalí, volver a tomar el café en su casa y esperar los llamados de los vecinos para ayudar a resolver los problemas comunitarios es, por ahora, un sueño lejano.

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