El riesgo de informar en las regiones en tiempos de posacuerdo

El acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc no devolvió las garantías de seguridad a los periodistas para desempeñar su oficio. Según información de la Fundación para la Libertad de Prensa, las amenazas a periodistas pasaron de 129 casos en 2017 a 200 en 2018.  Un análisis de esta situación por la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en alianza con Colombia 2020.

Según información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) las amenazas a periodistas pasaron de 129 casos en 2017 a 200 en 2018.Ilustración Politécnico Gran Colombiano

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, asegura que Colombia es un país de “tradición de violencia contra periodistas”, porque a pesar de que los homicidios se han reducido considerablemente, los violentos arremeten contra la prensa a través de amenazas, agresiones, obstrucciones y estigmatizaciones.

Explica, además, que en muchas de las regiones afligidas por el conflicto armado, el ejercicio periodístico se ha visto en peligro por actores que pretenden manipular la verdad, al buscar el aseguramiento de unos intereses particulares, para lo cual emplean su poder para coaptar el derecho a una sociedad informada.

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La paleta de actores que termina por condicionar la labor de informar desde los medios es amplia, pues no se trata únicamente de los grupos armados al margen de la ley; también los líderes públicos ponen en peligro a reporteros, al señalarlos y calificarlos desde sus redes  sociales con mentiras, lo que conduce a que sus seguidores amenacen a periodistas. 

Dora Montero, presidenta del comité directivo de la organización Consejo de Redacción y reportera en zonas de conflicto para Noticias RCN, manifiesta que “una problemática para la construcción de vías democráticas en estos territorios es que, con seguridad, no se están contando las historias de estas regiones -las afectadas por el conflicto armado- debido a que no hay presencia y/o las garantías que deberían para el periodismo, siendo esta misma atmósfera de incertidumbre la que termina por justificar que se atente contra la vida de los periodistas”.

Al incremento de las amenazas se suma que, desde el año 2006, no se registraba la misma cantidad de homicidios a periodistas en el país, como los que tuvieron lugar en 2018, por cuenta del secuestro y asesinato, en el departamento de Nariño, del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, todos del diario del Comercio de Ecuador. El Frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc,  se atribuyó el crimen del equipo de prensa.

El caso, según Vaca, deja un mensaje claro “y es que si bien la violencia letal ha disminuído, y eso es bueno, hay territorios silenciados, o en los que al incursionar hay agresiones graves a la prensa, y ese miedo que genera instaura censura”.

 

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